Una jueza, las adopciones y la pregunta que incomoda
La condena a una exmagistrada de Familia de Pilar vuelve a poner bajo la lupa la infancia vulnerable y los controles cuando la Justicia decide sobre la vida de un niño.
Hay noticias que no deberían pasar rápido por la pantalla del celular. Exigen detenerse y preguntarse qué hay detrás. La condena a una exjueza de Familia de Pilar por hechos vinculados con ofrecimientos de dinero en expedientes de adopción es una de ellas.
No se trata solo de una sentencia penal ni de un caso aislado de corrupción judicial. Lo inquietante es el lugar donde ocurrió: el sistema de familia, donde el Estado interviene cuando una infancia necesita protección, una madre está sola o un niño espera una respuesta que los adultos no pudieron darle a tiempo.
El fuero de familia trabaja con vidas abiertas: niños que muchas veces no hablan, pero padecen; madres atravesadas por la pobreza, el miedo o la falta de redes; familias que esperan adoptar durante años, entre ilusiones e incertidumbre.
Por eso el caso golpea tan fuerte. La persona condenada no era ajena al sistema. Era una jueza. Alguien que debía proteger derechos, controlar legalidades y evitar abusos. Alguien que tenía la obligación de garantizar que ningún niño fuera tratado como respuesta al deseo adulto y que ninguna mujer vulnerable fuera empujada por su situación económica.
La adopción legal es una institución profundamente valiosa. Puede reparar historias, construir vínculos, dar hogar, pertenencia y amor. Pero solo puede hacerlo si respeta una idea central: el niño no es un objeto de entrega, no es un premio a la espera, no es una posibilidad disponible. Es un sujeto de derechos.
Una familia puede desear adoptar con todo el amor del mundo. Pero el sistema no puede organizarse alrededor de la ansiedad de los adultos. Debe organizarse alrededor del interés superior del niño, de su identidad y de su derecho a no ser separado de su origen sin garantías.
Cuando aparece el dinero, todo se oscurece. Introduce desigualdad donde debería haber igualdad, privilegios donde debería haber control y sospecha donde debería haber confianza.
La frase que trascendió, vinculada a la búsqueda de mujeres embarazadas o niños vulnerables, revela una forma de mirar. Una mujer embarazada en situación de pobreza no puede ser vista como una oportunidad. No es una “panza”. Es una persona con historia, dignidad, derechos y necesidades concretas. Si el Estado llega, debe llegar para acompañarla, no para facilitar su desprendimiento.
Este caso no es solo de Pilar. Interpela a todo el país. En la Argentina sobran historias de madres solas, niños sin respuestas, juzgados sobrecargados, equipos técnicos insuficientes y familias perdidas en trámites que no comprenden.
La pregunta es urgente: ¿tenemos un sistema suficientemente fuerte para cuidar a los niños vulnerables antes de que el daño ocurra?
La Justicia penal llega cuando algo ya se rompió. El desafío es construir controles antes: supervisar procesos de adopción, escuchar a los equipos interdisciplinarios, acompañar a las madres, fortalecer los registros y detectar irregularidades a tiempo. Porque cuando hablamos de infancia, llegar tarde no es un error administrativo: puede ser una tragedia.
Cuestionar adopciones irregulares no significa atacar la adopción. Al contrario, significa defenderla: defender a las familias que esperan dentro de la ley, a los niños que necesitan una familia, a los profesionales honestos y a un sistema que solo puede funcionar si la sociedad confía en él.
La infancia no puede depender del dinero, de los contactos ni de la suerte. La adopción no puede tener atajos. La Justicia no puede olvidar que su legitimidad se juega cuando decide sobre quienes no tienen voz propia.
Cuando falla la Justicia de familia no falla solo un juzgado: falla la promesa más básica de una comunidad, que es cuidar a sus niños.
*Abogado, MG en DD.HH. Dip. Honor.
Hay noticias que no deberían pasar rápido por la pantalla del celular. Exigen detenerse y preguntarse qué hay detrás. La condena a una exjueza de Familia de Pilar por hechos vinculados con ofrecimientos de dinero en expedientes de adopción es una de ellas.
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