Una megacausa que se desvanece
Esta semana se conoció la tercera sentencia absolutoria hacia un exintendente por los expedientes del plan habitacional Techo Digno, que tiene aún a 13 exjefes imputados. Ya intervinieron 12 magistrados que coinciden en que presuntas irregularidades administrativas no constituyen en delito.
El tercer juicio oral por la megacausa Techo Digno en Río Negro se convirtió esta semana en la tercera absolución –esta vez de la barilochense María Eugenia Martini– y pierde fuerza el impulso que el Ministerio Público Fiscal le dio a una quincena de expedientes que se tramitan desde hace ocho años.
Martini (PJ) fue la dirigente que más tiempo estuvo vinculada a una de estas causas, porque el caso de Bariloche tuvo un inicio en la órbita federal en 2015, hasta que el juez Claudio Bonadio remitió todas las actuaciones a Río Negro en 2018. También las vinculadas a Cipolletti, Sierra Grande y Río Colorado.
Hasta el momento con las absoluciones de Gustavo Gennuso (JSRN), Omar Reggioni (PJ) y Martini esta semana, intervinieron una docena de jueces (entre los magistrados de juicio y el Tribunal de Impugnación que a mediados de marzo ratificó la sentencia del primer juicio en Bariloche) que coincidieron en valorar que la prueba presentada por los fiscales era corta para sostener una condena por los delitos de administración fraudulenta y mucho menos de peculado, que significa la “sustracción” de los fondos, pero sin certificar en ningún caso que algún exintendente se los haya llevado en beneficio propio.
La megacausa se desvanece e incluso recientemente una jueza de Roca ni siquiera validó la reformulación de cargos contra el exintendente de Godoy y actual legislador Luis Ivancich (PJ) por considerar que faltaban elementos para convalidar los dos delitos elegidos por el Ministerio Público en todos los expedientes.
En ese caso, la jueza María Gadano reiteró en varios apartados de su sentencia que “no es todo lo mismo” aludiendo a falta de precisiones de los fiscales impulsores de la causa y en el fallo absolutorio de Martini, el juez Marcos Burgos -con su voto rector- aludió que “no es suficiente una mera irregularidad o incumplimiento formal” y concluyó que las deficiencias administrativas no constituyen un delito.
En toda la provincia quedan aún 13 exintendentes de distintos partidos políticos imputados, algunos de ellos en la función pública actualmente para los que se deben tramitar desafueros. Los exjefes comunales de Siera Grande Renzo Tamburrini (PJ) y Nelson Iribarren (Cambiemos) irán a juicio en mayo y está en etapa previa, de control de acusación, Carlos Pilotti (PJ-Río Colorado).
Otros aún pelean por la prescripción de los expedientes -descartada ya por una quincena de jueces en distintos casos- como el diputado nacional y exintendente de Cipolletti, Aníbal Tortoriello (LLA), y su antecesor Abel Baratti (PJ) que tienen planteo en manos del Tribunal de Impugnación.
La continuidad de los expedientes no es menor para los dirigentes que aspiran a seguir en la escena pública rionegrina porque tienen sobre las espaldas la nueva ley de Ficha Limpia -aprobada en diciembre de 2024- que podría afectar sus intereses en caso de tener una sentencia de segunda instancia y más aún por los delitos contra la administración pública que establece 25 años de inhabilitación.
Muchos imputados y también el Partido Justicialista públicamente han señalado un interés político en el avance de los expedientes vinculados a Techo Digno. El más enfático ha sido Gennuso, que integra todavía el partido del Gobierno, aunque mantiene sus críticas y una de ellas está vinculada a cierta intromisión en esta causa. Cree que desde el oficialismo quisieron frenar su continuidad en política porque su expediente inició una vez terminado su mandato, en 2023 y fue -tal vez- el más forzado de interpretar porque conformó plazos fijos para resguardar el dinero, que en definitiva generó intereses en favor del municipio. Ahora ya cuenta con una absolución ratificada en segunda instancia.
Otros miran de reojo y sacan cuentas de los plazos. Para Tortoriello es un escollo ante su carrera ya lanzada por la gobernación en el 2027.
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