Oportunismo judicial



El sainete judicial protagonizado por la Corte Suprema, que primero hizo un pedido que hubiera suspendido el juicio por corrupción en la obra pública, que tenía entre los imputados a la expresidenta Cristina Kirchner, para luego dar marcha atrás en forma desprolija, muestra el oportunismo político que prolifera en este poder del Estado.

El martes, en una breve nota que trascendió a los medios antes de ser oficializada, el máximo tribunal reclamó el expediente completo de la causa por la obra pública, alegando haber recibido planteos de la defensas de los implicados sobre violación de garantías procesales y que debía estudiar el tema. Una medida posible, pero inusual: la Corte interviene en muy pocos casos en estas instancias.

También extrañó el momento elegido: los recursos habían sido realizados meses atrás y el máximo tribunal decidía a una semana del juicio la remisión del expediente, lo que ponía en riesgo las audiencias. La noticia generó una catarata de repudios políticos, de organizaciones de abogados y magistrados y protestas aisladas. Finalmente, la Corte aclaró que solo había pedido los 70 cuerpos para fotocopiarlos y que el proceso continuaría mientras estudia las quejas.

La mayoría de las lecturas de estas idas y venidas es político: la Corte pretendía enviar un “mensaje” tanto al sistema político como a los jueces inferiores acerca de sus preocupaciones acerca de supuestas arbitrariedades en los expedientes por corrupción. La marcha atrás fue igualmente política, ya que ocurrió luego de la fuerte reacción de la opinión pública contra la maniobra.

Lo ocurrido confirmó lo que los analistas sostienen hace tiempo: la Justicia penal tiene un especial “timming” para leer los cambios en el balance del poder y reaccionan de manera acorde en los expedientes que tramita. Ya en el 2003 los investigadores Gretchen Helmke y Leandro Wolfson acuñaron el concepto “defección estratégica” para describir las relaciones entre la Corte Suprema y el Ejecutivo entre 1976 y 1995. Allí señalan que “la falta de independencia” del Poder Judicial que genera un alineamiento inicial con el gobierno produce luego “un ciclo jurídico-político inverso en el cual las decisiones contrarias al poder se acumulan al final del mandato de éste, cuando aumenta su debilidad”.

También la jurista Natalia Volosin señala en su reciente libro “La máquina de la corrupción”: “Si quieren saber qué pasará en una elección, antes de revisar encuestas, fíjense qué hacen los jueces y fiscales con las causas por corrupción. La Justicia penal puede ser igual de efectiva para proteger a los poderosos de turno durante años y para imputarlos, indagarlos o procesarlos en cuanto pierden una elección o se reduce significativamente su nivel de aprobación”.

La evidencia más reciente está en las causas contra a los funcionarios kirchneristas. De un intenso “activismo judicial” al inicio de la gestión de Cambiemos, que generó críticas por los usos a veces arbitrarios de la prisión preventiva como presión y de la figura del “arrepentido”, a una ralentización de las causas, de la mano de la pérdida de popularidad y poder del gobierno de Macri, a causa de la crisis económica y sus inciertas chances de reelección.

De hecho, no se estaría polemizando sobre temas procesales hoy si las causas contra la expresidenta hubieran tenido tiempos judiciales adecuados. Muchas comenzaron durante su mandato y más de cuatro años después, no hay una sola sentencia de primera instancia. Y para esto no solo colaboraron las chicanas jurídicas de las defensas, que permiten que en el país las causas de corrupción duren 11 años promedio. Operadores judiciales del gobierno actual se ufanaban de mantener a Cristina en un “limbo judicial” para mantener viva la “grieta” y la polarización con el oficialismo.

Como se ve, la estrategia de cambios cosméticos y mantener el statu quo judicial para usarlo en su favor, sin realizar las transformaciones de fondo con amplio consenso interpartidario que requiere la Justicia argentina, se transformó en un verdadero búmeran político para el gobierno y en una pérdida de calidad institucional, otra más, para nuestra democracia.


Comentarios


Oportunismo judicial