Oposición mexicana en serios problemas

MEXICO (AFP) – El futuro electoral del político más popular de México, el alcalde capitalino Andrés Manuel López Obrador, aparece cada vez más complicado debido a un supuesto desacato judicial en un complejo caso de expropiación que podría culminar con la pérdida de sus derechos constitucionales para candidatearse.

El lunes la Procuraduría General de la República (PGR) solicitó a la Cámara de Diputados el desafuero del izquierdista López Obrador por desacatar una orden judicial sobre la suspensión de trabajos de obras públicas en un predio expropiado en 2000.

«La pelota está en la cancha del poder legislativo», dijo Carlos Javier Vega, subprocurador de delitos federales de la Procuraduría.

El funcionario explicó que será la Cámara de Diputados la que determine si procede o no el desafuero del alcalde, en caso de que declare improcedente el caso, el procedimiento se suspendería «hasta que el servidor público concluya su función o renuncie a su cargo». Si López Obrador quiere ser candidato a la presidencia en las elecciones de 2006 deberá renunciar a su cargo como funcionario público seis meses antes, en ese momento «estaría en condiciones como cualquier ciudadano de enfrentar esta acusación», añadió el subprocurador.

«No hace falta investigar mucho para establecer que es evidente de que se trata de un asunto político, tendiente a afectar nuestro proyecto de nación», dijo López Obrador. El alcalde señaló también que la decisión de la PGR supone «una persecución por parte del gobierno» del presidente Vicente y anunció que a fines de este año efectuará una consulta popular sobre su continuidad en el cargo.