Ordenan un nuevo desalojo en Cipolletti

El juez de juicio Marcelo Gómez revirtió la decisión de primera instancia que no había hecho lugar al pedido. Les dio 15 días a los ocupantes para que dejen voluntariamente los terrenos




El juez de juicio de Cipolletti Marcelo Gómez revirtió un fallo de primera instancia y dio lugar al pedido de desalojo que solicitó el Ministerio Publico Fiscal y el municipio cipoleño para una de las tomas que se asentó en el Parque Industrial durante el periodo de pandemia.


El magistrado utilizó el mismo argumento que esgrimió días atrás su colega Guillermo Baquero Lazcano para habilitar el desalojo de otro asentamiento en la cuidad: “El derecho de uno culmina donde empiezan los de otros”.

De esta manera, modificó la decisión de la jueza de Garantías Sonia Martín que no había hecho lugar a la medida cautelar. La magistrada dio por formulados los cargos de usurpación a los ocupantes del predio, pero desestimó la medida. El defensor de los ocupantes es Martin Palumbo.


Esta mañana se desarrolló la audiencia de revisión con la participación de la fiscalía a cargo del fiscal jefe Gustavo Herrera, representantes del municipio – estuvo el asesor legal Raúl Franco y Guillermo Moyano- y referentes de las familias que tomaron las tierras. El Poder Ejecutivo se constituyó como querellante porque los terrenos pertenecen a la municipalidad.


Si bien el acto se hizo vía Zoom, organizaciones sociales se movilizaron hasta los tribunales cipoleños en apoyo a las familias que hace un mes y medio tomaron tierras en ese sector.


Gómez otorgó 15 días hábiles para que los vecinos dejen voluntariamente los terrenos y autorizó el uso de la fuerza pública. Es la segunda decisión en ese sentido que toma la justicia cipoleña. La semana pasada, Baquero Lazcano confirmó el desalojo que había convalidado la jueza de Garantías Rita Lucía.


En Cipolletti se constituyeron cuatro asentamientos en los últimos meses, todos fueron judicializados pero solo uno tenía orden de desalojo. En sintonía con Martín, su colega Agustina Bagniole desestimó el pedido para el asentamiento ubicado en Labraña pero en ese proceso, la fiscalía y la querella, no impugnaron la decisión y quedó firme.


En el restante, la jueza Laura González Vitale no resolvió y otorgó un tiempo para dar lugar a una posible resolución pacífica del conflicto. Hubo otra formulación de cargos pendiente por la toma del barrio Labraña pero la jueza la reprogramó.

Esa audiencia se hizo el viernes pero se presentaron casi 40 imputados, la Oficina Judicial había fijado una audiencia de una hora y media y la gente apenas alcanzo a presentarse. Como además la magistrada tenía una cámara Gesell con una niña reprogramo la audiencia para este sábado desde las 8 de la mañana.


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