Orgullo y perjuicio

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Ya no rige la cláusula RUFO que pendía sobre el país como la espada de Damocles hasta la medianoche del 31 de diciembre del año pasado, pero si bien el gobierno kirchnerista la usó como pretexto para negarse a negociar con los fondos buitre, no hay señales de que esté dispuesto a aprovechar su vencimiento para procurar alcanzar un arreglo. Por el contrario, se ha difundido la sensación de que ha optado por dejar las cosas como están para complicarle la vida al gobierno surgido de las elecciones de octubre. Según el ministro de Economía, Axel Kicillof, los “buitres” son tan intransigentes que intentar negociar con ellos no serviría para nada, lo que podría ser cierto, pero sucede que ya han ganado los pleitos en Nueva York y por lo tanto no tiene por qué hacer concesiones importantes; lo único que les interesa es cobrar. Así, pues, el gobierno se ve constreñido a elegir entre cumplir el fallo del juez neoyorquino Thomas Griesa, por arbitrario y antipático que le parezca, y seguir en rebeldía. Aunque pagar a los holdouts resultaría costoso –según algunos expertos, satisfacer a todos los demandantes podría significar el desembolso de aproximadamente 10.000 millones de dólares–, muchos coinciden en que mantener al país excluido de los mercados de capitales sería decididamente peor. De todos modos, el consenso es que, si no fuera por el aislamiento financiero que se ha visto agravado por el default parcial ocasionado por el fallo de Griesa, la Argentina estaría en condiciones de superar muy pronto los problemas que dejó el desplome catastrófico de fines del 2001 y los primeros meses del 2002. Pero, claro está, la razón principal por la que el gobierno se resiste a pactar con los acreedores no consiste en los eventuales costos o beneficios económicos de una decisión en tal sentido sino en la conciencia de que casi todos lo tomarían por una derrota política humillante. Al tratar el asunto como una lucha entre “patria” y “buitres”, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner logró transformar lo que fue un desastre económico que tendría consecuencias muy negativas en lo que, para ella, fue un triunfo, puesto que, según las encuestas de opinión, en las semanas siguientes subió su índice de aprobación personal, el que, para desconcierto de muchos opositores, sigue siendo mucho más alto que el ostentado por el gobierno que encabeza. Por desgracia, el que la batalla en buena medida retórica que Cristina está librando contra “los buitres” y el juez Griesa le haya sido una fuente de popularidad ha reducido al mínimo su espacio de maniobra. Puesto que no quiere brindar la impresión de retroceder ante quienes califica de enemigos de la patria y, peor aun, de su “proyecto” supuestamente libertador, se cree obligada a persistir en una postura tan inflexible como la de los holdouts. Para que el país saliera del brete en el que lo ha metido el conflicto con la Justicia de Nueva York, sería necesario que la presidenta y sus asesores, comenzando con Kicillof, encontraran la forma de hacer pensar que un eventual acuerdo fuera un gran triunfo nacional sobre una banda de especuladores desalmados que supuestamente cuentan con el apoyo del presidente estadounidense Barack Obama. Si bien sería un error subestimar la capacidad del oficialismo para embellecer verdades feísimas, parecería que en esta oportunidad no se siente tentado a hacerlo. Es que, a menos de un año del cambio de gobierno, tanto Cristina como los demás miembros de su gobierno tienen otras prioridades. Están más interesados en conservar poder político que en manejar la economía de tal modo que sus sucesores no hereden una crisis como la que siguió al hundimiento de la convertibilidad. Así, pues, por una mezcla de orgullo y maquiavelismo, parecen resueltos a dejar que el gobierno próximo se encargue de saldar las deudas con los holdouts a sabiendas de que le será dado sacar provecho de cualquier manifestación de debilidad. Aunque en términos políticos la estrategia que, según parece, han elegido los kirchneristas podría considerarse muy astuta, para el país en su conjunto resultará sumamente perjudicial; sin financiamiento externo la economía continuará en recesión, aumentará el desempleo, caerán las reservas genuinas y se incrementará el riesgo de que la inflación se descontrole por completo, como ya ha sucedido en Venezuela.

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