Otro país

Redacción

Por Redacción

Ya es habitual que al cumplirse un nuevo aniversario del golpe de Estado que dio comienzo al Proceso militar, representantes de virtualmente todos los sectores lo denuncien con vehemencia. Este año, el ex jefe del Ejército, Martín Balza, nada menos, sumó su voz al coro condenatorio, afirmando que él personalmente se oponía porque «todos los golpes fueron nefastos y el del «76 no fue la excepción». Sin embargo, aunque el civismo casi sin fisuras así manifestado es a la vez gratificante y alentador, el consenso universal antigolpista que hoy en día impera en el país refleja no meramente la firmeza del compromiso ciudadano con la democracia, sino también el escaso interés de muchos dirigentes por asumir una parte al menos de la responsabilidad por lo que ocurrió. En este sentido, la Argentina se parece mucho más a Austria -país que después de la Segunda Guerra Mundial se las ingenió para figurar entre las víctimas del nazismo- que a Alemania, donde una generación entera se sometió a un examen de conciencia intenso. Puesto que es muy poco probable que el golpismo se ponga nuevamente de moda, el autoengaño colectivo no significa que el país corra el riesgo de reeditar las experiencias más horrorosas de su pasado, pero en vista de que la tentación autoritaria sigue manifestándose, si bien de forma menos nítida que un cuarto de siglo atrás, nos convendría mantenernos vigilantes.

En la actualidad, es fácil tomar el Proceso por una aberración, un crimen de lesa patria cometido por un puñado de personajes malignos, pero sucede que en 1976 una proporción muy grande de la ciudadanía lo consideró la salida natural y previsible de una crisis atribuible a la falta de autoridad moral de una clase política totalmente desprestigiada. Asimismo, durante los tres primeros años de existencia del régimen militar, la mayoría de los dirigentes políticos y muchísimos periodistas, además de casi todos los empresarios, se abstuvieron de protestar contra la violación sistemática de los derechos humanos. Dicha actitud no se debió al «miedo», sino a la indiferencia: lo mismo que aquellos individuos a quienes no les preocupa en absoluto la tortura en las comisarías porque, al fin y al cabo, sólo es cuestión de delincuentes y marginados, el grueso de la población se resistía a reconocer que los presuntos «subversivos» tuvieran derechos. En aquel entonces los líderes políticos, los grandes empresarios, los obispos católicos y los dueños de los diarios más influyentes de la Capital no habrían corrido demasiados riesgos si hubieran advertido a los militares de los peligros que plantearía la institucionalización de los métodos de la Triple-A peronista. Pero, con pocas excepciones, optaron ya por el silencio, ya por pronunciar ambigüedades anodinas, hasta que les pareciera evidente que el Proceso fracasaría no por su extrema brutalidad, sino por su negativa a tomar las medidas necesarias para eliminar la inflación galopante. Sólo entonces, cuando las presiones extranjeras habían obligado a los militares a obrar de manera un poco más civilizada, comenzó a articularse una oposición interna digna de llamarse tal.

Así, pues, los militares, quienes disfrutaban de la colaboración entusiasta de matones vinculados con movimientos políticos y sindicatos que más tarde conformarían la tristemente célebre «mano de obra desocupada», tenían motivos de sobra para creer que la sociedad en su conjunto aprobaba plenamente la política de «mano dura» que habían emprendido a fin de «aniquilar» al terrorismo. Contaban con decenas de miles de cómplices pasivos que no titubearon en acusar a quienes sí protestaban de colaborar con una «campaña argentina» y de repetir, como loros, aquella consigna infantil «los argentinos somos derechos y humanos», aunque toda la evidencia lo refutaba. En cierto modo es una suerte que aquel país nos parezca tan ajeno, tan exótico, pero sería aleccionador si los sobrevivientes, trátese de ex «amigos del Proceso», ex integrantes de la mayoría demasiado silenciosa o ex miembros de las bandas terroristas, procuraran hacerlo más comprensible.


Ya es habitual que al cumplirse un nuevo aniversario del golpe de Estado que dio comienzo al Proceso militar, representantes de virtualmente todos los sectores lo denuncien con vehemencia. Este año, el ex jefe del Ejército, Martín Balza, nada menos, sumó su voz al coro condenatorio, afirmando que él personalmente se oponía porque "todos los golpes fueron nefastos y el del "76 no fue la excepción". Sin embargo, aunque el civismo casi sin fisuras así manifestado es a la vez gratificante y alentador, el consenso universal antigolpista que hoy en día impera en el país refleja no meramente la firmeza del compromiso ciudadano con la democracia, sino también el escaso interés de muchos dirigentes por asumir una parte al menos de la responsabilidad por lo que ocurrió. En este sentido, la Argentina se parece mucho más a Austria -país que después de la Segunda Guerra Mundial se las ingenió para figurar entre las víctimas del nazismo- que a Alemania, donde una generación entera se sometió a un examen de conciencia intenso. Puesto que es muy poco probable que el golpismo se ponga nuevamente de moda, el autoengaño colectivo no significa que el país corra el riesgo de reeditar las experiencias más horrorosas de su pasado, pero en vista de que la tentación autoritaria sigue manifestándose, si bien de forma menos nítida que un cuarto de siglo atrás, nos convendría mantenernos vigilantes.

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