Otro tiro por la culata

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A ninguno de los diversos equipos económicos del gobierno de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner se le habrá ocurrido que sería una idea genial asestar un golpe demoledor al mercado inmobiliario y por lo tanto a la construcción que es uno de los motores principales del crecimiento, además de una fuente de trabajo muy importante, pero, como debieron haber previsto los ideólogos de la cruzada contra el dólar, la consecuencia más notable de sus esfuerzos pesificadores ha sido su virtual colapso. Según el Colegio de Escribanos de la Capital Federal, a causa del cepo cambiario, el año pasado se redujo el 27,2% la venta de casas y departamentos en la ciudad de Buenos Aires, lo que dio como resultado un nivel de actividad inferior al registrado en el 2001 cuando la economía se precipitaba en un abismo del que muchas personas no conseguirían salir. Huelga decir que no se trata de un fenómeno limitado a la Capital Federal. En el resto del país el panorama es igualmente deprimente. En virtualmente todas las provincias, los problemas ocasionados por la escasez de fondos para obras públicas, y por la incertidumbre cada vez mayor que sienten los empresarios, han tenido un impacto negativo muy fuerte en la actividad económica. Mal que les pese a funcionarios como el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno; el viceministro de Economía, Axel Kicillof; su presunto jefe, el ministro formal de Economía, Hernán Lorenzino, y la presidenta del Banco Central, Mercedes Marcó del Pont, a esta altura muy pocos los creen capaces de impedir que el país logre superar indemne el colapso del “modelo” voluntarista que Cristina insiste en reivindicar. Podría argüirse que, dadas las circunstancias, el gobierno no tuvo más opción que la de procurar frenar la propensión de los preocupados por la inflación a cambiar sus pesos por dólares, y que por lo tanto hay que considerar el derrumbe del mercado inmobiliario como un mal menor. Tal planteo tendría sentido si en las semanas que siguieron a las elecciones presidenciales de octubre del 2011 el país se hubiera visto frente a una crisis totalmente imprevisible provocada por un terremoto financiero externo, pero, es innecesario decirlo, el renovado interés por el dólar y la huida resultante del peso se debió exclusivamente a la falta de confianza en las dotes de los encargados de manejar la economía nacional. De haber reaccionado a tiempo el gobierno frente a la inflación, no se hubiera desdoblado el mercado cambiario al alejarse el dólar blue del verde oficial. Tampoco hubiera tenido el gobierno motivos para tratar de obligar a los habituados a pensar en dólares a tener más fe en la fortaleza de la divisa nacional. No es cuestión de una característica cultural lamentable sino de una manifestación de sentido común por tratarse de una solución relativamente sencilla para un problema que de otro modo ocasionaría muchas dificultades. Desde hace por lo menos medio siglo quienes operan en el mercado inmobiliario están acostumbrados a usar el dólar norteamericano como la moneda de referencia porque, a diferencia del peso, suele mantener por cierto tiempo buena parte de su valor; como la presidenta con toda seguridad entiende muy bien, la pesificación involuntaria atenta contra el ahorro. Si lo que realmente quiere el gobierno es restaurar la confianza en el peso, sabría que la única manera de lograrlo consistiría en adoptar un programa antiinflacionario convincente, algo que por motivos es de suponer electoralistas se resiste a intentar. La razón principal por la que tantos se sienten sumamente molestos por el cepo cambiario y por los esfuerzos por aplicarlo con medidas policiales consiste en el temor de que, al privarlos de un medio tradicional de ahorrar, el gobierno –el que, como sabemos, “va por todo”– se haya propuesto apoderarse de lo que todavía les queda de sus maltrechos patrimonios personales. Puede que tales temores sean exagerados, pero en vista de lo que ha sucedido muchas veces en el pasado es natural que muchos estén muy preocupados por lo que podría hacer un gobierno dominado por improvisados proclives a subordinar absolutamente todo a sus propios intereses inmediatos y que, a juzgar por lo que ya han hecho, son reacios a respetar los derechos de los demás.