Palabras prohibidas
En algunos países de Europa, los políticos temen verse acusados de manejar la economía sin el rigor exigido por las circunstancias. Lejos de procurar hacer pensar que nunca se les ocurriría aplicar un ajuste, en etapas tan difíciles como la actual se afirman resueltos a tomar medidas antipáticas sin prestar atención a las protestas de los perjudicados. Hablan sin tapujos de austeridad e incluso exageran toda vez que aluden a la severidad de los cortes que dicen serán imprescindibles para reducir el gasto público a un nivel sostenible. Es lo que están haciendo muchos mandatarios europeos desde septiembre del 2008, cuando se inició formalmente la gran crisis financiera al quebrar el gigantesco banco de inversión Lehman Brothers y difundirse una sensación rayana en el pánico en los mercados internacionales. A partir de aquel momento, en países como el Reino Unidos, Alemania, Suecia y, para sorpresa de los escépticos, España, muchos políticos dan por descontado que el electorado entiende que sería un error muy grave confiar en las promesas de dirigentes, como el presidente francés François Hollande, que tratan de conseguir votos minimizando la gravedad de la situación económica. Esta moda política aún no ha llegado a la Argentina. Aquí los dirigentes más ambiciosos se han acostumbrado a asumir actitudes que son muy diferentes. Pocos, si es que hay algunos, se animan a hablar con franqueza acerca de lo que harían si les tocara manejar la economía nacional por suponer que les costaría demasiados votos. Piensan que en seguida se convertirían en los blancos predilectos de populistas supuestamente indignados por su falta de sensibilidad social y por su presunta voluntad de coquetear con el “neoliberalismo” que, de acuerdo común, es el credo más inhumano de los tiempos que corren y la causa de virtualmente todos los males conocidos. No extraña, pues, que a menudo los debates en torno al futuro de la economía parezcan propios de otro país. Para la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y sus simpatizantes, la resistencia generalizada a reconocer que convendría respetar los límites impuestos por la realidad económica es de por sí un problema mayúsculo. Hasta hace muy poco, pudieron aprovecharla declarándose contrarios por principio a la disciplina fiscal y a favor de aumentar el gasto público sin preocuparse por las eventuales consecuencias pero, como fue de prever, andando el tiempo se verían obligados a emprender un ajuste muy drástico. De no haber sido por su apasionado compromiso con el facilismo, hubieran podido hacerlo sin sentirse constreñidos a engañar a la ciudadanía, pero parecería que están decididos a tratar de brindar la impresión de creer que lo que está en marcha no es un ajuste sino un esfuerzo heroico por defender el poder adquisitivo de la mayoría contra la rapacidad de una horda de comerciantes insaciables. Por lo demás, tanto Cristina como el ministro de Economía Axel Kicillof y el desafortunado jefe de Gabinete Jorge Capitanich siguen reemplazando palabras tabú como inflación y devaluación por eufemismos que en su opinión son menos urticantes como “deslizamiento monetario”, como si creyeran que hablar en código serviría para amortiguar el impacto de fenómenos bien concretos. Es de suponer que a esta altura todos los políticos oficialistas y opositores, además de los sindicalistas, entienden que, dadas las circunstancias, la alternativa a un ajuste clásico sería una crisis caótica parecida a las que siguieron al “Rodrigazo” y al colapso de la convertibilidad, pero el presunto consenso en tal sentido no significa que estén dispuestos a reivindicar en público una política de austeridad. Por el contrario, si bien muchos dirigentes opositores insisten en que es necesario frenar la inflación lo antes posible, son reacios a decirnos lo que a su juicio sería forzoso hacer para lograrlo. Así, pues, mientras que funcionarios del gobierno de Cristina insisten en que lo que están haciendo no debería considerarse un ajuste porque es algo muy distinto, sus adversarios se mofan de los intentos oficiales por incorporar la austeridad a su “relato” triunfalista o, en el caso de los más populistas, acusan al gobierno de venderse a los “poderes concentrados” y dan a entender que los ajustes nunca pueden justificarse.
Fundado el 1º de mayo de 1912 por Fernando Emilio Rajneri Registro de la Propiedad Intelectual Nº 5.124.965 Director: Julio Rajneri Codirectora: Nélida Rajneri de Gamba Vicedirector: Aleardo F. Laría Rajneri Editor responsable: Ítalo Pisani Es una publicación propiedad de Editorial Río Negro SA – Viernes 28 de marzo de 2014
En algunos países de Europa, los políticos temen verse acusados de manejar la economía sin el rigor exigido por las circunstancias. Lejos de procurar hacer pensar que nunca se les ocurriría aplicar un ajuste, en etapas tan difíciles como la actual se afirman resueltos a tomar medidas antipáticas sin prestar atención a las protestas de los perjudicados. Hablan sin tapujos de austeridad e incluso exageran toda vez que aluden a la severidad de los cortes que dicen serán imprescindibles para reducir el gasto público a un nivel sostenible. Es lo que están haciendo muchos mandatarios europeos desde septiembre del 2008, cuando se inició formalmente la gran crisis financiera al quebrar el gigantesco banco de inversión Lehman Brothers y difundirse una sensación rayana en el pánico en los mercados internacionales. A partir de aquel momento, en países como el Reino Unidos, Alemania, Suecia y, para sorpresa de los escépticos, España, muchos políticos dan por descontado que el electorado entiende que sería un error muy grave confiar en las promesas de dirigentes, como el presidente francés François Hollande, que tratan de conseguir votos minimizando la gravedad de la situación económica. Esta moda política aún no ha llegado a la Argentina. Aquí los dirigentes más ambiciosos se han acostumbrado a asumir actitudes que son muy diferentes. Pocos, si es que hay algunos, se animan a hablar con franqueza acerca de lo que harían si les tocara manejar la economía nacional por suponer que les costaría demasiados votos. Piensan que en seguida se convertirían en los blancos predilectos de populistas supuestamente indignados por su falta de sensibilidad social y por su presunta voluntad de coquetear con el “neoliberalismo” que, de acuerdo común, es el credo más inhumano de los tiempos que corren y la causa de virtualmente todos los males conocidos. No extraña, pues, que a menudo los debates en torno al futuro de la economía parezcan propios de otro país. Para la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y sus simpatizantes, la resistencia generalizada a reconocer que convendría respetar los límites impuestos por la realidad económica es de por sí un problema mayúsculo. Hasta hace muy poco, pudieron aprovecharla declarándose contrarios por principio a la disciplina fiscal y a favor de aumentar el gasto público sin preocuparse por las eventuales consecuencias pero, como fue de prever, andando el tiempo se verían obligados a emprender un ajuste muy drástico. De no haber sido por su apasionado compromiso con el facilismo, hubieran podido hacerlo sin sentirse constreñidos a engañar a la ciudadanía, pero parecería que están decididos a tratar de brindar la impresión de creer que lo que está en marcha no es un ajuste sino un esfuerzo heroico por defender el poder adquisitivo de la mayoría contra la rapacidad de una horda de comerciantes insaciables. Por lo demás, tanto Cristina como el ministro de Economía Axel Kicillof y el desafortunado jefe de Gabinete Jorge Capitanich siguen reemplazando palabras tabú como inflación y devaluación por eufemismos que en su opinión son menos urticantes como “deslizamiento monetario”, como si creyeran que hablar en código serviría para amortiguar el impacto de fenómenos bien concretos. Es de suponer que a esta altura todos los políticos oficialistas y opositores, además de los sindicalistas, entienden que, dadas las circunstancias, la alternativa a un ajuste clásico sería una crisis caótica parecida a las que siguieron al “Rodrigazo” y al colapso de la convertibilidad, pero el presunto consenso en tal sentido no significa que estén dispuestos a reivindicar en público una política de austeridad. Por el contrario, si bien muchos dirigentes opositores insisten en que es necesario frenar la inflación lo antes posible, son reacios a decirnos lo que a su juicio sería forzoso hacer para lograrlo. Así, pues, mientras que funcionarios del gobierno de Cristina insisten en que lo que están haciendo no debería considerarse un ajuste porque es algo muy distinto, sus adversarios se mofan de los intentos oficiales por incorporar la austeridad a su “relato” triunfalista o, en el caso de los más populistas, acusan al gobierno de venderse a los “poderes concentrados” y dan a entender que los ajustes nunca pueden justificarse.
Registrate gratis
Disfrutá de nuestros contenidos y entretenimiento
Suscribite por $1500 ¿Ya estás suscripto? Ingresá ahora
