Paseo de Compras de Cipolletti: nadie cede y crece la tensión

CIPOLLETTI

CIPOLLETTI (AC).- Funcionarios municipales y los feriantes del Paseo de Compras tuvieron ayer una audiencia judicial en Cipolletti. El encuentro fue propuesto por el juez Gustavo Herrara, con el fin de llegar a un acuerdo, pero pese a la reunión, ambas partes continuaron con la misma postura.

La semana pasada, un grupo de personas reclamaron por la habilitación comercial del paseo que pretende funcionar a la vera de la Ruta 22, en el acceso a la ciudad. La manifestación se llevó a cabo en las afueras del municipio y dos de ellos se encadenaron en la esquina de Yrigoyen y Villegas, donde funciona una oficina pública. Tras varias horas de reclamo endurecieron la protesta y tiraron pirotecnia, por lo que tuvo que intervenir la Justicia para calmar la situación.

La audiencia se realizó ayer, minutos después de las 11, en el edificio ubicado en calle España. El secretario de Fiscalización Interna, Néstor Curcio y el secretario de Obras Públicas, Carlos Moreira, asistieron en representación del municipio. Por el Paseo de Compras fue Ricardo Lucero, el empresario a cargo del proyecto; Alejandra Acevedo, la mujer que se encadenó; y un gran número de feriantes.

Moreira explicó que ellos escucharon atentamente el pedido de los manifestantes y que ellos dieron las respuestas correspondientes. “Les pedimos que presenten la documentación requerida. Hasta hoy (por ayer) no hay ningún plano presentado en el municipio. Esto tiene que estar avalado por un ingeniero o un arquitecto”, detalló ante la consulta de este medio.

Por su parte, los interesados en que se abran las puertas del Paseo de Compras solicitaron la habilitación provisoria, pero también les fue negada. Por eso decidieron reanudar su reclamo. “El único responsable de esto es (Abel) Baratti”, dijeron sobre el intendente.

“Vamos a manifestarnos nuevamente y decidimos que nos vamos a encadenar en la puerta de la municipalidad”, agregaron ayer en horas de la tarde, sin dar más detalles.

Según la información que brindaron quienes estuvieron presentes, el juez ofició de mediador pero no obtuvo los resultados esperados. Además les dio a conocer a las partes involucradas sobre sus actuaciones y cuándo podía significar un posible delito, por ejemplo si “la municipalidad no recibe la documentación, o demora en dar respuestas o si se impide el libre acceso a las oficinas públicas”, detallaron.