Piden anular la orden de desalojo contra mapuches imputados de usurpación

El juez Marcos Burgos tiene sobre la mesa los argumentos de la defensa de los 8 mapuches imputados por el delito de usurpación de un lote ubicado en el barrio Pilar II de esta ciudad, que pidió ayer anular la orden de desalojo, que había dictado el 16 de septiembre pasado el juez de garantías Sergio Pichetto.

Esa orden de desalojo está en suspenso, porque la resolución de Pichetto aún no está firme. Por eso, los acusados permanecen en un sector del lote de 90 hectáreas, que está emplazado a los pies del cerro Ventana, a unos 12 kilómetros del centro de Bariloche. El terreno está con custodia policial.

La fiscalía les atribuye a los 8 imputados haber irrumpido la mañana del 10 de septiembre pasado en el lote con violencia y de manera clandestina. De esa forma despojaron a Emilio Friedrich y sus socios de la tierra. Desde la comunidad argumentaron que hicieron un “acto de recuperación” de lo que consideran parte de su territorio.

La defensora particular Natalia Araya sostuvo ayer en la audiencia ante el juez que revisará el fallo de Pichetto, que no se cumplen los tres requisitos que el Código Procesal Penal de la provincia prevé para disponer un desalojo.

Afirmó que no se demostró el delito de usurpación. Tampoco se acreditó que el derecho invocado por el damnificado sea verosímil y no existe peligro en la demora para restituir el lote a Friedrich y sus socios.

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En la audiencia declaró Luis Pilquiman, que integra el Parlamento Mapuche, que fue ofrecido como testigo por la defensa.

Araya advirtió que la fiscalía se equivocó de lote cuando formuló la acusación contra los 8 imputados. “No era el que estaban ocupando mis defendidos”, advirtió al juez.

Pidió que el conflicto se dirima en el fuero civil y volvió a insistir con que la justicia ordinaria no tiene competencia para intervenir, porque es un lote, que está situado en el área del Parque Nacional Nahuel Huapi. Por eso, reclamó que la causa pase al fuero federal.

Además citó jurisprudencia de la Corte Suprema, del Superior Tribunal de Justicia de la provincia y de la Cámara de Apelaciones en los Civil de Bariloche.

“Acá estamos frente a una comunidad indígena. Por lo tanto se debe aplicar el derecho indígena”, aseguró Araya. Y requirió no analizar el conflicto con la mirada de la justicia penal ordinaria.

Explicó que una cosa es la “ocupación física efectiva” de un lugar y otra cosa es la ocupación ancestral, que “es el vínculo que la comunidad puede tener con el territorio”.

Alegó que la ocupación ancestral tiene que ver con “usos y prácticas culturales y con la cosmovisión mapuche”.

El fiscal jefe Martín Lozada pidió al juez confirmar la resolución de Pichetto, que admitió los cargos formulados por la fiscalía contra los acusados y dispuso el desalojo. Aclaró que tuvieron “muy en cuenta” el tema de la multiculturalidad para analizar el caso. Pero ratificó que en este caso puntual a diferencia de otros litigios, los imputados “no poseen la posesión ni la ocupan ancestralmente”.

Insistió con que los imputados, la mayoría miembros de la comunidad Buenuleo, entraron de manera subrepticia al lote.

“El Ministerio Público Fiscal no desconoce la ley 26160 (de comunidades indígenas) pero también afirmamos que no es cierto que quienes hicieron medidas de hecho venían ocupando tradicionalmente ese pedazo de tierra”, sostuvo Lozada.

“No desconocemos su derecho a reclamar derechos, pero no pueden cursarlo por vías de hecho subrepticias y violentas”, aseguró Lozada.

Recordó que el lonko Antonio Buenuleo vendió en el 2001 tierras a Claudio Thiek, que se las transfirió en 2010 a Friedrich y sus socios. La sentencia de Burgos se conocerá el 2 de octubre.

La abogada por la querella Laura Zanoni adhirió a los planteos de la fiscalía y solicitó confirmar la resolución de Pichetto. En la audiencia estuvieron dos de los damnificados.

La audiencia finalizó con los imputados y familiares y autoridades mapuches gritando ¡Marichiweu!