Piden condenar a ex funcionaria barilochense
La acusada es una ex delegada del Ipross a quien le atribuyen el delito de peculado. Según consta en la causa, en el 2000 se habría apoderado de 10.000 pesos provenientes de recaudaciones.
SAN CARLOS DE BARILOCHE (AB).- El fiscal Guillermo Lista pidió a los jueces de la Cámara Segunda del Crimen que condenen a tres años de prisión en suspenso a Alicia Calero, una ex delegada del Ipross a quien le atribuyen que entre octubre y diciembre de 2000 se apoderó de 10 mil pesos de las recaudaciones que efectuaba el organismo.
El fiscal consideró probado el delito, y su abogado alegó que a lo sumo la imputada era pasible de una sanción administrativa, porque no se había probado el perjuicio económico.
La causa investigada se inició hace casi 6 años por denuncia del fiscal de Investigaciones Administrativas de la provincia, luego de que una auditoría contable realizada en la delegación local del Ipross constatara el faltante de cerca de 10 mil pesos entre los ingresos y los depósitos efectuados por su titular.
A la ex delegada le atribuyen haber defraudado en esa suma a la obra social provincial entre el 1 de octubre y el 14 de noviembre de 2000, porque, de acuerdo con la acusación, la sospechosa no cumplía con los plazos de depósito exigidos por las normas, y cuando intervinieron la delegación establecieron el faltante.
El fiscal Guillermo Lista expuso en la elevación a juicio que Calero tenía a su cargo la administración y el manejo de los fondos permanentes para gastos de funcionamiento y asistenciales de la delegación, y le imputa haberse apropiado de la suma faltante, que debería haber rendido y luego remitido mediante el depósito en la cuenta del Ipross.
Agregó que tanto el faltante de dinero como otras irregularidades administrativas fueron detectadas durante la auditoría contable que realizaron en la delegación entre el 14 y el 16 de noviembre de 2000.
A Calero le imputan el delito de «peculado continuado» por las diferencias entre la recaudación y los depósitos y rendiciones fuera de término que los auditores habrían establecido entre setiembre de 1998 y diciembre de 2000.
Los empleados de la delegación, al menos 5 de ellos, declararon que diariamente rendían los movimientos de caja ante la delegada, que debía depositar los fondos en una cuenta dentro de las 48 horas, y que este sistema se cumplía de manera habitual hasta que la imputada se había hecho cargo de la delegación.
Ante la audiencia los testigos coincidieron al decir que los depósitos se realizaban en forma tardía y no como manda la ley, y contradijeron a la imputada al desconocer a la persona a quien ella sindicó como colaboradora en forma contemporánea con las irregularidades detectadas.
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