Piden durísimas penas para los dos imputados

NEUQUÉN (AN)- La fiscalía pidió ayer 22 años de prisión para Jorge Altamirano y Rafael Pichún, como autor y partícipe necesario respectivamente en el asesinato de Richard Durán Soto y las lesiones graves que sufrió su novia, Azul Cano Gulini. En tanto la querella, en nombre de la familia del joven muerto, pidió 25 años de prisión.

Los defensores en cambio reclamaron la absolución de los imputados por falta de pruebas, aunque también plantearon que el caso pudo tratarse de un exceso en la legítima defensa porque Durán Soto fue el que inició la pelea que terminó con su muerte. Tanto Altamirano como Pichún se declararon inocentes.

Patricio Durán Soto, hermano de la víctima fatal, resumió ante la prensa el pensamiento de la familia: «no puedo decir si estoy conforme o no con el desarrollo del juicio hasta conocer la sentencia». Según anunció ayer la Cámara Criminal Segunda, el fallo será leído el 31 de marzo al mediodía.

El crimen ocurrió el 21 de enero de 2007 a las 6:30 en la céntrica esquina de Rivadavia y Buenos Aires. De acuerdo con la acusación del fiscal Rómulo Patti y los querellantes Ricardo y Laura Cancela, Richard (21 años) discutía con Azul cuando Altamirano (23) se metió en defensa de la joven.

Se inició una pelea en la que Altamirano llevó la peor parte, por lo que se retiró unos metros hacia donde estaba su amigo Pichún (32) en una moto. Éste le pasó un cuchillo envuelto en una franela con la cual apuñaló a Durán Soto y a Azul. Luego escaparon.

Patti remarcó en su alegato que «la intromisión de Altamirano en la discusión entre Durán Soto y Azul fue totalmente fuera de lugar. Y lo hizo diciendo 'yo soy del Parque' (por el barrio donde vive), como si eso le diera una chapa de falsa hombría».

Agregó que «arremetió contra la víctima con un medio desproporcionado (por el cuchillo). Buscó cobrársela en forma cobarde. Pichún lo incitó, participó del resultado. Tuvieron desprecio claro hacia la vida del prójimo».

«En esa sala hay familiares que claman justicia, un reclamo más que justificado», concluyó el fiscal.

Ricardo Cancela puso el acento en «el grado de violencia empleado» por los autores «y el daño inconmensurable causado. La familia Durán Soto está destruida, la vida de Azul ha sido trastocada. Todo eso debe merituarse en la sentencia. La sanción debe ser de la misma proporción de lo que hicieron».

El abogado se ocupó especialmente de señalar que no cabe aplicar la figura de «exceso en la legítima defensa» invocado por los defensores. «No puede haber exceso porque no hubo legítima defensa», señaló.

Señaló que el medio utilizado por Altamirano para atacar a las víctimas fue desproporcionado (un cuchillo contra los puños de su contrincante) mientras que Pichún «podría haber puesto un freno» pero en vez de eso le pasó el arma a su amigo.