Piden indagatorias por pagarés

ROCA (AR).- El canje de un pagaré de 700.000 pesos por 300.000 en dinero efectivo cuando no existía urgencia financiera en el municipio derivó en las primeras complicaciones judiciales para funcionarios provinciales, ex responsables de la Secretaría de Hacienda en Roca y la cúpula del sindicato UPCN en Río Negro.

Es que el fiscal Miguel Fernández Jahde promovió acción penal y solicitó la declaración indagatoria para el tesorero general de la provincia, José Ongaro, los ex titulares de Hacienda, Oscar Carballo y Eduardo Maín, el ex director Luis Canderán, la tesorera Estela Vilal de Hernández y los gremialistas Juan Carlos Scalesi y Jorge Furfaro.

El titular de la Fiscalía 6 consideró que las acciones a través de las cuales el sindicato adquirió a la comuna un documento con vencimiento en 2011 constituyen un posible perjuicio para la administración pública municipal y/o provincial, por lo que requirió diversas medidas al juzgado de Instrucción 6, a cargo de Margarita Carrasco.

El expediente se inició a fines de mayo, luego de una denuncia presentada por las actuales autoridades del municipio roquense.

Los hechos investigados transcurrieron entre diciembre de 2000 y mayo de 2001, comenzando con la emisión por parte de la Tesorería General de la Provincia de un pagaré con un valor nominal de 700.000 pesos a favor de la comuna. Tiempo después el documento fue adquirido por UPCN, que abonó 308.000 pesos en efectivo con dos cheques librados también por la Tesorería General de la Provincia.

El negocio para UPCN fue un éxito, ya que el propio Furfaro admitió en junio que el pagaré fue usado para cancelar parte de una deuda del gremio con el Banco Residual, siendo reconocido en más del 80% del valor nominal cuando había sido comprado a menos del 50%.

El ex secretario de Finanzas del sindicato también reveló que la operación fue una práctica común con distintas administraciones locales.

En este sentido, se supo que Fernández Jahde también hizo hincapié en su promoción de acción sobre la inexistencia de documentación que respalde y autorice la operación dentro del municipio roquense.

Dentro de la comuna roquense ya está decidido el inicio de un juicio de responsabilidad contra Carballo, Maín y Canderán. En caso de comprobarse que el canje del pagaré provocó un perjuicio al erario público podrían ser obligados a reponer el daño con su patrimonio.


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