Piden informes por el canje de la U9

A un día de que el gobierno provincial firmara un convenio con el ministerio de Justicia de la Nación para el canje de las tierras de la Unidad de Detención Federal 9 por el complejo penitenciario provincial de Senillosa, la jueza federal de Neuquén, Carolina Pandolfi, libró un oficio para que desde el Poder Ejecutivo nacional se expliquen los alcances del convenio.

El pedido de la magistrada fue remitido el pasado miércoles 11 a las oficinas del ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Germán Garavano, en función del acuerdo que éste firmó hace más de una semanas con el gobernador Omar Gutiérrez, para el “enroque” de los edificios carcelarios.

La jueza requirió que se envíe una copia del mencionado acuerdo, como así también que se le informe “el avance del plan edilicio de reforma integral de la Prisión Regional del Sur (U9)” y se le explique la relación que dicho plan edilicio tendría con el acuerdo de traspaso de los predios.

Es que desde 2012 la U9 se encuentra judicializada a partir de un hábeas corpus destinado a proteger las condiciones de las personas allí detenidas en función del mal estado que en ese año se detectó en el edificio.

Cabe destacarse que la construcción tiene sectores que superan los 100 años de antigüedad.

Si bien durante el acto de firma del convenio, realizado el pasado martes 10 en Buenos Aires, se indicó que todas las partes involucradas habrían tenido participación en la elaboración del acuerdo, se supo ayer que la nota enviada al día siguiente de esa firma se debería precisamente a que no se habría consultado a otros actores involucrados en la unidad de detención.

Los organismos referidos son la Procuraduría Penitenciaria de la Nación, la Defensoría de la Nación y el juzgado interviniente en el amparo vigente.

El acuerdo rubricado entre el gobernador y el ministro de la Nación plantea una especie de canje entre la cárcel que la provincia tiene en Senillosa y la U9 emplazada en pleno centro de esta capital.

Mientras mucho se ha debatido desde entonces sobre el destino que debería darse a las tierras que recibiría la provincia, desde los organismos federales vinculados a los detenidos se advirtió que, al no haber sido consultados previamente al convenio, no se tienen certezas ahora de si se podrán garantizar, por ejemplo, los servicios de salud.

El hábeas corpus vigente en la U9 partió de las malas condiciones en las que los presos se encontraban, careciendo por ejemplo de baños y de botones para advertir a los celadores de todo tipo de inconvenientes durante las 12 horas de encierro nocturno.

Se abre una nueva instancia que alimenta el debate.

Rige un hábeas corpus

La jueza Carolina Pandolfi aseguró que

se enteró del convenio para traspaso de las cárceles por los “medios gráficos de difusión pública”.