Piden seguridad para testigos de la causa Ibazeta

La causa por el asesinato del detenido en la U11 está frenada. Zainuco critica al fiscal y pide que se garantice a los presos que presenciaron el hecho que no sufrirán represalias si declaran.

Redacción

Por Redacción

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NEUQUÉN.- Tres causas relacionadas con Cristian Ibazeta, el detenido asesinado dentro de la U.11, continúan inmóviles, con pocas chances de avanzar, por lo que probablemente se dirigen a la prescripción. Integrantes de la ONG Zainuco pidieron “condiciones de seguridad” para que los testigos clave puedan declarar. El homicidio se cometió hace casi un año y tres meses. Tras el crimen se generaron dos causas: una por la autoría de la muerte, cuyo fiscal es Maximiliano Breide Obeid, quien asumió la investigación iniciada por Sandra González Taboada; y otra por la responsabilidad del servicio penitenciario y la omisión de control, en manos del fiscal Horacio Maitini. “Está la posibilidad de unirlas, para que tramiten como una sola causa. A lo mejor podemos avanzar”, dijo Breide Obeid. Esas causas se suman a otra del 2009 por torturas. Ibazeta declaró haber sido víctima de un “submarino seco” -práctica en la que se coloca un bolsa de nailon en la cabeza de la víctima, se lo asfixia y golpea-. Era testigo clave en otra causa del 2004, contra efectivos de la penitenciaría que torturaron como represalia a presos por haber tomado tres pabellones en forma de protesta. Los incidentes se habían generado en reacción a una requisa que le realizó el personal de la unidad a la madre no vidente de Ibazeta, en la que fue presuntamente desnudada y manoseada en sus partes íntimas. Por este hecho fueron imputados 27 policías, de los cuales dos recibieron condena efectiva y otros cuatro condicional. También, el asesinado había realizado denuncias por motivos similares y por abuso de autoridad. La causa iniciada por los hechos del 2009 tiene como querellante a Zainuco y tramita en el Juzgado de Instrucción N°6, a cargo de Ana del Valle Malvido. Los más comprometidos son dos penitenciarios: Mirko Bernardelli, jefe de guardia interna, y Gustavo González, oficial ayudante. Además de Ibazeta, denunciaron torturas ese mismo día los presos Ramón Mansilla y Marcelo Fabián Núñez. Los abogados Federico Egea y Santiago Narváez, integrantes de Zainuco, pidieron que para que avance la causa haya “condiciones de seguridad” de modo que los testigos no teman declarar por miedo a represalias. Las medidas reclamadas por Zainuco son: relevar al personal policial que intervino y aún presta servicios en la unidad, intervenir al sector penitenciario, garantizar que las cámaras de seguridad funcionen y garantizar un sistema de protección de testigos para quienes declaren. Egea y Narváez cuestionaron además la actuación del fiscal Di Maggio. Dijeron que ha puesto trabas, incluso “haciendo planteos a los que adhirió la defensa”, explicaron. Apeló la aceptación de Zainuco como querellante y desestimó el testimonio de los reclusos testigos porque “ellos siempre mienten”, indicaron. Si bien se conoce que el asesinato de Ibazeta ocurrió en su celda, con un arma blanca y, mínimamente, según Zainuco, hay cinco testigos oculares -entre internos, celadores y policías-, resta averiguar quién lo mató. Egea asegura que fue personal policial u otro interno “por encargo policial”. Se plantea esa hipótesis porque ningún preso dijo haber tenido problemas con la víctima. En contraposición, muchos señalaron los enfrentamientos que tenía con Bernardelli y González. Según dicen quienes lo conocieron, Ibazeta tenía una personalidad fuerte y se había convertido en un referente para los presos. Egea aseguró que eso, sumado a que había sido testigo en la causa que terminó en condena a los policías por los hechos del 2004 y a que estaba a un mes de las salidas transitorias, generó un contexto en el que “a algunos les convenía verlo muerto, más que libre e incontrolable”.


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