Podría saberse la verdad sobre los desaparecidos

NEUQUEN .- «Nosotros aspiramos a que algún día los culpables estén en la cárcel», sintetizó la dirigente de la Asamblea por los Derechos Humanos de Neuquén, Noemí Labrune, que a partir de hoy presenciará las audiencias orales y públicas donde se intentará determinar cuál fue el destino de los detenidos-desaparecidos del sur de Buenos Aires, Neuquén y Río Negro, durante la última dictadura militar.

El proceso judicial estaba prácticamente paralizado debido a la sanción de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, pero a partir de la reforma de la Constitución Nacional de 1994 y de la adhesión a pactos internacionales de derechos humanos, se abrió la posibilidad de que la Cámara Federal de Bahía Blanca finalice con la investigación que permaneció congelada después de los indultos del presidente Carlos Menem.

El tribunal de Bahía Blanca accedió este año a la reactivación de la causa a pedido de la fiscalía -cuyo titular es Hugo Cañón- y debido a la presentación de la Asamblea por los Derechos Humanos de Neuquén y de Bahía Blanca, cuyos dirigentes acompañaron a familiares de desaparecidos de la zona que exigen saber el destino final de sus seres queridos.

La Cámara consideró entonces que pese a las leyes de Punto Final, Obediencia Debida y los indultos presidenciales, a los familiares les asistía el derecho de «obtener la verdad» -a través de un proceso judicial- respecto del paradero de las personas que fueron víctimas de desaparición forzada, como un delito «continuado o permanente mientras no se establezca el destino o paradero de la víctima».

Así lo establecen la Convención Universal de los Derechos Humanos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Convención Interamericana sobre desaparición forzada de personas, que desde 1994 tienen rango constitucional.

Labrune explicó que en la investigación iniciada en la década del 80, la Cámara avanzó hasta «la individualización de los culpables», en tanto en la etapa que se inicia hoy, se conocerán las «circunstancias del delito que se cometió», con la certificación judicial para que en alguna etapa posterior, de existir la posibilidad de que los culpables paguen sus crímenes, «ya esté todo documentado y filmado».

«Este es un juicio por la verdad», reiteró Labrune, que recordó las intensas gestiones realizadas desde los organismos de derechos humanos de Neuquén y del país por intentar que las autoridades castrenses reconozcan los actos de terrorismos que se llevaron a cabo durante la dictadura.

De estas actividades los altos mandos militares niegan tener documentación e inclusive en muchos casos pusieron en tela de juicio los planteos y testimonios narrados por los sobrevivientes del horror.

Esta mujer pequeña y de apariencia frágil, pero incansable y luchadora, habló del «castigo social» que recaerá en los culpables a falta de una condena judicial. «Los culpables serán señalados e identificados, y una vez que el juicio concluya, las filmaciones de las audiencias se difundirán. Algunos militares involucrados hoy está muertos, otros retirados o en funciones, pero en muchos casos no podrán salir del país a riesgo de ser detenidos por los crímenes cometidos», dijo.

Aunque admitió que sólo con este juicio «no podremos terminar con la impunidad», por la sala de audiencias pasarán testigos que hablarán de dos bebés nacidos en cautiverio y presuntamente apropiados, delitos que no están bajo la protección de las leyes sancionadas durante el gobierno radical ni del indulto. Son los casos de dos bebés que nacieron en el centro clandestino «La Escuelita» de Bahía Blanca, cuando sus madres estaban en cautiverio.

Sus familiares los reclaman y piden conocer su destino para devolverles su verdadera identidad. Al hijo de Graciela Romero de Metz y Raúl Metz lo reclama su hermana, Adriana Metz, que tenía poco más de un año cuando sus padres fueron secuestrados en Cutral Co.

Los padres de Graciela Izurieta y de Alberto Ricardo Garralda piden conocer el destino de su nieto, también nacido en cautiverio en 1976.

Los culpables «deben ir a la cárcel, y no sé si lo alcanzaré a ver, pero la condena social a la que estarán expuestos tras este juicio es una parte del castigo que se merecen», opinó Labrune.

El testimonio de sobrevivientes

NEUQUEN – En las audiencias que se extenderán hasta el 15 de diciembre, desfilarán por la sala donde se ventilará el juicio a los responsables de la desaparición de personas de Bahía Blanca, Neuquén y Río Negro, tanto sobrevivientes del horror como testigos del proceso, además de los acusados.

Noemí Labrune, de la Asamblea por los Derechos Humanos neuquina, explicó que muchos testigos ya habían declarado en la primera instancia del proceso que se inició en 1986.

Sin embargo, Labrune cree que «se avanzará» más que en aquella época, por cuanto «ya no tienen miedo».

El temor «era tal que algunos no hablaron mucho. A pesar del tiempo, sus testimonios ahora son más concretos y se animan a contar cosas que antes callaron», dijo.

En muchos casos se cuenta sólo con el apodo del responsable de la tortura y desaparición de algunas víctimas, en otros se conoce el cargo, pero también hay algunos que están individualizados e identificados completamente.

Los acusados deberán comparecer ante la justicia obligatoriamente.

La Cámara Federal de Bahía Blanca fue el único tribunal del país que declaró inconstitucional la ley de Punto Final, Obediencia Debida y también el indulto del presidente Carlos Menem aplicado en los casos en los que el proceso estaba abierto, sin fallo condenatorio o de absolución.

La cámara está integrada por Luis Cotter -que preside el tribunal- Ricardo Planas, Augusto Fernández Vivot y Angel Argañaraz.