Arranca el juicio por fraude a la administración pública en el hospital de Zapala

Este martes se pondrá en marcha el juicio por fraude a la administración pública en perjuicio del hospital de esta ciudad. El proceso involucra al ex director, Luis Ciani y tres empleados: el ex jefe de Servicios Generales, Mauricio Fernández; la ex gerente, Lidia Arce, y el administrativo de Gerencia, José Castillo.

El fiscal Marcelo Jofré acusó a estos cuatro empleados por el supuesto delito de fraude a la administración pública tras haber cobrado guardias que no realizaron. La denuncia fue presentada por ATE Zapala, y de acuerdo a la investigación realizada por el Ministerio Público Fiscal, hubo una maniobra destinada a percibir fondos de manera irregular.

El debate, por razones de organización, comenzará mañana desde las 8.30 en el club Tiro Federal y está previsto que declaren 52 testigos propuestos por la fiscalía y la defensa de cada uno de los imputados. El proceso estará a cargo de la jueza Patricia Lupica Cristo y los implicados podrían recibir una pena máxima de tres años de prisión en suspenso más el doble de tiempo de inhabilitación para ejercer cargos públicos.

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El fiscal del caso Marcelo Jofré sostiene que Fernández, Arce y Castillo, realizaron maniobras para cobrar mensualmente y en forma indebida guardias activas que no realizaron. La maniobra ocurrió en el periodo comprendido entre diciembre de 2015 y enero de 2016. Jofré determinó los montos que cada uno de ellos percibió erróneamente. En el caso de Arce 81.000 pesos mientras que Fernández y Castillo recibieron 83.000 mil y 7.600 pesos, respectivamente.

De acuerdo a la acusación, esta maniobra no pudo haberse concretada sin la firma del ex director, Luis Ciani.

“Con las pruebas colectadas hasta el momento, se determinó que hay un hecho que perjudica al erario provincial a través de las conductas” de los acusados, según se planteó desde la fiscalía. Estas personas, realizaron la maniobra “en su carácter de empleados públicos y con el conocimiento de que atentaban contra el patrimonio de un organismo público”, se especificó.

De acuerdo a la explicación efectuada por los representantes del Ministerio Público Fiscal, los acusados “consignaban falsos datos en la planillas de guardias activas, las que no fueron realizadas. Luego (las planillas) iban al área de recursos de humanos para la liquidación y cobro respectivo” en sus haberes mensuales sin que cumplieran con esas funciones.

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Respecto al ex director, desde la fiscalía se planteó que la maniobra sólo pudo hacerse con su “participación necesaria”, ya que era quien “como director del hospital disponía y autorizaba las guardias”, para que luego sean liquidadas desde la subsecretaría de Salud.

Entre las pruebas para sostener la acusación, desde la fiscalía se mencionaron las entrevistas a empleados del hospital; las actas de procedimientos policiales realizados en el hospital; la denuncia hecha por representantes del gremio estatal ATE; y la documentación secuestrada del hospital (planillas de sueldos, por ejemplo), entre otras.