Investigan a tres policías de Neuquén por el desvío de autopartes y el desarme de más de 100 vehículos secuestrados

Una alarmante investigación penal y administrativa sacude a la Policía de Neuquén. Tres efectivos policiales y un ciudadano quedaron bajo la lupa judicial, acusados de integrar un circuito ilegal dedicado al desvío de vehículos bajo custodia de Tránsito para su posterior despiece y venta en desarmaderos clandestinos de Centenario. Por el caso, los uniformados ya fueron pasados a disponibilidad.

El inicio de la causa tuvo un detonante tan insólito como revelador: un efectivo policial de baja jerarquía de la Dirección de Tránsito (ubicada en Río Colorado 250) encontró publicado en Facebook Marketplace su propio Peugeot 207, el cual le había sido secuestrado en 2024 a raíz de un siniestro vial. Al realizar el reclamo interno y dirigirse al predio de secuestros en el Parque Industrial, constató que su auto no solo estaba retenido indebidamente, sino que le faltaban piezas esenciales.

A partir de esa denuncia, realizada tanto en la faz penal como en la administrativa, se destapó una maniobra de mayor escala.

El modus operandi y la voz oficial

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El comisario mayor Dante Catalán confirmó a Diario RÍO NEGRO que las actuaciones se iniciaron tras un requerimiento del 27 de agosto impulsado por el Departamento de Delitos Económicos, a cargo del fiscal Diego Azcárate.

La principal hipótesis apunta a que los vehículos, retenidos por infracciones o causas judiciales, eran retirados del predio de resguardo bajo el falso pretexto de una supuesta compactación, pero terminaban en talleres de desarme. «Son autos que tenían que estar compactados», aseveró Catalán sobre la irregularidad detectada.

Durante las inspecciones realizadas en dos desarmaderos de Centenario, en el predio de Parque Industrial y en tres domicilios particulares, se hallaron casi 100 automóviles y 15 motocicletas que debían permanecer bajo tutela estatal.

«Tenían números de serie, algunos borrosos y otros que indicaban que eran del predio de secuestro de Parque Industrial», señaló el comisario mayor.

De acuerdo con las primeras líneas de la pesquisa, los desarmaderos habrían actuado de buena fe al recibir las unidades de manos de un comerciante que inspiraba confianza por la procedencia policial de los rodados. Sin embargo, fuentes judiciales indicaron que este civil no contaba con habilitación municipal ni vínculo oficial con la fuerza para retirar los coches.

Allanamientos, secuestro de prueba y pase a disponibilidad

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Durante los operativos llevados a cabo desde el último viernes, la Justicia incautó una importante cantidad de vehículos con faja de secuestro policial, además de computadoras, teléfonos celulares y documentación clave para reconstruir la maniobra.

En el ámbito penal, dos policías y el comerciante vinculado a la logística fueron notificados y quedaron en libertad supeditada a la causa.

Al respecto, Catalán remarcó: “Hay que determinar cómo trabajaba el circuito y qué documentación dejaban para llevar a cabo esa acción”. Asimismo, aclaró que resta analizar una gran cantidad de evidencia para fijar un encuadre legal definitivo.

Por su parte, en el plano administrativo, el Jefe de Policía, Tomás Díaz Pérez, firmó una resolución resolviendo el pase a disponibilidad de un total de tres uniformados (dos de alto rango mencionados en la causa y uno de menor jerarquía de la Dirección de Tránsito que no está judicializado). La medida implica el apartamiento preventivo de sus funciones y la percepción del salario mínimo sin adicionales mientras avance el expediente disciplinario a cargo de Asuntos Internos.

El foco del caso permanece en determinar quiénes autorizaban las salidas, cómo se coordinaba la logística clandestina y cuál era la responsabilidad concreta de cada uno de los implicados.