Juicio político a Javier Milei: ¿Cómo es el proceso que podría llevar a su destitución?
La oposición inicia el proceso de juicio político contra Milei por el escándalo de la criptomoneda $LIBRA.
Javier Milei en el Congreso.
La oposición dura, conformada por los bloques de Unión por la Patria, tres diputados de Encuentro Federal y el Frente de Izquierda, presentaron proyectos de ley separados para iniciar un juicio político contra el presidente Javier Milei. La causa se centra en su implicación en el lanzamiento de la criptomoneda Libra, la cual, en pocas horas, generó pérdidas millonarias para miles de personas.
¿Qué es el juicio político?
El juicio político es un procedimiento contemplado en la Constitución Nacional de Argentina, destinado a investigar y, en su caso, sancionar a funcionarios públicos de alto rango, como el presidente, por la posible comisión de delitos durante el ejercicio de sus funciones, o incluso crímenes comunes.
Este mecanismo tiene como fin la destitución del funcionario acusado si se comprueba su responsabilidad política.
Según la Constitución, la Cámara de Diputados actúa como acusadora a través de la Comisión de Juicio Político, que está compuesta por 31 miembros que se distribuyen proporcionalmente según la representación parlamentaria de los distintos bloques.
Los pasos del juicio político
Esta comisión se encarga de analizar las denuncias presentadas. El primer paso es la declaración de admisibilidad de las denuncias, en función de los hechos relatados y las acusaciones formuladas. Para que las denuncias sean aceptadas, se requiere el voto favorable de al menos la mitad más uno de los miembros de la comisión (16 votos).
Si las denuncias son aceptadas, se procede a abrir formalmente la investigación, la cual incluye la formulación de cargos, la citación de testigos y la solicitud de informes al Poder Judicial. Se recogen pruebas que sustentan las acusaciones.
Una vez recopiladas las pruebas, la comisión emite un dictamen acusatorio, que debe ser respaldado por la mayoría de los miembros (más de la mitad). Este dictamen luego se somete a votación en la Cámara de Diputados, donde se requiere una mayoría de dos tercios para aprobarlo.
El juicio político, un derecho constitucional para destituir al presidente y otros funcionarios
El artículo 53 de la Constitución nacional prevé que la Cámara de Diputados “ejerce el derecho de acusar ante el Senado al presidente, vicepresidente, al jefe de gabinete de ministros, a los ministros y a los miembros de la Corte Suprema”.
El artículo 59 de la Carta Magna, en tanto, indica que «al Senado corresponde juzgar en juicio público a los acusados por la Cámara de Diputados, y aclara que «cuando el acusado sea el presidente de la Nación, el Senado será presidido por el presidente de la Corte Suprema».
El artículo 60 de la Constitución sostiene que el fallo del Senado “no tendrá más efecto que destituir al acusado, y aun declararle incapaz de ocupar ningún empleo de honor, de confianza o a sueldo en la Nación”.
«Pero la parte condenada quedará, no obstante, sujeta a acusación, juicio y castigo conforme a las leyes ante los tribunales ordinarios«, agrega.
Si el dictamen es aprobado en Diputados, el juicio continúa en el Senado
El Senado es el encargado de juzgar al acusado en un juicio público. En el caso del presidente de la Nación, este juicio será presidido por el presidente de la Corte Suprema. La decisión final, que puede ser la destitución o la absolución del acusado, requiere el voto favorable de las dos terceras partes de los senadores.
El último juicio político en Argentina se realizó en 2023 contra los jueces de la Corte Suprema, en un proceso que demandó varios meses de trabajo de la comisión correspondiente. Aunque se emitió un dictamen acusatorio, el juicio no prosperó en el recinto debido a que el oficialismo no contaba con los votos necesarios para aprobarlo.
Con información de Noticias Argentinas
Estafa con $LIBRA: las otras alternativas de la oposición
En los bloques de la oposición dialoguista promueven alternativas menos extremas para darle intervención al Congreso sin caer en un juicio político, que por un lado necesita dos tercios de los votos en ambas cámaras (en Diputados para acusar, y en el Senado, para juzgar), y por otro tiene, como fin último, la destitución del acusado.
Democracia para Siempre, el bloque de radicales disidentes a Rodrigo De Loredo, presentó este lunes un proyecto para crear una comisión investigadora sobre la conducta de Milei. A diferencia del juicio político, puede aprobarse con mayoría simple, por lo que tiene más posibilidades de avanzar.
La bancada propone que la comisión esté integrada por 15 diputados y que sea presidida por el partido opositor con mayor cantidad de legisladores (en este caso, Unión por la Patria). El proyecto, encabezado por el diputado Pablo Juliano, le da al cuerpo tres meses desde su conformación para producir “sus informes, dictámenes y conclusiones”.
“Si como consecuencia de la investigación, o en el transcurso de ésta, se advirtieran supuestos de mal desempeño o delitos de acción pública, la comisión deberá promover los procesos de remoción o formular las pertinentes denuncias penales”, indica el proyecto.
La Coalición Cívica de Elisa Carrió también había propuesto una comisión investigadora, pero este lunes eligió el camino de la Justicia y presentó una denuncia penal para que se investigue la posible comisión de los delitos de estafa, cohecho o dádivas promovidos desde el Poder Ejecutivo.
En Encuentro Federal, los diputados que no quieren ir por el juicio político (entre ellos el propio Pichetto y el cordobés Oscar Agost Carreño) optaron por presentar un pedido de informes. El texto no fue acompañado por los diputados más fieles al gobernador cordobés Martín Llaryora, que hasta el momento no promovieron ni apoyaron ninguna iniciativa.
El pedido está dirigido al Ministerio de Economía, al Banco Central, a la Comisión Nacional de Valores y la Unidad de Información Financiera. Incluye 23 preguntas donde buscan determinar qué funcionarios o asesores participaron en la estrategia de difusión de la criptomoneda, si existieron contactos previos entre los promotores del token y el entorno del Gobierno, y si allegados al oficialismo obtuvieron beneficios económicos.
Por último, el Frente de Izquierda salió a pedir, a través del diputado Nicolás Del Caño, que Milei sea interpelado en el Congreso “para brindar informes verbales acerca de la escandalosa promoción de una estafa millonaria desde sus redes sociales”. En su proyecto de resolución, solicitan que el evento se transmita por cadena nacional.
El PRO y la UCR son los dos principales bloques que, hasta el momento, no promovieron ninguna iniciativa parlamentaria. “Urgen aclaraciones oficiales, sino será el Parlamento quien deberá posicionarse al respecto”, amenazó el bloque de De Loredo. El macrismo, por su parte, pidió investigar el caso “a fondo”, pero rechazó un juicio político “en esta instancia”. En Unión por la Patria leyeron esa última aclaración como una especie de amenaza a Milei.
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