Antes del escándalo por los fondos, la mutual de Neuquén ya había sido denunciada por afiliaciones forzadas
La fiscalía tiene abierto un legajo en contra del dirigente de la Uocra desde octubre del 2024. Fue mutando la calificación legal, de presuntas coacciones a administración fraudulenta. Los testimonios de los trabajadores.
Los documentos secuestrados quedaron a resguardo de los investigadores para su clasificación y análisis. (Foto: Matías Subat)
Los allanamientos a Juan Carlos Levi fueron la consecuencia de una investigación que comenzó en octubre de 2024, a partir de denuncias presentadas por un grupo de obreros por afiliaciones compulsivas. El secretario adjunto de la Uocra está sospechado de haber transferido millonarias sumas de dinero desde la mutual que preside a empresas propiedad de sus hijas.
«El día de ingreso a la empresa que contrata mis servicios como trabajador, soy forzado a firmar la afiliación a la mutual de construcción de trabajadores de Neuquén, como condicionante para no ser despedido», expresa una de las denuncias a las que tuvo acceso diario RÍO NEGRO.
El abogado Maximiliano Gómez dijo que inicialmente fueron 12, pero «se están sumando». Es querellante en la causa y anticipó un plan de acción de cuatro puntos que incluye solicitar el embargo de los bienes de la entidad.
La mutual y las denuncias
Juan Carlos Levi fundó la «Asociación Mutual de los Trabajadores Constructores Neuquinos» al parecer en 2017 según las fuentes consultadas pero la mantuvo sin actividad varios años.
En 2024 comenzaron las denuncias de afiliaciones compulsivas, patrocinadas por los abogados Gómez y Elio García.
La fiscalía de Actuación Genérica consideró que no se pudieron probar las maniobras pero remitió el legajo a sus colegas de Delitos Económicos para que investiguen el destino de unos mil millones de pesos que recaudó en el primer semestre del 2025. De esta manera, el caso continuó activo.
Los testimonios de los trabajadores
Los trabajadores expusieron por escrito que «me afiliaron contra mi voluntad» y que a cambio «no recibo beneficio alguno». Cada quincena, las operadoras les retenían el 3% del sueldo, dijo Gómez.
Los damnificados agregaron que «cuando manifesté mi voluntad de no ser afiliado, fui amenazado y se me dijo que me iban a echar por orden de Levi».
Los denunciantes, de acuerdo con el texto, dejaron asentado algo más: «esta situación la vivimos gran parte de los trabajadores del sindicato Uocra de la localidad de Añelo donde Juan Carlos Levi ejerce presión mediante amenazas para dar empleo en las empresas».
Los nueve allanamientos
Si bien esta parte de la denuncia no se pudo probar, el escándalo se destapó en los últimos días con los nueve allanamientos simultáneos a viviendas particulares de Levi, sus hijas, cuñados y sedes de la mutual.
En el primer semestre del 2025 la entidad recibió aportes de sus afiliados por mil millones de pesos, y les pagó a dos empresas y un particular 950 millones de pesos.
El paquete accionario de esas empresas, como reveló este medio, pertenece a las hijas de Juan Carlos Levi. Se trata de JA Construcciones SRL y KIM SRL.
Una de las hijas, Macarena Marina Abigail Levi, es a la vez vocal primera de la mutual.
Más relaciones familiares
Ambas empresas fueron constituidas por una persona llamada Walter Andrés López, quien además se desempeña como gerente general. De acuerdo con el Boletín Oficial es cuñado de Juan Carlos Levi: está casado con Flavia Marianela Marité Barahona, hermana de la esposa del dirigente sindical.
Ángela Barahona, de ella se trata, asumió como diputada provincial por Comunidad el 10 de diciembre del 2023 y renunció el 11 de julio del 2024 después de haber asistido a apenas el 30% de las sesiones.
La causa está caratulada como presunta administración fraudulenta.
La documentación secuestrada en los allanamientos es analizada ahora por personal de Delitos Económicos.
Cuatro pasos
La mutual de Juan Carlos Levi «tiene libros desde el 2022, y en 2023 empezó a afiliar compulsivamente», afirmó Maximiliano Gómez, abogado de los trabajadores que presentaron la denuncia.
Dijo que «hubo una coacción para que se afilien» a la mutual AMTCN «pero a cambio no obtenían beneficio alguno. Por ejemplo les prometían beneficios con farmacias y no existían los convenios».
Como prueba de ello entregó a diario RÍO NEGRO copia del oficio que una empresa le envió en octubre del 2024 a la fiscal Paula González, de Actuación Genérica, mediante el cual afirma que «no tiene ningún tipo de arreglo, convenio o acuerdo con la mutual que otorgue algún tipo de beneficio a sus asociados».
El letrado dijo que «sigo siendo querellante, porque el legajo es el mismo aunque cambió la calificación legal de coacción a administración fraudulenta». En ese sentido anticipó los cuatro ejes sobre los que trabajará de ahora en adelante.
Embargo de las cuentas
En primer lugar, promoverá el embargo de las cuentas de la mutual involucrada en la maniobra.
Además, promoverá «la desafiliación masiva mediante cartas documento a la mutual, con notificación a las empresas para que cesen con los descuentos».
Tercero, dijo que iniciará una acción civil por daños y perjuicios contra Levi. Y en cuarto lugar, también accionará contra las empresas «porque aplicaron un descuento que no está contemplado en la ley».
En este contexto, tiene previsto solicitar la restitución de los aportes «porque no tuvieron ningún beneficio a cambio».
Los allanamientos a Juan Carlos Levi fueron la consecuencia de una investigación que comenzó en octubre de 2024, a partir de denuncias presentadas por un grupo de obreros por afiliaciones compulsivas. El secretario adjunto de la Uocra está sospechado de haber transferido millonarias sumas de dinero desde la mutual que preside a empresas propiedad de sus hijas.
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