Crisis carcelaria en Neuquén: primera reunión para encontrar una solución integral

Fue convocada por el Poder Ejecutivo; hubo representantes del Poder Judicial, el Comité contra la Tortura y el Colegio de Abogados, entre otros.

Cuando se habla de crisis carcelaria, el marco excede la construcción de más celdas para solucionar la superpoblación. Así pareció entenderlo el gobierno de Neuquén, que por primera vez en décadas convocó a una amplia reunión con el objetivo de dar los primeros pasos en la búsqueda de una salida integral.

«Fue una reunión interesante, porque están sumando a todas las áreas para pensar la problemática», dijo el vicepresidente del Comité contra la Tortura, Roberto Samar. «El espacio de detención es uno más donde debe estar el Estado», agregó.

Por su parte la defensora de Ejecución Penal, Luciana Petraglia, destacó que «la cuestión carcelaria no depende solo de Seguridad, es población objetivo de todos los otros ministerios: trabajo, educación, salud. Las políticas públicas tienen que llegar a la población carcelaria».

La amplia mesa se reunió este martes a la mañana en la Casa de Gobierno. Los anfitriones fueron la ministra de Desarrollo Humano, Gobiernos Locales y Mujeres, Julieta Corroza; el ministro de Seguridad, Matías Nicolini; y el de Trabajo, Lucas Castelli. Asistieron representantes de las áreas de salud, educación, obras públicas y planificación. También el subjefe de la Policía provincial, Walter San Martín.

Por el Tribunal Superior de Justicia fue la presidenta, Soledad Gennari. La defensa pública estuvo representada, además de Petraglia, por la secretaria penal de la defensoría general, María Luisa Andrada. Y Gastón Rosenfeld, titular de la Oficina de Calidad Institucional, asistió por el Ministerio Público Fiscal.

Sol Pérez de León fue por el Colegio de Abogados.

El diagnóstico está


Samar dijo que fue una «reunión de presentación» y que todos se comprometieron a presentar una propuesta en el próximo encuentro, pautado para el 7 de mayo.

«Se coincide en el diagnóstico pero quedó claro que hace falta un plan integral», dijo el representante del Comité Contra la Tortura, que asistió acompañado por Pablo Meuli.

Destacó la importancia del «gesto de invitar a todas las áreas. La cárcel es un espacio donde tienen que involucrarse distintos actores del Estado», indicó.

Más que una cuestión de infraestructura


La defensora Petralia remarcó que la reunión «fue interesante porque no se centró en hablar de infraestructura, sino en garantizar todos los derechos de las personas privadas de libertad».

«Hay que extender el marco, esto incluye además de las personas privadas de su libertad, a quienes tienen detención domiciliaria o transitan alguna etapa en libertad», dijo.

Recordó que en períodos anteriores «la respuesta a todo siempre era: se tiene que encargar el Ministerio de Seguridad. Pero Seguridad no tiene recursos, formación ni objetivos ministeriales para las políticas que estamos reclamando».

Una crisis que lleva años


La provincia de Neuquén atraviesa desde hace años una crisis carcelaria producto de diversos factores: la reforma procesal penal implementada hace una década trajo más condenas efectivas y más rápidas; el crecimiento poblacional hace subir la tasa de delitos y la entrega de la cárcel de Senillosa al sistema federal causó la pérdida de un espacio enorme de alojamiento.

Desde noviembre del 2022 las cárceles están cerradas: se fijó un cupo y no puede haber ingresos a menos que haya egresos. Además de la superpoblación, otros problemas son la falta de planes educativos, de talleres de oficios y de elaboración de informes criminológicos para que se cumpla con la progresividad de la pena.

El gobierno de Rolando Figueroa pidió y logró que la Legislatura apruebe la emergencia penitenciaria. Podrá endeudarse por hasta 50 millones de dólares para obras de infraestructura, básicamente, construir más pabellones. En la primera etapa se harán en Neuquén, Cutral Co y Zapala. El Ministerio de Infraestructura es el encargado de elaborar los proyectos de obras.


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