«Debería ser menos»: qué dijo la ministra de Seguridad sobre bajar la edad de imputabilidad a los 13 años
Alejandra Monteoliva sostuvo que hoy las organizaciones criminales "reclutan chicos" y que sus estructuras han mutado.
El Gobierno Nacional incluyó el proyecto de bajar la edad de imputabilidad en las sesiones extraordinarias de febrero. La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, habló por primera vez del tema desde que asumió su cargo y sostuvo que la modificación debería ser aún menor a la que se planteó en el debate anterior.
«La bajada de la edad de imputabilidad es clave y ojalá logremos que sea de 13 o 14 años, como se viene planteando. Pero creo que debería ser incluso un poquito menos porque la tendencia y la discusión está alrededor de los 12 y los 13 años», indicó la funcionaria en radio La Red.
La ministra explicó que la medida va «más allá de generar acuerdos», ya que se debería trabajar «sobre la evidencia».
Bajar la edad de imputabilidad a los 12 años: los motivos que dio Monteoliva
La titular de la cartera de Seguridad señaló que la actual normativa que se mantiene vigente desde 1980 quedó «desfasada» y no atiende los cambios que tuvieron las organizaciones criminales.
“Excepto Brasil, todos los países de la región establecen la imputabilidad penal entre los 12 y 14 años”, detalló Monteoliva y añadió que en Europa existe el mismo criterio.
Según reportaron desde Infobae, hasta el momento Bolivia, Chile, Colombia, Paraguay, Perú y Venezuela conforman la lista de los países de América del Sur y Centro que establecieron que la edad mínima de imputabilidad sea de 14 años.
A su vez, reportaron que en los sistemas penales europeos estableceron los 14 años como edad mínima de responsabilidad penal. A esto, sumaron que, según la jurisdicción, la legislación no admite que los menores que delinquen afronten sanciones penales e incluso aplican sanciones tipo socioeducativas.
Mientras tanto, hay otros países como Granada y Trinidad y Tobago que no siguen las recomendaciones de organismos de derechos humanos y fijaron la imputabilidad a los 7 años, destacaron desde Unicef.
Monteoliva afirmó que bajar la edad de imputabilidad es un «factor fundamental» para atacar el reclutamiento de menores en las bandas criminales.
Por último, acotó que, además de la legislación, también es necesario acompañar la iniciativa de estrategias preventivas y de contención, como así también reformar las instituciones y los recursos para que se integren con los menores involucrados en hechos ilícitos.
Advierten por el costo fiscal de bajar la edad de imputabilidad
En el dictamen de La Libertad Avanza y bloques dialoguistas del 2025, la cárcel se planteaba como última ratio.
Es decir, si al menor le correspondía una pena menor a 10 años, se podían aplicar sanciones alternativas, como prohibición de contacto con la víctima, de conducir vehículos, de salir del país, de asistir a determinados lugares o eventos, y prestación de servicios a la comunidad, entre otras.
Pero uno de los cabos sueltos tenía que ver con el costo fiscal de la ley, algo que nunca fue esclarecido del todo.
Es que el proyecto del Ejecutivo establecía que los menores que delinquen debían alojarse en institutos especializados y contar con “supervisores”. Esto implica reformas que requieren erogaciones presupuestarias. Desde Córdoba advertían que el Estado Nacional debía garantizar las asignaciones a las provincias para cumplir con la ley.
“Somos las provincias las que, en los delitos cuyos autores son jóvenes, tenemos competencia con las justicias provinciales. Ahí necesitamos recursos. En Córdoba hoy estamos atendiendo a condenados por delitos federales en nuestras cárceles provinciales. Debemos prever que cuando entre en vigencia esta ley, las provincias, CABA y el Estado Nacional tengan los recursos”, había planteado en aquel entonces la diputada cordobesa Alejandra Torres.
Curiosamente, el proyecto facultaba al jefe de Gabinete a reasignar partidas del Presupuesto para cumplir con las disposiciones; la misma receta que el mismo Gobierno se negó a aplicar para cumplir con la ley de emergencia en discapacidad, un tema que sigue trajinando en la Justicia.
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