Río Negro: El oficialismo propondrá a Santagati y logrará la reelección en la Defensoría del Pueblo
El bloque oficialista decidió apoyar a la actual Defensora y desplazó a la ex viceministra de Salud, Mercedes Ibero. El Adjunto será el peronista Alvaro Larreguy. Estos nombramientos se formalizan mañana en la sesión legislativa.
El bloque de JSRN propondrá mañana a Santagati por otro mandato y renovará su cargo en la Defensoría. Foto: Marcelo Ochoa.
El bloque mayoritario impulsará mañana a Adriana Santagati para otro mandato en la Defensoría del Pueblo, y al peronista Alvaro Larreguy como Adjunto.
La propuesta en favor de la actual Defensora para la sesión legislativa de mañana fue acordada esta tarde en la reunión de la bancada presidida por Facundo López y con los votos del Frente Renovador (que propuso a Larraguy como segundo en el órgano de control) se lograrán los votos suficientes para las designaciones por el período 2022-2027.
El oficialismo desplazó la posibilidad de que Mercedes Ibero ocupe la titularidad de la Defensoría.
López abrió la reunión del bloque y aludió a una encuesta entre los legisladores de JSRN donde Santagati había logrado mayor respaldo que la médica, que fue viceministra de Salud y es funcionaria de Planificación.
La elección de Santagati y Larreguy será mañana en la Legislatura, pero las definiciones ya están orientadas con la mayoría que lograrán JSRN y el FR.
En los últimos días, el escenario se movió y la designación de Mercedes Ibero se desestabilizó, y se reposicionó Santagati.
Las razones del cambio no están demasiadas claras. Se transmiten reparos por la mala imagen de imponer alguien con directa pertenencia gubernamental. Válida observación, salvo que es llamativa de quienes no se ruborizaron al nombrar a Fabian Gatti, otro funcionario y también candidato de JSRN, en la conducción de un órgano de control directo del Estado provincial, como la Fiscalía de Investigaciones Administrativas.
Retroceso político y señales borrosas
El retroceso de Ibero se explica en razones políticas y, esencialmente, en las diferencias internas en JSRN. Anoche en el bloque se vinculaba esta situación con la pasividad de la candidata frente a sus legisladores o con la inexistencia de pedidos de parte de la gobernadora Arabela Carreras o del senador Alberto Weretilneck.
Ella, aún su vínculo con Ibero, le habría adelantado que no intervendría en el proceso y el ex gobernador sí estaría actuando, no necesariamente en favor de la médica. Situación reflejada esta tarde en la postura de la bancada.
En contrapartida, Santagati avanzó en su renovación y se reposicionó porque en JSRN valoran que sus acciones en sus 10 años en la Defensoría -cinco como Adjunta de Nadina Díaz y cinco como titular- no significaron riesgos a las gestiones provinciales y, además, mantuvo vínculos sólidos con Weretilneck y Carreras.
El bloque de JSRN y su explicación
Concluida la reunión, la bancada oficialista informó que «decidieron proponer la continuidad» de Santagatti en la Defensoría, «ponderando y respetando los principios y valores que les dieron origen y en ese sentido subrayando la independencia de la figura que ocupe el cargo de titular» de ese organismo.
En un comunicado, los legisladores aludieron a «las muestras de cercanía y empatía de Santagatti así como también la sólida experiencia lograda y su intervención en el territorio».
Destacaron «su inserción a nivel nacional, la que se plasmó en el exitoso encuentro de Defensores realizado en Viedma».
Mientras tanto, en los últimos días, con el resurgimiento de Santagati también se reeditaron críticas a su conducción, que incluye una demanda «contencioso administrativa laboral» contra la Defensoría de parte de una letrada de Viedma.
Esa presentación en la Cámara Laboral en Viedma, formalizada en agosto del 2021, denuncia un “evidente acoso laboral y mobbing”.
El reposicionamiento y una denuncia del 2021
La abogada PB, representada por Luis Pravato, denunció en la Justicia un “cúmulo de violaciones y discriminaciones” durante la pandemia y que no se le permitió “readecuación de tareas a pesar de ser madre y estar a cargo de dos niñas, de 2 y 8 años”.
Argumentó que no le eran aceptadas por “licencias por razones particulares” y “que cambiaban las disposiciones arbitrariamente y sin preaviso”. Se entendió que existió un “evidente acoso laboral o mobbing”, con cambios varias veces del tipo y modalidad de contrato.
La Defensoría argumentó la puesta en marcha de una nueva organización del órgano en pandemia, con monitoreo de tareas y justificó el cese de la abogada por el bajo resultado de su desempeño por atrasos en expedientes y, además, incumplimiento de conductas preventivas en la pandemia. Se abrió un sumario y, finalmente, se dispuso la finalización del vínculo.
El expediente está en la Cámara Laboral y, recientemente, los jueces Gustavo Guerra Lavayen y Rolando Gaitán desestimaron un pedido de la Defensoría que planteaba que la abogada no había agotado la instancia administrativa.
Este proceso judicial se entromete en el actual debate por el futuro de la Defensoría, entre otros factores políticos e institucionales.
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