Demoliciones y gastos millonarios: el saldo del plan contra los «aguantaderos» en Cipolletti
El municipio lleva más de una decena de operativos en distintos barrios. El programa se exhibe como un sello de gestión, pero abre interrogantes sobre su financiamiento y el costo para los propietarios.
Más de 20 aguantaderos se demolieron en Cipolletti. (Foto: Gentileza)
En Cipolletti, la demolición de “aguantaderos” se transformó en una marca de gestión. El intendente Rodrigo Buteler aseguró que en menos de un año “se intervinieron más de 20 propiedades, entre grandes y chicas”, en distintos barrios de la ciudad.
El argumento oficial se apoya en la necesidad de “devolver tranquilidad” a sectores donde, según Buteler en diálogo con Diario RÍO NEGRO, funcionaban “espacios de venta de drogas, escondite de robos o refugios nocturnos”. Esto se vio reflejado también en su discurso durante el acto de apertura del 38° Período de Sesiones Legislativas 2025, señaló que “la seguridad es para nosotros una prioridad; queremos garantizar a las cipoleñas y los cipoleños que puedan caminar tranquilos y vamos a trabajar en consecuencia”. Bajo esa primicia el intendente de Cipolletti lleva adelante el plan “anti-aguantaderos”.
Durante el último año y medio, se llevaron a cabo múltiples operativos de demolición y limpieza de propiedades abandonadas utilizadas como aguantaderos en Brentana, Don Bosco, Almirante Brown, Luis Piedrabuena, Villa Alicia, barrio de los Plátanos, Don Bosco, Arévalo, 1200 Viviendas, Villegas (Alte. Brown A y B y zona Centro), Mengelle y O’Higgins, así como espacios estratégicos como la rotonda de la Ruta 22 y Pacheco.
Costos y responsabilidades
Cada intervención municipal en un “aguantadero” implica un desembolso importante. Según el intendente Rodrigo Buteler, un operativo de desarme está arriba de los tres millones aproximadamente, aunque la cifra varía según el tamaño y la complejidad de la propiedad. Las viviendas grandes, usurpadas o en riesgo de derrumbe requieren más recursos; las pequeñas casillas abandonadas, menos.
La municipalidad busca trasladar el costo a los propietarios cuando es posible. “Si hay un propietario identificado, se lo cobramos; si no lo encontramos, lo hacemos nosotros, porque privilegiamos la tranquilidad del barrio más allá de los costos”, explicó Buteler. Este esquema refleja que, por un lado, se prioriza la seguridad y el orden urbano; por otro, la inversión recae parcialmente en el erario municipal cuando no hay responsables claros.
Costos
- Más de 3 millones
- gasta el Municipio en un procedimiento de demolición de un aguantadero.
En la práctica, muchos de los terrenos intervenidos no tenían propietarios locales identificables o estaban en sucesiones abiertas, según indicó el jefe comunal.
La Secretaría de Servicios Públicos informó que continúan labrándose actas contravencionales a propietarios de terrenos baldíos que no realizan tareas de desmalezamiento, en el marco del plan de limpieza y reordenamiento urbano. Estas sanciones no solo se reflejan en las tasas municipales, sino que también incluyen el costo adicional de la limpieza que lleva a cabo el Municipio. En mayo, el valor de las multas podía alcanzar hasta 2.500 SAM, lo que equivale a un máximo de 2.312.500 pesos aproximadamente.
Un procedimiento con la intervención de múltiples áreas
Según explicó el intendente Rodrigo Buteler, los operativos contra los llamados “aguantaderos” comienzan a partir de denuncias vecinales, que llegan por distintos canales como WhatsApp, Instagram, el 109 o el 147. A partir de ese aviso, personal municipal realiza un relevamiento en el lugar para verificar la situación. El sistema combina gestión, coordinación con la Policía de Río Negro y apoyo de distintas áreas municipales: Protección Civil, Obras Públicas, Fiscalización, entre otras.
“Investigamos quiénes son los propietarios, si existen, si fallecieron o si se trata de terrenos municipales. En función de eso y de lo que esté ocurriendo en el inmueble, armamos una estrategia de intervención, que generalmente se lleva adelante con apoyo de la Policía”, detalló.
El intendente señaló que en muchos casos se trata de casas usurpadas, sin propietarios identificables, o con sucesiones sin resolver. También hay viviendas ocupadas de forma permanente, o espacios que se utilizan de noche y permanecen vacíos durante el día.
Uno de los casos más complejos fue el primer operativo en el barrio Villa Alicia, cerca de Perito Moreno. “Era una propiedad usurpada, muy pesada, que se usaba para alquilar habitaciones en condiciones precarias. Tuvimos que coordinar con la fiscalía y la Policía para realizar un allanamiento. Se desalojó a las personas que estaban viviendo allí, se detectó comercio ilegal y además la construcción presentaba riesgo de derrumbe, por lo que Obras Públicas intervino”, relató.
En Cipolletti, la demolición de “aguantaderos” se transformó en una marca de gestión. El intendente Rodrigo Buteler aseguró que en menos de un año “se intervinieron más de 20 propiedades, entre grandes y chicas”, en distintos barrios de la ciudad.
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