Un juez ordenó a la Andis restituir en Río Negro una pensión por discapacidad suspendida

El juez federal de Roca, subrogante en el juzgado de Viedma, Hugo Greca, ordenó a la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) restituir de manera inmediata una pensión no contributiva a una persona a la que se había quitado el beneficio.

El magistrado actuó en igual sentido a otro caso de Neuquén ante un recurso de amparo impulsado por un beneficiario de la pensión en Río Negro e hizo lugar a la medida cautelar solicitada mediante la cual otorgó un plazo de cinco días a la Andis para dejar sin efecto la suspensión del beneficio y que continúe el pago regular.

El juez no abundó en el fondo de la cuestión y no es el fallo definitivo, pero mientras que continúa el análisis del caso dispuso que la persona perciba sus habituales contribuciones “bajo apercibimiento de imponer astreintes a razón de pesos 35.000 pesos por cada día de retardo en el cumplimiento de la manda judicial”.

La sanción recaería en el titular de la agencia quien si no cumple podría incurrir en “desobediencia judicial”, según indica la resolución judicial fechada ayer y que fue motivo de celebración por parte del bloque de legisladores Vamos con Todos.

La pensión no contributiva por 382.377 pesos, que fue motivo de análisis judicial, fue suspendida en agosto sin mediar acto administrativo que respalde este accionar del Estado, según señaló el amparista quien remarcó que se trata de una aplicación de la vía de hecho.

El amparista consideró que “el peligro en la demora resultaría del ‘absoluto desamparo’ que describiría su situación resultante de la suspensión del beneficio, afectando la subsistencia misma del actor” y remarcó que la pensión es de “naturaleza alimentaria” por eso la urgencia del pedido de su restitución.

El juez evaluó que “se ha suspendido la prestación en términos materiales, y ella porta indudablemente un carácter alimentario básico para la subsistencia de quien, en principio y como presunción iuris tantum en tanto poseedor de esa pensión, no puede trabajar”. Agregó que por esta situación “sería errado juzgar procedente este aparente actuar de la Administración sin fundamento”.

También incorporó en su análisis que existe “peligro de un daño irreversible” por la situación económica, por las dificultades de salud acreditadas que le impiden al amparista trabajar.

Legisladores destacaron la decisión: «Marca un precedente»

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Los legisladores de Vamos con Todos destacaron que esta decisión judicial “marca un precedente claro frente al brutal ajuste que el gobierno de Javier Milei viene aplicando sobre las personas con discapacidad y sus familias, dejando a miles de compatriotas sin el único ingreso que les garantiza un piso de subsistencia”, expresaron en un comunicado de prensa.

Según se informó, el presidente del bloque, José Luis Berros, “presentó dos iniciativas en defensa de las personas afectadas en busca de que las acciones judiciales tengan mayor respaldo institucional”: por un lado una comunicación dirigida a la Fiscalía de Estado de Río Negro, para que promueva un amparo colectivo, y otra a la Defensoría del Pueblo de la provincia.

Recordó que en otras jurisdicciones el Estado provincial y las defensorías intervinieron en este tipo de casos. “Exigimos que las instituciones provinciales actúen con la misma firmeza y no abandonen a los vecinos que hoy están sufriendo”, señaló.