Dirigentes de organizaciones sociales de Neuquén piden el sobreseimiento en una polémica causa
La investigación fue archivada por falta de pruebas por tiempo indefinido; mientras tanto mantienen la categoría de imputados. Son dirigentes que fueron allanados y detenidos en julio del año pasado.
Una docena de dirigentes están bajo investigación desde hace casi un año, sin formulación de cargos. (Matías Subat)
Un grupo de dirigentes de organizaciones sociales investigados por presunta extorsión a militantes solicitaron su sobreseimiento. La causa fue archivada por la fiscalía de Delitos Económicos ante la falta de elementos para avanzar hacia una formulación de cargos, pero tal como plantearon los abogados defensores, los imputados tienen derecho a un pronunciamiento definitivo.
El fiscal jefe Pablo Vignaroli y el fiscal del caso Juan Narváez, con la adhesión de Martín Moya Assef por la fiscalía de Estado, se opusieron al sobreseimiento porque argumentaron que todavía pueden surgir nuevos elementos de investigación.
El juez Juan Guaita se tomó 48 horas para resolver, y su decisión se conocerá el martes próximo.
Denuncia y allanamientos
Este intrincado caso comenzó el 13 de mayo del 2024 con una denuncia de la fiscalía de Estado por diversos delitos que habrían cometido dirigentes de organizaciones sociales. En julio la fiscalía de Delitos Económicos realizó 14 allanamientos simultáneos con gran repercusión pública en la que hubo detenidos, en su mayoría mujeres.
Los defensores Federico Egea, Mariano Pedrero, Marcos Pastorutti y Fernando Diez los describieron como «estigmatizantes, violentos, innecesarios, agresivos», entre otros calificativos.
La fiscalía dividió los legajos: por un lado investigó una supuesta defraudación multimillonaria, y por el otro una presunta extorsión a militantes sociales. El primero de los casos tuvo su formulación de cargos esta semana, pero el segundo fue archivado en febrero por falta de pruebas para continuar.
La extorsión
La supuesta maniobra consistía en extorsionar a los militantes con quitarles beneficios -subsidios o bolsones de comida- si no asistían a movilizaciones o si no entregaban parte del dinero recibido.
Por esa acusación siguen imputados -porque el archivo no les quita esa condición- Gladys Ester Aballay; Graciela Ester Leuno; Romina Soledad Pacheco; Vanesa Vanina Zava; Darío Sebastián Holtz; Diego Augusto Mauro; Sonia Elizabeth Barrios; Lilian Larroza Velázquez; Ana María Montoya; Araceli López y Claudia Ruminot.
El defensor Egea dijo en la audiencia de este viernes ante el juez Guaita que en agosto del año pasado presentaron testigos que declararon que los aportes -de entre 500 y 1.000 pesos- eran «voluntarios» y que no había represalias contra quienes no los hacían.
Plazo razonable
Pidió el sobreseimiento para reparar «el nivel de exposición, estigmatización» que recibieron las personas allanadas y detenidas. «Pusieron en jaque su imagen. ¿Hasta cuándo van a tener abierta esta causa, hasta el plazo de prescripción? ¿Prescripción de qué delito, si la fiscalía ni siquiera nos dice de qué delito los acusa?», preguntó.
En el mismo sentido, Pedrero señaló que a los imputados le asiste «el derecho a librarse del estado de sospecha. Si no, quiere decir que la fiscalía tiene facultad de sobreexponer públicamente a los ciudadanos, y dejar la causa abierta no sabemos por cuánto tiempo, total la mancha pesa sobre otro.»
En rigor, el Ministerio Público Fiscal archiva miles de causas por año y la opinión pública ni se entera de quiénes fueron los imputados. Una de las grandes diferencias con este caso es la repercusión mediática que tuvieron las acusaciones contra los dirigentes, a partir de las conferencias de prensa y entrevistas periodísticas que dieron los fiscales.
En la audiencia de este viernes, fiscalía y defensas coincidieron en citar el mismo ejemplo: el de un hombre que estuvo investigado por presunto abuso sexual, al que nunca le formularon cargos y sin embargo le dictaron el sobreseimiento para despejar las dudas sobre su inocencia ya que el caso había tenido trascendencia pública. «Salvando mucho las distancias, es la misma situación«, afirmó Egea.
Un grupo de dirigentes de organizaciones sociales investigados por presunta extorsión a militantes solicitaron su sobreseimiento. La causa fue archivada por la fiscalía de Delitos Económicos ante la falta de elementos para avanzar hacia una formulación de cargos, pero tal como plantearon los abogados defensores, los imputados tienen derecho a un pronunciamiento definitivo.
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