El Comité provincial contra la Tortura estará en el presupuesto 2024
La diputada Liliana Murisi (MPN), aseguró que la asignación a partir de enero, estaba garantizada. El Comité ya funciona en la ex U9
Son 8 integrantes del Comité que están nombrados desde marzo. Ya se dictaron su reglamento interno (foto Matías Subat)
«Encontramos la posibilidad de atender los gastos y el presupuesto que eleva el Comité», dijo la diputada del MPN, Liliana Murisi (comisión de Hacienda de la Legislatura) sobre la inclusión de una partida presupuestaria que no figuraba en el ejercicio 2.024. Explicó que en la legislatura, tras la visita del ministro Guillermo Pons y del prosecretario administrativo, se logró zanjar el aspecto formal que destrabó finalmente la asignación específica de fondos, a partir de enero.
«En ambos casos, (por las consultas) encontramos la posibilidad» a través de una erogación y contribuciones figurativas, señaló. El mecanismo será que la partida saldrá del Ejecutivo, con destino a la Legislatura –porque el Comité depende administrativamente de la cámara- para ser direccionado al organismo creado por ley en 2019, pero que recién comenzó a funcionar este año.
La diputada señaló que el despacho logrará las firmas el 21 ó el 28 de noviembre, ya que la sesión plenaria del 29 y 30 está prevista para la sanción en general y particular de los números 2024. Será la última sesión del año de la Legislatura neuquina antes del cambio de mando en la provincia.
La disponibilidad de fondos se prevé a partir de 2024. El Poder Ejecutivo enviará la partida «y la Legislatura los recibe para atender las necesidades el Comité», que si bien depende funcionalmente de la Legislatura, tiene autonomía de funcionamiento y autarquía económica. El comité sacó su reglamento y fijó un presupuesto cercano a los 220 millones de pesos.
Desde agosto que el Comité contra la Tortura funciona con 8 personas, nombradas en marzo tras un largo proceso de selección y definiciones. Cuando la administración central envió los números para 2024, el organismo que debe ser veedor de las condiciones dignas de reclusión en instituciones carcelarias, en hogares para tercera edad, en instituciones de infancias judicializadas y de salud mental en la provincia, no estaba previsto.
«Fue una omisión involuntaria», opinó Murisi quien detalló que debido a que la ley se sancionó hace varios años y el decreto reglamentario se logró a fines de 2021(con un proceso de nombramiento que demandó un año más) no se tuvo en cuenta este año que el Comité ya requería fondos para iniciar su labor.
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