El Gobierno provincial intervino la Cooperadora Policial de una comisaría de Roca

El gobierno de Río Negro intervino la Cooperativa Policial de la Comisaría Tercera de Roca tras una presentación del jefe la Policía, Daniel Bertazzo, a comienzos de julio, en la que expresó sus reparos por irregularidades administrativas, contables y económicas ante el Ministerio de Gobierno, Trabajo y Turismo, Fabián Gatti.

«La decisión se tomó para normalizar su funcionamiento, garantizar el cumplimiento y resguardar el interés público», indicó el Ministerio de Gobierno, según se desprende del Boletín Oficial donde se comunica la intervención.

El 8 de julio de este año el Ministerio de Gatti pidió con carácter urgente a la Inspección General de Personas Jurídicas y al Ministerio de Seguridad y Justicia, informes sobre la situación de la Cooperadora.

Según el Boletín Oficial, las autoridades de la comisaría Tercera recolectaron información que afirmaba la falta de convocatoria a asambleas ordinarias por un periodo mayor a ocho años.

Según se describió, la Cooperadora no informó, como establece la resolución 1529/10 del ministerio, «los ingresos diarios, cuota social, donaciones, aportes públicos y / o privados, egresos, gastos, etc, debiendo informar en forma mensual a la Jefatura» con respaldo de los comprobantes respectivos.

Esta información no se conoce desde junio de 2018.

Según se argumenta, el Decreto Nº 1157/85 indica que de constatarse “irregularidades administrativas contables o de funcionamiento, la cooperadora policial podrá ser intervenida por resolución de la Jefatura de Policía en actuaciones donde se acrediten los cargos”.

Según el Boletín Oficial, en junio unos 530 socios recibieron correos electrónicos en donde se informó el cese del servicio de monitoreo de alarmas que brindaba en la ciudad.

El Ministerio de Gobierno indicó que el mandato del presidente actual, Jorge Quiroz, estaba vencida y que no existía comisión directiva en actividad.

En este contexto, desde la Inspección General de Personas Jurídicas se solicitó la Intervención de la Asociación Civil Cooperadora Policial Unidad Tercera, ya que se encuentra en situación irregular desde ejercicio 2016, «habiendo omitido la celebración de las asambleas generales ordinarias y en consecuencias el tratamiento de ella memoria y balance, como también la elección de autoridades, en clara contravención a las disposiciones estatutarias».

Además se indicó que la entidad también se encuentra en situación de irregularidad institucional ante el Ministerio de Seguridad y Justicia, lo que le ha impedido percibir los aportes provinciales y nacionales que constituyen su principal fuente de funcionamiento.

Por todo lo anterior se ordenó la intervención de «la Asociación Civil Cooperadora Policial de la Unidad Tercera, por el término de de Ciento Ochenta 180 días a efectos de normalizar su situación» y se designó como interventor ad honorem al Mario Alberto López.