El Gobierno sanciona a gremios de transporte con multas millonarias por los paros de febrero 2026
El ministerio de Capital Humano impuso multas sin precedentes a los gremios del transporte por desconocer la conciliación obligatoria durante los paros de febrero. Con un total de $90.000 millones en juego, el Gobierno lanzó una advertencia final: si los sindicatos no pagan, iniciarán el proceso para quitarles la personería gremial.
La administración de Javier Milei decidió escalar el conflicto con los gremios del transporte tras el incumplimiento de la conciliación obligatoria dictada en febrero.
A través de la Secretaría de Transporte, bajo la órbita del ministerio de Capital Humano, se oficializaron multas millonarias que marcan un punto de inflexión en la relación con los sindicatos.
La Unión de Tranviarios Automotor (UTA) deberá afrontar un pago de $70.000 millones, mientras que La Fraternidad, el sindicato de los maquinistas de trenes, fue sancionado con $20.000 millones. Ambas medidas responden a la desobediencia de los plazos legales de mediación durante la jornada de protesta del pasado 19 de febrero.
Desobediencia legal y quiebre de la conciliación: los motivos de la sanción
Según el Ejecutivo, los gremios vulneraron los procedimientos de manera deliberada. La UTA se encontraba bajo conciliación obligatoria hasta el 26 de febrero, y La Fraternidad desde el día 4. Al plegarse al paro convocado por la CGT, las organizaciones quedaron sujetas a la ley vigente, habilitando la intervención de la cartera que dirige Sandra Pettovello.
Aunque la Casa Rosada analizó inicialmente la quita de la personería gremial, optó por la vía monetaria como una «instancia de advertencia» antes de avanzar hacia una medida irreversible.
Ultimátum oficial: personería gremial en juego
Desde el entorno presidencial advierten que el pago de las multas no es negociable. El Gobierno ha sido enfático: si los sindicatos apelan o desconocen los desembolsos, se activará el expediente para retirarles la personería gremial. Esto significaría que la UTA y La Fraternidad perderían su estatus legal para negociar paritarias y representar formalmente a los trabajadores.
«Deben cumplir con la ley», sentenciaron fuentes oficiales, marcando que el control sobre los servicios públicos será estricto para evitar nuevas afectaciones a la libre circulación.
La administración de Javier Milei decidió escalar el conflicto con los gremios del transporte tras el incumplimiento de la conciliación obligatoria dictada en febrero.
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