Más disidencias al proyecto de Gennuso para el puerto San Carlos, en el centro de Bariloche

Un referente social señaló que la iniciativa alienta la especulación inmobiliaria. Anteriormente el legislador Chiocconi también puso la mirada en el proyecto y un exconcejal presentó una alternativa.





La iniciativa del intendente Gustavo Gennuso para reactivar el puerto San Carlos y la excursión a la isla Huemul bajo la figura de una sociedad del Estado recibió también un fuerte cuestionamiento del sociólogo e investigador del Conicet Tomás Guevara, quien dijo que el proyecto enviado al Concejo apunta a “alimentar la especulación inmobiliaria sin mayor provecho para la comunidad”.

Observó que el articulado no deja en claro qué rédito se asegura el Estado con las futuras concesiones del espacio público, que podrían ser de hasta 70 años,y tampoco plantea mecanismos de redistribución de la renta del suelo que se vaya a movilizar”, como sí ocurrió en la reconversión de la costanera de Rosario, a pesar de que ese caso es puesto como ejemplo por el propio Gennuso.

Las críticas de Guevara coinciden con las ya expresadas por el legislador del PJ y precandidato a intendente Ramón Chiocconi y por el ex presidente del Concejo municipal Jorge Mogensen.

Según el investigador, que también es referente de la Mesa de Tierras y de la Fundación Ambiente y Hábitat Sustentable, los negocios que se puedan promover en el área costera céntrica tendrían que incorporar un aprovechamiento del Estado bajo el concepto de plusvalía, lo cual no está contemplado en el proyecto.

Entendió que “la modernización de la zona en cuestión puede, y segurmanete lo hará, valorizar propiedades adyacentes, que se podría plantear para captar parte de ese plusvalor generado”.

Según Guevara, “lo más grave” de la propuesta de Gennuso es no prever ese aprovechamiento y “seguir apostando al ‘derrame’ que puedan generar más y más espacios cedidos al interés turístico-inmobiliario”.

Subrayó que la relación del intendente con esos intereses “es completamente opaca” y, a su entender, alcanzan a modo de ejemplo las concesiones de Capsa, de Powerlink y de la transportista Mi Bus.

El especialista consideró que “el municipo, para este tipo de planes, tiene la obligación de generar instancias participativas”, con empleo del llamado “rango 1” de planificación urbana, que incluye la realización de audiencias públicas y la aprobación en el Concejo con mayoría especial.

“En este caso -cuestionó-, no queda para nada claro que la empresa estatal (a quien se encargaría el gerenciamiento del puerto) quede sujeta a estas mismas normativas, lo que implica una falta de control absoluto”.

Observó además que proyectos de semejante envergadura “requieren una enorme credibilidad por parte de la ciudadanía y suelen ser encarados al principio de la gestión”, como ocurrió en Rosario y en la ciudad de Buenos Aires, mientras que Gennuso busca impulsarlo “a un año de terminar su mandato, con una credibilidad muy desgastada”.


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