El Senado sesiona por última vez antes del receso en un test de fidelidad para los aliados

El oficialismo buscará aprobar la ley de inviolabilidad de la propiedad privada, que costó duras negociaciones con los dialoguistas. El proyecto libera la venta de tierras a extranjeros. También se votará la continuidad de un juez cuestionado.

Por Carolina Ramos

El oficialismo buscará aprobar la ley de inviolabilidad de la propiedad privada. (Foto: prensa Senado)

El oficialismo buscará aprobar la ley de inviolabilidad de la propiedad privada. (Foto: prensa Senado)

La Libertad Avanza enfrenta su último desafío legislativo antes del receso invernal y pone a prueba la relación con los aliados. El escenario será el Senado, que sesionará este jueves desde las 12 para tratar el proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada (que, entre otros puntos, libera la venta de tierras a extranjeros) y la continuidad de un juez del fuero laboral que favoreció al Gobierno.

El recinto reabre sus puertas por primera vez desde que renunció Manuel Adorni. El caso del ahora exjefe de Gabinete investigado por la Justicia trababa la agenda y había hecho fracasar la última convocatoria, hace tres semanas. Ahora que el funcionario dejó el Gobierno, Patricia Bullrich intenta retomar la normalidad e impulsó una nueva sesión para destrabar temas que le interesan a la Casa Rosada.

Pese al ímpetu de la jefa del bloque oficialista, La Libertad Avanza tendría los números justos para el quórum (37 senadores), por lo que la sesión se transformará en un test de fidelidad para los bloques dialoguistas. Una ausencia inesperada podría hacer caer la sesión.

En el temario sobresale el polémico proyecto del ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, que introduce cambios en venta de tierras, expropiaciones, desalojos y uso de terrenos incendiados.

El avance de la iniciativa fue por demás costoso para Bullrich, que tuvo que aplazar el tratamiento tres veces. El texto tiene dictamen desde el 20 de mayo, pero desde entonces sufrió numerosas modificaciones y llegó a tener 13 borradores distintos. La senadora confía en que esta vez podrá aprobarlo con apoyo del PRO, la mayoría de la UCR y algunos de los bloques provinciales.

El proyecto elimina por completo los límites para la compra de tierras por parte de particulares extranjeros, algo que la oposición califica como un atentado a la soberanía nacional. Los Estados foráneos mantendrán la prohibición de comprar, mientras que las empresas públicas extranjeras y las sociedades con participación estatal extranjera deberán contar con autorización de la provincia y del Poder Ejecutivo Nacional.

Por otra parte, el proyecto endurece los requisitos para que el Estado expropie empresas. El Gobierno remarca que Argentina es el segundo país con más denuncias ante el CIADI en todo el mundo con 65 casos, entre los que se destacan los de expropiaciones. “Nuestra Ley de Expropiaciones es obsoleta, deja vacíos legales, zonas grises y reglas de juego tan poco claras que cualquier cambio de rumbo termina en un tribunal internacional”, argumentó el vocero presidencial, Adrián Ravier.

En otro orden, se agilizan los procesos de desalojo para que los dueños recuperen más rápidamente su propiedad ante ocupaciones ilegales (se tramitarán por juicio sumarísimo en lugar de la vía ordinaria) o también ante la falta de pago de inquilinos. En esta última circunstancia, el propietario deberá intimar al inquilino, que tendrá al menos 10 días corridos para regularizar su situación. Si no lo hace, podrá iniciarse la acción de desalojo en un procedimiento breve.

Por otra parte, se dará marcha atrás con la ley de Máximo Kirchner que prohíbe modificar el uso que se le da a las tierras posteriormente a un incendio (sea intencional o no) por períodos de entre 30 y 60 años. Solo regirá la protección para los bosques nativos, pero ya no para campos agrícolas o bosques implantados. Por último, el proyecto moderniza el Registro de Propiedad del Inmueble.

Pliegos


La Cámara alta también avanzará con más de 30 pliegos diplomáticos y judiciales. Entre ellos el de Víctor Pesino, integrante de la Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo. El magistrado cumple 75 años a fin de mes y requiere del acuerdo del Senado para seguir cinco años más en el cargo.

Pesino es el juez que dejó sin efecto la cautelar de la CGT que ponía en jaque el grueso de la reforma laboral. Su pliego fue enviado al Senado al día siguiente de ese fallo y fue visto como una “devolución de favores” por parte del Gobierno. El magistrado dijo en la Comisión de Acuerdos que se trató de una mera coincidencia de fechas y que su proceso ya venía en marcha.

Antes de la votación de Pesino, el Senado podría darle ingreso formal a otra tanda de pliegos que envió el Poder Ejecutivo, donde figuran dos candidatos a la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital Federal, el estratégico tribunal que revisa los fallos de los jueces de primera instancia de Comodoro Py.

Los postulantes son Pablo Bertuzzi y Pablo Yadarola, ambos para la Sala I, que interviene en la causa $LIBRA que involucra a los hermanos Milei. En el caso de Bertuzzi, integra actualmente la Cámara Federal por haber sido trasladado desde un Tribunal Oral Federal durante la gestión de Mauricio Macri. Ahora Milei busca ratificar esa designación con aval del Senado.

Tras la sesión, el Congreso ingresará en un receso invernal de dos semanas, pero al regreso lo esperan debates relevantes. El Ejecutivo enviará los proyectos de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y de Inocencia Fiscal. También están en carpeta (con distintos grados de avance en las negociaciones) la reforma electoral, el recorte a los subsidios al gas en Zonas Frías, el Súper RIGI, la nueva Ley de Salud Mental y la Ley Hojarasca.

Corresponsalía Buenos Aires.


La Libertad Avanza enfrenta su último desafío legislativo antes del receso invernal y pone a prueba la relación con los aliados. El escenario será el Senado, que sesionará este jueves desde las 12 para tratar el proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada (que, entre otros puntos, libera la venta de tierras a extranjeros) y la continuidad de un juez del fuero laboral que favoreció al Gobierno.

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