Elecciones 2023: en Río Negro se dificulta la designación de autoridades de mesas
El pago de 12.000 pesos por esa carga no es suficiente. Un 16% de las mesas aún no tienen responsables por la cantidad de excusaciones.
La documentación de las mesas ya está preparada en el Juzgado electoral de Río Negro. Fotos: Marcelo Ochoa.
El pago de 12.000 pesos por la jornada del 16 de abril no parece suficiente y hay dificultades en las confirmaciones de las autoridades para las elecciones.
Falta una semana y, con una primera tanda de notificaciones, un 16% de las mesas -286 de un total de 1.801- no tienen todavía ninguna autoridad porque no se logró informar a la persona, según los datos de la secretaría Electoral.
Del resto, un 29% -516 mesas- tiene una sola autoridad localizada, pero cuya aceptación y presencia ya permitiría abrir la urna asignada. El otro 55% tiene dos o tres de sus autoridades designadas notificadas.
Ese informe corresponde a la primera tanda de más de 5.500 telegramas distribuidos por el Correo, que corresponden a las autoridades titulares.
La segunda convocatoria se puso en marcha con el propósito de disponer de los tres responsables programados aunque se advierte que no será simple.
Algunos casos se registraron de imposible ubicación o no aceptación en las seis autoridades de la mesa entonces el Juzgado está designando a otras personas.
En principio, el Juzgado Electoral, a cargo de Carlos Da Silva, entregó al Correo Argentino una lista de 10.710 ciudadanos, que corresponden a seis electores sorteados por mesa con el propósito que se constituyan en autoridades. Se notifican inicialmente a los tres primeros y, frente a las renuncias, el Correo utiliza la terna siguiente para reemplazarlos.
La «función que se le confiere es una carga pública de carácter irrenunciable», salvo «atendibles excusaciones», indica el telegrama de notificación, firmada por la secretaria Electoral, Verónica Belloso.
Las renuncias se presentan ante los Jueces de Paz, quienes aceptadas se las comunican al Correo para su reemplazo.
Por pedido del Juzgado, el Ejecutivo asignó un pago de 12.000 pesos en «concepto de viático» para los «ciudadanos que hayan cumplido funciones como autoridad».
Esa remuneración no consiguió desalentar la deserción, que no sólo se advierte en el problema de notificaciones iniciales sino, también, en las posteriores excusaciones.
La secretaria Belloso pidió que se asuma ese cargo, recordando que es «una carga pública» aunque «el objetivo no es forzar a cumplir con esa tarea. El propósito es que el ciudadano tenga voluntad de participar en un acto trascendente en el fortalecimiento democrático. Esa importancia queda en evidencia que la autoridad de mesa ese día es la autoridad máxima, pues es la custodia de la voluntad popular».
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