Empresarios pyme redoblan el reclamo a provincia por el sobrecosto de la electricidad en Bariloche
Alegan subas de casi el 1.000% en la factura eléctrica durante el último año.
Para aliviar el sobrecosto, los empresarios reclaman la aprobación de una ley que impulsan desde el año pasado. Foto: archivo
Representantes de la Federación de Entidades Empresarias de Río Negro y otras cámaras del sector productivo presentaron a la secretaría de Energía de la provincia su reclamo para reducir los costos que les impone el actual sistema tarifario a los demandantes de “potencia reservada” durante un encuentro que les llevó varias semanas de gestión y del que se retiraron con más interrogantes que certezas.
Así lo señaló uno de los participantes, luego de reconocer que no hubo compromisos del secretario de Energía Néstor Pérez y de la titular del EPRE, Isabel Tipping, para revisar en lo inmediato el esquema de cargos eléctricos que aplican Edersa, la CEB y la cooperativa de Río Colorado.
Los empresarios reclamaron la aprobación de una ley que impulsan desde el año pasado para aliviar ese sobrecosto, que para algunos representó un aumento de casi el 1.000% en la factura eléctrica durante el último año. El proyecto había tenido una acogida favorable entre los legisladores y llegó a estar en el orden del día para una sesión en octubre pasado, pero el oficialismo frenó su tratamiento.
También reiteraron su rechazo a la ley promovida por el gobierno de Arabela Carreras para desplegar un plan director de obras eléctricas que se financiaría con una nueva imposición sobre los grandes usuarios.
El encuentro se realizó ayer en Cipolletti y participaron entre otros el presidente de la Cámara de Comercio de Roca y vicepresidente de Feern Miguel Grasso, el presidente de la Asociación de Productors del Alto Valle Martín Rodríguez; el presidente de la asociación de Aserraderos Sergio Di Marco, y el empresario pyme de Bariloche e impulsor inicial del proyecto, Gabriel Trujillo. También estuvo la Defensora del Pueblo, Adriana Santagatti.
Los funcionarios no asumieron compromisos concretos y solo anticiparon la búsqueda de alternativas para atender el reclamo en la próxima revisión tarifaria de la CEB (programada para este año), que luego se podrían replicar en otras distribuidoras.
Otra de las propuestas que Pérez y Tipping pusieron sobre la mesa fue la ayuda crediticia para que las empresas instalen energías renovables de autoabastecimiento.
Trujillo dijo que esto último sería lo deseable, pero es de difícil acceso para muchos productores, porque la inversión para implementar un equipo de paneles solares propios no baja de los 30 mil dólares y pensar en algo así sería “futurista”.
Explicó a modo de ejemeplo que para un aserradero que forma parte de la asociación la factura eléctrica que era de 35.000 pesos hasta comienzos de 2022, al convertirse en consumidor categoría “T2” (es decir demandante de potencia) saltó en pocos meses a 360 mil pesos. En enero pagó 455 mil pesos y en febrero, aunque solo tuvo las máquinas operativas durante 6 días, recibió una factura de 541.000.
Esto ocurre porque ese cargo extra remunera la potencia instalada y no tiene relación con el volumen de energía realmente consumida.
Trujillo dijo que en el encuentro escucharon una propuesta fundada en un estudio de la Universidad de San Juan según el cual “sería factible estirar hasta 20 kV” el piso para los cargos de potencia, que hoy están fijados en 10 kV. Pero entendió que sería “una solución a medias, solo para las microempresas”.
Dijo que las cámaras agrupadas en la Feern consideran que “la solución de fondo es que se trate el proyecto 938/22” en la legislatura, o “alguna alternativa urgente que alivie la situación crítica que atraviesa el sector productivo”.
El empresario barilochense subrayó que establecer un control sobre el costo energético para las pequeñas y medianas empresas sería una medida “a favor de la producción y del empleo”.
Admitió que el actual contexto electoral puede favorecer los planteos que impulsan desde el sector, aunque admitió que los tiempos son breves porque “deberían producirse los cambios en este mes”, antes del 16 de abril, y que después de esa fecha ya será más difícil.
Dijo que el beneficio que pretenden tendría un costo fiscal que no supera el 1% del presupuesto de la provincia. Señaló que al presentarle casos concretos como el del aserradero los funcionarios lo atribuyeron a “un posible error de facturación”.
El empresario alimenticio de Bariloche insistió en que “el sector productivo está cada vez más complicado en toda la provincia” y sufre una “discriminación”, que también fue señalada por la Defensora Santagatti.
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