En crisis presupuestaria, el Poder Judicial de Neuquén les pide a sus proveedores una quita voluntaria del 10%
La caída en la coparticipación por la baja de la actividad económica impactó de lleno en el Tribunal Superior de Justicia. "Es un momento crucial", expresó en una nota a proveedores.
Una crisis anunciada, una salida inesperada. El Poder Judicial de Neuquén no puede pagar todo lo que gasta y lanzó un pedido poco común: que sus proveedores acepten cobrar un 10% menos de lo pactado. Envió una carta a empresas que prestan servicios clave como conectividad, limpieza, alquileres y atención médica, en un intento de ponerle freno a los problemas presupuestarios que amenazan con paralizar el sistema provincial de justicia.
La nota la recibieron en abril los prestadores de servicios del Poder Judicial, firmada por la Administradora General, Karina Reina, quien siguió instrucciones del presidente del Tribunal Superior de Justicia, Gustavo Mazieres. Lo pudo averiguar diario RÍO NEGRO y lo confirmaron fuentes oficiales.
La comunicación expone la gravedad del contexto económico actual y el pedido se fundamenta como una medida excepcional, orientada a «garantizar la estabilidad operativa» del servicio de justicia.
«Disminución sustancial y sostenida» de la coparticipación
«El Poder Judicial depende significativamente de los fondos provenientes del Régimen de Coparticipación de Impuestos Nacionales. En el contexto actual hemos experimentado una disminución sustancial y sostenida de esos aportes», explica la nota.
Como se sabe, el Tribunal Superior recibe el 18% de los fondos que le corresponden a la provincia por coparticipación federal de impuestos nacionales. Pero como consecuencia del freno en la actividad económica esos ingresos vienen en picada: de enero a abril de este año, los montos percibidos se redujeron drásticamente, pasando de 13.910 millones de pesos en enero a apenas 8.156 millones de pesos en abril. El gráfico lo muestra con claridad.
La nota que recibieron los proveedores continúa: «esta realidad nos obliga a recurrir cada vez más a la asistencia financiera del Poder Ejecutivo provincial, situación que con el escenario precedentemente descripto se torna aún más compleja a mediano/largo plazo».
El Poder Judicial lleva ejecutado el 32% de su presupuesto anual (unos $84.325 millones) en los primeros cuatro meses del año. El presupuesto total para 2025 fue fijado en $260.197 millones, de los cuales el 93% se destina a sueldos. ¿Por qué no los recortan? Porque son intangibles: la Constitución dice que magistrados y funcionarios recibirán por sus funciones una compensación que «no podrá ser disminuida en manera alguna mientras permaneciesen en sus funciones».
El presupuesto 2025
Cuando se envió el proyecto de presupuesto a la Legislatura se estimó que solo el 51% de los gastos del año podrán cubrirse con lo proveniente de la coparticipación. Como los recursos propios son apenas $4.500 millones, el Tribunal ya prevé que necesitará una asistencia del Tesoro provincial por $121.300 millones. La autarquía fue linda mientras duró.
El déficit motivó un fuerte cruce en la Legislatura el año pasado, entre la entonces presidenta del Tribunal Soledad Gennari y el diputado Marcelo Bermúdez (PRO).
La reducción solicitada a proveedores alcanza a contratos de diversos rubros, principalmente aquellos vinculados a servicios esenciales como conectividad, mantenimiento de inmuebles, atención médica, limpieza y locaciones. A pesar de lo delicado del pedido, la conducción del Poder Judicial enfatizó que no se trata de una imposición, sino de una medida consensuada y justificada en la necesidad de reequilibrar las finanzas institucionales sin resentir la prestación del servicio de justicia.
Esfuerzo compartido
«Este esfuerzo compartido busca evitar que la crisis presupuestaria impacte en la ciudadanía, garantizando el funcionamiento de juzgados y tribunales», señalaron desde el Tribunal, que mantiene canales de diálogo abiertos con los proveedores y ha logrado acuerdos con muchos de ellos. Agradece la comprensión «en ese momento crucial».
Se informó que la medida se extenderá hasta fin de año, y que «se enmarca en una política de responsabilidad institucional y austeridad, frente a un escenario que excede la voluntad del Poder Judicial. Su implementación es clave para sostener el funcionamiento del sistema judicial neuquino sin comprometer la calidad del servicio que se brinda a la comunidad».
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