Estafa con planes sociales: el fallo afirmó que el financiamiento «ilegal» al MPN dañó el sistema democrático

La emergencia carcelaria en Neuquén no fue considerada por los jueces Luciano Hermosilla, Juan Kees y Juan Guaita como un impedimento para imponer prisiones efectivas a ocho de los 12 condenados por la estafa con planes sociales. Básicamente se aferraron al «plan integral de infraestructura» que se comprometió a realizar el gobierno de Rolando Figueroa.

La superpoblación en unidades de detención, que derivó en un colapso de las comisarías, es uno de los temas que ha enfrentado al Poder Ejecutivo con el Judicial, ya desde la gestión de Omar Gutiérrez. En noviembre de 2022 las juezas de Ejecución Penal dispusieron el cierre de los ingresos hasta que no se produzcan egresos de los establecimientos.

La Legislatura aprobó declarar la emergencia carcelaria, que incluye una autorización al Ejecutivo para endeudarse y realizar obras.

Kees dijo en el veredicto que ellos han sido «críticos» del estado actual de las unidades y han recibido cuestionamientos públicos por sostener esta posición. Él mismo hizo lugar a una acción de hábeas corpus colectivo presentada por la defensa pública debido a las degradantes condiciones de detención en comisarías.

Sin embargo planteó que hay «un pequeño cambio de circunstancias» con las obras anunciadas.

«La ejecución del presupuesto, que hace dos años la Legislatura había habilitado al ministerio de Seguridad para disponer de 50 millones de dólares, para paliar los problemas de la emergencia carcelaria. Esto se ha publicado hace pocos días. Se publicitó la realización de 45 obras que se van a ejecutar en el transcurso de los años 2026 y 2027», agregó el juez.

Figueroa inauguró el pabellón de máxima seguridad de la U11 dos días antes del fallo.

El magistrado aseguró que cuando las penas queden firmes habrá que ver si la emergencia subsiste o no. Descartó también la referencia al caso Temux.

Comprar lealtad

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Entre los agravantes comunes, el tribunal tuvo en cuenta la duración de la maniobra: desde septiembre de 2020 a julio de 2022 un grupo de funcionarios, funcionarias y personal del ministerio de Desarrollo Social se apropió de los fondos destinados al subsidio a la desocupación laboral.

«A lo largo de casi dos años, que fue el recorte temporal realizado por la fiscalía, las personas que ya fueron encontradas responsables desplegaron una cantidad importante de acciones», señaló Kees.

Sumó que se trató de una compleja organización, que requería de un engranaje aceitado. «No es lo mismo una administración fraudulenta realizada por una sola persona, que la coordinación de más de 20 personas, como tenemos en este caso, para llevar adelante estas maniobras», indicó el magistrado.

A valores históricos la estafa ascendió a 153 millones de pesos, una actualización la elevó por encima de los 1.000 millones de pesos.

La utilización de ese dinero fue evaluado como otro agravante: «el financiamiento político de manera ilegal al Movimiento Popular Neuquino». 

«Como saben, en la sentencia de declaración de responsabilidad, sostuvimos que se pudo demostrar en este caso que la mayor parte de los recursos fueron destinados a referentes políticos, denominados punteros políticos, quienes intercambiaban lealtad política o trataban de conseguir votos a través de la gestión de los beneficios previstos para las personas en situación de vulnerabilidad«, recordó el presidente del tribunal.

Remarcó: «esta finalidad espuria de financiar por fuera de los canales legalmente previstos al partido político termina comprometiendo el sistema democrático. No es un caso de sedición, como se dijo en alguno de los argumentos, pero si claramente es una medida tendiente a comprometer la base de de la democracia y del sistema republicano, que es el sistema electoral, que está regulado legalmente. Dentro de la regulación se establece, por supuesto, formas de financiación y aquí lo que hicieron fue financiar ilegalmente al partido político en detrimento de estos principios republicanos».

Si bien el desvío de fondos se encuentra probado en la sentencia, durante el juicio nunca se llamó a declarar a ninguna autoridad del partido provincial, hoy presidido por Gutiérrez, quien era el gobernador al momento de la estafa.

Además se ponderó que hayan abusado de la función pública y la extensión del daño para el Estado y las personas beneficiarias de los planes.

«Los defensores han tratado de minimizar el impacto económico de las acciones desplegadas por todos los acusados, señalando que en términos comparativos con relación al presupuesto de la provincia, el perjuicio era insignificante. No podemos aceptar de ninguna manera ese argumento. Sabemos que el monto actualizado del perjuicio supera largamente los 1.200 millones de pesos. De ninguna manera este tribunal considera que se trate de algo insignificante y además tomando en consideración el destino para el cual legalmente estaba dispuesto esta cantidad de dinero, que es la satisfacción de la necesidad de las personas en situación de vulnerabilidad. Claramente para estas personas que eran los destinatarios de este dinero, esta cantidad de plata era muy significativa«, concluyó.