Estafa con planes sociales: el jefe de Soiza dice que no era su jefe y se despega del escándalo
Otro imputado en la causa se decidió a hablar para tratar de mejorar su situación. Al igual que los demás, volcó la responsabilidad sobre el trío de detenidos: Soiza, Sánz y Osuna.
Tomás Siegenthaler ingresó al Ministerio de Desarrollo Social de Neuquén el 1 de octubre de 2009 por un decreto ómnibus firmado por el entonces gobernador Jorge Sapag y quienes eran sus ministros Zulma Reina, Esther Ruiz y César Pérez. Se incorporó con un tropel variopinto entre los que figuraban Vanina Merlo, Alfredo Cury y Marcos Osuna, entre muchos otros. Hoy, este hombre prácticamente desconocido para la sociedad neuquina está señalado por la fiscalía de Delitos Económicos como uno de los presuntos integrantes de la organización de lucró con el dinero de los planes sociales. Y ahora es uno de los que saltó el cerco de silencio y busca despegarse del escándalo.
En una entrevista con diario RÍO NEGRO publicada el 23 de julio, el fiscal jefe Pablo Vignaroli y el fiscal del caso Juan Manuel Narváez revelaron en exclusiva que Siegenthaler había sido intimado a designar abogado defensor y que figuraba en la lista de sospechosos.
A él se refieren cuando hablan de subir un peldaño en la escala de responsabilidades dentro de la estructura de Desarrollo Social. Por ahora imputaron como jefe de la asociación ilícita a Ricardo Soiza, exdirector de Planes Sociales; Néstor Pablo Sánz, exdirector de Fiscalización del Ministerio; y Marcos Ariel Osuna, exjefe del departamento de Gestión de Programas. Están con prisión preventiva confirmada.
Soiza aclaró, en una audiencia: «arriba mío tengo dos superiores» (…) Nosotros (en la dirección de Planes Sociales) hacíamos un listado que se presentaba en la administración del Ministerio, de los cuales yo podía decir A o B, y los que definen son ellos, porque son los que piden, con la firma del Ministro, el dinero a Economía (…) Eso para que quede claro, (porque para la fiscalía) es como que yo tenía la potestad de intentar dar subsidios que me parecía a mí justo o injusto. Pero eso se remitía a la administración«.
La ruta administrativa
Se entendió que apuntaba hacia Tomás Siegenthaler, quien todavía hoy ocupa el cargo de Coordinador Provincial de Administración del Ministerio. Lo designó en ese puesto el gobernador Omar Gutiérrez por decreto 22 del 11 de diciembre del 2019. El mismo instrumento puso a Abel Di Luca como subsecretario. La ministra era Adriana Figueroa.
Según pudo saber este medio, Siegenthaler presentó una serie de escritos ante los fiscales con lo que llamó «manifestaciones» y se puso a disposición para declarar.
Señala que «el Programa Provincial de Asistencia a la Desocupación laboral creado por Resolución ministerial Nº 29/2018 del ex Ministerio de Trabajo, Desarrollo Social y Seguridad» (cuando el titular era el hoy intendente Mariano Gaido) es administrado «por la dirección General de Gestión de Planes Sociales».
Cadena de decisiones
Aporta el decreto 176 del 2020 según el cual esa dirección general «tiene dependencia del Ministerio de Desarrollo Social y quedó a cargo de Ricardo Soiza».
«El alta o baja de beneficiarios no lo decidía yo ni personal a mi cargo. De ello se encargaba Osuna», afirma en otro tramo de sus manifestaciones.
«Ni yo ni el personal a mi cargo entregamos nunca tarjetas de débito ni cheques a los beneficiarios. Los cheques eran retirados de Tesorería por personal a cargo de Soiza».
«Un estamento superior a Soiza»
Según el fiscal Vignaroli, «con el avance de la investigación hemos determinado que al menos en un estamento administrativo superior a la dirección de Planes Sociales pueden existir personas con responsabilidad dentro de la maniobra. Más precisamente en el área de administración que era la que se encargaba de depositar en las cuentas, los montos que eran solicitados e informados por la dirección de Planes Sociales».
«Tomás Siegenthaler, Laura Riesnik y Julieta Oviedo son las tres personas dentro de esa línea que nosotros las tenemos como interviniendo en lo que tiene que ver con determinar cuál era el monto global que se iba a destinar a los subsidios», añadió el fiscal jefe.
Siegenthaler dice al respecto en sus escritos que «desde la Dirección de Administración se inicia un expediente por el que solicitan los fondos para poder hacer efectiva las acreditaciones de los beneficiarios del programa. La modalidad de la solicitud de los fondos es mediante un cargo específico que se solicita a la Contaduría General de la Provincia según el procedimiento establecido».
«Este procedimiento se establece en el decreto mensual por los que se autorizan los pagos. La CGP emite una Orden de Pago con el libramiento del cargo específico, por el monto solicitado, y envía el expediente a la Tesorería General de la Provincia».
Desde la Tesorería General de la Provincia «se emite el pago del cargo específico y envía los fondos a la cuenta a nombre del ministerio de Desarrollo Social y Trabajo Nº 153/11 “cargos específicos”.
Una vez recibidos los fondos, desde la dirección general de finanzas del Ministerio «se procede a transferir los mismos a la cuenta Nº 153/20 “asistencia a la desocupación laboral”.
«Este procedimiento -dice Siegenthaler- es a los fines de que las acreditaciones a los beneficiarios sean transferidos efectivamente por la cuenta que corresponde. Estas transacciones se realizan desde la modalidad Home Banking».
Firma autorizada
El funcionario aclara que los usuarios habilitados para para efectivizar estas operaciones «son únicamente tres personas: Julieta Oviedo (directora de Tesoreria), Laura Reznik Laura (directora General de Finanzas)» y él mismo (Coordinador General de Administración).
Desde la dirección general de finanzas del Ministerio «se procede a realizar las liquidaciones para el posterior pago».
Vignaroli habla de una «contabilidad paralela»: las transferencias globales coinciden, pero los montos que reales que les depositaban a los beneficiarios figuraban en una solapa de un excel llamado Extensión Rivadavia.
Así, los «extractores» vaciaban las cuentas de los cajeros con las tarjetas de débito, les daban en mano 9.000 pesos y se quedaban con otros 40.000 pesos.
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