Estafa con planes sociales en Neuquén: el recorrido de los imputados dentro del Estado

Abel Di Luca, Ricardo Soiza, Néstor Sánz y Marcos Osuna, condenados por la estafa con planes sociales, tuvieron un extenso recorrido por las ventanillas de la administración pública de Neuquén antes de ocupar un puesto dentro del organigrama del ministerio de Desarrollo Social donde se perpetró la defraudación.

Una de las testigos que declaró en el juicio para determinar la pena fue Paola Silvana Masino, coordinadora de gestión de Recursos Humanos Centralizado, que detalló la vida laboral de cada uno de ellos.

Di Luca hace 34 años que ingresó al Estado. Lo hizo el 11 de diciembre de 1986 en el gobierno de Felipe Sapag. Es planta del ministerio de Seguridad.

De febrero a diciembre de 1992 fue director ejecutivo de Administración en la subsecretaria de Asuntos Municipales, ya en épocas de Jorge Sobisch. Pasó por el ministerio de Gobierno y Justicia desde 1995 a 2001.

Del 26 de diciembre de 2001 al 1 de febrero de 2002 se desempeñó en Seguridad y de allí se convirtió en asesor del ministerio de Gobierno. Entre el 1 de octubre de 2004 y el 1 de abril de 2005 ejerció como director general de apoyo de la gestión de Gobiernos Locales y trabajó en el ministerio de jefatura de Gabinete.

Entre 2006 y 2013 (hacia el final del mandato de Sobisch y en los inicios de la administración de Jorge Sapag) fue asesor en la secretaría de Prensa y Comunicación. Saltó a la secretaría de Juventud y Deportes, que ahora el gobernador Rolando Figueroa busca resucitar y él mismo condujo.

Recién en 2019, ya en la gestión de Omar Gutiérrez, fue subsecretario de Desarrollo Social y ascendió a ministro en 2021. En ese puesto estuvo hasta el 27 de octubre del 2022.

Se registró una licencia sin goce de haberes desde 2016 a 2019 cuando ocupó una banca como concejal de Neuquén por el MPN.

El que le sigue en antigüedad es Soiza. Entró el 1 de enero de 1998 en la secretaría de Estado General de la Gobernación en la última gestión de Felipe Sapag.

Desde 2001 a 2004 tuvo una licencia por qué trabajó en la municipalidad de Neuquén bajo la intendencia de Horacio Quiroga. En 2008 desembarcó en Desarrollo Social, pero también recorrió el ministerio de Energía y la secretaría de Estado, Ambiente y Desarrollo. Fue director de Planes Sociales hasta octubre de 2022.

Sánz entró el 22 de septiembre de 2003. Ingresó como «práctica rentada» en lo que era la secretaría de Estado y pasó a Juventud y Deporte. Se desempeñó en Trabajo, en Gobierno y Justicia hasta que llegó a Desarrollo Social donde fue director de Fiscalización. En ese recorrido no sólo se convirtió en funcionario sino que obtuvo la planta permanente.

Osuna lleva 17 años en la administración pública. Comenzó en el ministerio de Seguridad, también como «práctica rentada» en 2006. Antes de tener un puesto en Desarrollo Social pasó por la secretaría de Trabajo.

Retención de sueldo

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En cuanto a las trayectorias laborales de Tomás Siegenthaler, Luis Gallo, Julieta Oviedo y Laura Reznik el itinerario tiene menos postas, ya que hicieron el grueso de su carrera en Desarrollo Social.

Siegenthaler tuvo una breve estadía en el ministerio de Educación -de 2018 a 2019- y después se mudó a Desarrollo donde llegó a ser coordinador provincial de Administración. Su defensor, Pablo Gutiérrez, remarcó que tiene su sueldo retenido, se le suspendieron los aportes y las contribuciones por el sumario administrativo que se le abrió en 2023.

En la misma situación están Di Luca, Gallo, Oviedo y Reznik. Esta última solicitó, vía judicial, a ISSN que no suspenda la cobertura de salud a su hijo. Logró un fallo favorable.

Alfredo Cury tiene nueve años de antigüedad. Entró en el ministerio de Justicia en 2009, gestión Jorge Sapag, con un cargo político. Pasó al departamento de Legales del ministerio de Desarrollo y en 2011 tomó una jefatura en Coordinación de Gabinete. Estuvo además en Trabajo.

La fiscalía considera que al momento de los hechos eran funcionarios públicos.

Como son además empleadas y empleados de planta, y están sumariados, el Estado puede definir aplicarles la máxima sanción administrativa que es la exoneración.

Partícipes primarios

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Isabel Montoya estuvo apenas cinco meses con un contrato eventual en la subsecretaría de Familia en 2022. Valeria Honorio entró en 2016. Su camino incluyó el ministerio de Gobierno y Justicia, Trabajo y Desarrollo. Fue dada de baja en 2021.

Emanuel Victoria Contreras ingresó al Estado el 10 de diciembre de 2011 y renunció en 2022. Fue funcionario de rango menor.

A Honorio, Montoya, Contreras, Osuna y Cury se los declaró responsables de administración fraudulenta agravada, en carácter de partícipes primarios, y no en calidad de autores como el resto.