Estafa con planes sociales en Neuquén: la caja azul de la política volvió al centro de la escena
El informe técnico contable confirma que el dinero recaudado por la organización se destinaba a sostener la estructura de punteros del Movimiento Popular Neuquino, y al beneficio personal de algunos de los acusados.
La contadora Agustina Martínez, perito de la fiscalía de Neuquén, llegó a una categórica conclusión: «había una apariencia de legalidad en todo el trámite» pero existía «una incorrección significativa, es decir una diferencia entre los registros y lo que en verdad estaba sucediendo. Buscamos si se debía a un error, y era por un fraude».
Martínez, una de las autoras del informe técnico contable en el que se apoya la acusación por la estafa con planes sociales, hizo un virtual anticipo del alegato de la fiscalía. En su segundo día de declaración en el juicio unió todas las piezas de la investigación: desde los alertas emitidos por el Banco Provincia de Neuquén hasta las manifestaciones de los arrepentidos, pasando por la recopilación de cheques, correos electrónicos, planillas de Excel y demás documentación secuestrada.
También se refirió al destino del dinero. El monto de la estafa actualizado al 12 de agosto del 2025 asciende a 1.147.719.216,40 pesos, por la aplicación de la tasa efectiva anual del BPN. En ese sentido citó la caja azul, mencionada por tantos testigos, y dijo que el efectivo se distribuía entre referentes barriales del Movimiento Popular Neuquino; el mantenimiento de la estructura como combustible y alquiler de vehículos; y los gastos personales de los imputados, por ejemplo en los bienes que compraron y en el restaurante Faraón de Ricardo Soiza, director de Planes Sociales.
Martínez relató al tribunal que las listas de beneficiarios de los subsidios se armaban, en parte, a pedido de punteros del MPN -a los que llamaban «referentes»- o por otras agrupaciones políticas y sociales.
El voto seguro
Entre el material secuestrado encontraron planillas de «voto seguro» relacionadas con las elecciones municipales del 24 de octubre del 2021 y las elecciones PASO del 12 de septiembre del mismo año.
Como ya informó diario RÍO NEGRO, había un archivo con el encabezado «Responde nota 070/21. Visto las presentes actuaciones y según lo solicitado a fs. 01, informo que se verificó el estado de las personas listada foja mencionada, resultando las siguientes observaciones».
Y a continuación una lista de personas junto a la observación «baja-no votó elecciones municipal», «baja-no votó elecciones generales» o «liquidado», en los casos que se supone sí cumplieron con el sufragio.
Los 4 arrepentidos
La contadora Martínez citó en varias oportunidades las declaraciones de los cuatro arrepentidos, exempleados de la dirección de Planes Sociales que participaron de la maniobra, estuvieron imputados, pero colaboraron con la investigación y fueron sobreseídos.
«Las menciones que hicieron guardan correlación con los archivos secuestrados», dijo la perito.

Los pagos que se hacían con el dinero de la caja azul quedaban registrados de diferentes maneras. Algunos con nombre y apellido, otros sólo apellido, otros con apodos como «embajador», «xxxx», o «colombiana».
Puso como ejemplo una planilla de julio del 2022 titulada «Ricardo» en la que figuran 55 ítems (desde nombres hasta conceptos como «gastos de funcionamiento») cada uno junto a una cifra, por un total de 8.788.900 pesos.
La resiliencia de la organización
La experta hizo una mención a la resiliencia de la organización, es decir, la manera que se adaptó a las situaciones que fueron ocurriendo para mantenerse en el tiempo.
En ese sentido señaló:
• Años atrás cobraban cheques de beneficiarios por ventanilla.
• En el 2020 depositaban los cheques en las cuentas de los empleados de Desarrollo Social, quienes retiraban el efectivo por ventanilla.

• Cuando el BPN emitió un alerta por la inusual cantidad de cheques de subsidios depositados en las cuentas de los empleados, pasaron a depositarlos en otros bancos.
• Con la pandemia los beneficiarios fueron bancarizados; los punteros los acompañaban a realizar el trámite y les retenían la tarjeta de débito. Comenzaron las extracciones ráfaga por cajero automático.
• En junio del 2022 un beneficiario, Esteban Maenga Mendoza, denunció que le habían vaciado la cuenta sin su conocimiento.
• El BPN dispuso un bloqueo masivo de tarjetas de débito, y la organización mandó a los titulares de las tarjetas a solicitar el blanqueo de PIN.
• El 31 de agosto del 2022 fueron los 11 allanamientos simultáneos ordenados por la fiscalía.
La contadora Agustina Martínez, perito de la fiscalía de Neuquén, llegó a una categórica conclusión: "había una apariencia de legalidad en todo el trámite" pero existía "una incorrección significativa, es decir una diferencia entre los registros y lo que en verdad estaba sucediendo. Buscamos si se debía a un error, y era por un fraude".
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