Estafa con planes sociales en Neuquén: «la culpa es de la mesa de entradas», la ironía del fiscal

Los abogados de Abel Di Luca y de Tomás Siegenthaler abrirán este lunes la ronda de alegatos de las defensas de los imputados en la estafa con planes sociales en Neuquén. Son dos de los señalados por la fiscalía como líderes de la asociación ilícita y cumplieron roles «sin los cuales no se podría haber llevado adelante la maniobra».

El jueves pasado, los fiscales Pablo Vignaroli y Juan Manuel Narváez pidieron que se declare responsables a 12 de los 14 imputados sometidos a juicio por los delitos de asociación ilícita, fraude a la administración pública y defraudación especial por la utilización de tarjeta de débito. Si el Tribunal los encuentra culpables, podrían afrontar penas de 4 a 10 años de prisión efectiva.

En sus alegatos, los acusadores diferenciaron dos sectores: el «operativo», que «decidía cómo se iban a hacer del dinero, organizaba las extracciones ráfagas en los cajeros, el cobro de los cheques». Era el llamado «Grupo Rivadavia», operaba en la dirección de Planes Sociales y lo comandaban Ricardo Soiza, Néstor Pablo Sánz y Marcos Osuna.

Pero «esta maniobra no se podía haber llevado adelante sin la parte administrativa, que tramitó mes a mes cada uno de los expedientes», afirmó el fiscal jefe Vignaroli en alusión al otro sector, el «Grupo Anaya», que según su teoría del caso comandaban el exministro Abel Di Luca y el ex Coordinador Provincial de Administración, Tomás Siegenthaler.

Pacto de no agresión

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Durante todo el juicio oral, los defensores de Di Luca y de Siegenthaler -Gonzalo Rodríguez y Pablo Gutiérrez respectivamente- mantuvieron una «paz armada» y trataron de no perjudicarse mutuamente. Habrá que ver si la mantienen hoy al pronunciar los alegatos.

El abogado de Siegenthaler defiende un bloque que integran además la exdirectora de Finanzas, Laura Reznik, y la exdirectora de Tesorería, Julieta Oviedo, segundas líneas que según la fiscalía prestaron una colaboración indispensable para consumar la operación.

En su alegato del jueves, Vignaroli explicó de manera sintética los pasos de la estrategia fraudulenta para que los jueces que dictarán la sentencia, Juan Kees, Juan Guaita y Luciano Hermosilla, tengan un panorama de la teoría del caso de la fiscalía.

Paso a paso

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La estafa se cometió con el subsidio a la desocupación creado en el 2018. El período investigado abarca desde septiembre del 2020 a julio del 2022.

Vignaroli explicó que «el trámite administrativo iniciaba cada mes con un decreto del gobernador (Omar Gutiérrez) que asignaba un monto global para el subsidio. Ese monto lo definían Siegenthaler y Di Luca, lo dijeron hasta los testigos de la defensa».

Después la Contaduría General de la provincia emitía una orden de pago para que la Tesorería depositara en la cuenta del Ministerio de Desarrollo Social ese monto global.

«Cuando el dinero está disponible comienza a llevarse adelante el mecanismo», advirtió el fiscal jefe.

Sin la certificación de beneficiarios

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Indicó que el exdirector de Finanzas Luis Gallo (lo defiende Fabián Flores), Reznik y Oviedo avanzaban con los pagos a los beneficiarios pese a que no tenían la certificación de la lista de destinatarios.

«No esperaban a que llegara el expediente. Les mandaban por correo electrónico un listado que decía ‘certificación mes tal’ con la nómina, pero no lo agregaban al expediente. ¿Por qué?», se preguntó.

«Es claro: de otra manera no podían hacer la maniobra mensual, que era incorporar listados sin fecha que agregaba Soiza en los que no había ningún cheque librado por 49.500 pesos y ningún beneficiario que cobrara 49.500 pesos. Si uno miraba esas certificaciones y las comparaba con el registro del Sicopro (Sistema Contable Provincial), ya no cerraban las cuentas: había menos cheques y menos acreditaciones«, añadió el fiscal.

Decisión de los jefes

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Aseguró que «está todo hecho mal a propósito. Es el mismo error todos los meses, desde setiembre del 2020 a julio del 2022. Cuando se supo de la denuncia en julio del 2022, mágicamente aparecieron las certificaciones que se mandaban por mail, es decir que podían agregarse, no es que no se podía».

Su conclusión fue que «la decisión era de quienes manejaban el sistema administrativo: Di Luca y Siegenthaler. Sin que ellos permitieran u ordenaran que se manejara de esta manera, no se podía ejecutar la maniobra. Sin esa cuestión administrativa no se podía cobrar el dinero».

El fiscal jefe Vignaroli dedicó buena parte de su alegato a contestar la teoría del caso de las defensas. Es decir, se anticipó a lo que muy probablemente dirán este lunes como descargo los abogados de Di Luca y Siegenthaler.

Sobre este último, lo cuestionó porque «criticó la investigación de la fiscalía» pero «no aportó ninguna prueba» en particular vinculada con la posible participación de personal del Banco Provincia de Neuquén y de Luciano Palma, jefe de Soiza en Planes Sociales.

También recordó que «según Gutiérrez, Siegenthaler no aprobaba ningún listado, porque eso era facultad del ministro», pero exhibió una planilla que habría sido manipulada por el ex Coordinador, según los registros informáticos.

La coartada de Di Luca

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Un apartado especial le dedicó el fiscal a la teoría del caso de Gonzalo Rodríguez, el defensor de Di Luca quien «dijo que firmaba los dictámenes de su jefe de asesores legales», Rodolfo de la Fuente, e invocó «el principio de confianza».

Vignaroli afirmó que «el dictamen de un asesor legal no es obligatorio, el ministro no puede ampararse en eso para deslindar su responsabilidad».

También recordó que en su declaración como testigo, en la vigésimo segunda audiencia del juicio, De la Fuente admitió que había avalado el 18 de abril del 2022 un documento que recién se cargó al expediente el 25 de abril del 2022.

Sobre el principio de confianza, el fiscal jefe señaló que «no existe en el derecho administrativo. Si Di Luca eligió esos asesores, la culpa es de él«.

Remató con una ironía: «si aplicamos el principio de confianza, la culpa de todo la va a tener el de la mesa de entradas que pone el sello al papel, con todo respeto por quienes trabajan en mesa de entradas».