Estafa con planes sociales en Neuquén: los controles internos del ministerio jamás alertaron sobre la maniobra
Declararon en el juicio exintegrantes del área de Legales del Ministerio de Desarrollo Social y la subcontadora General de la provincia. Durante años la estafa atravesó con éxito todas las barreras.
El exministro Di Luca fue el protagonista de la audiencia del jueves. (Matías Subat)
El juicio por la estafa con planes sociales en Neuquén deja en evidencia que el aparato estatal que aparentaba rigor y transparencia era, en realidad, una estructura hueca sostenida por papeles armados y controles simulados. Bastó la denuncia de un particular para derrumbar todo el andamiaje.
El gerente ejecutivo de Administración general del Banco Provincia de Neuquén, Alejandro Ponchiardi, y el asesor externo en materia penal Juan Manuel Coto relataron este jueves cómo se decidió presentar la denuncia en la fiscalía en agosto del 2022, cuando se descubrió que empleados del ministerio de Desarrollo Social realizaban extracciones ráfaga de los cajeros automáticos con tarjetas de débito ajenas.
Al declarar -por separado- en la vigésimo segunda audiencia del juicio contra 14 imputados, coincidieron en que la investigación interna realizada en el Banco Provincia no encontró cómplices involucrados en la maniobra. Pero también dejaron al descubierto la falta de sincronización con la que se manejan las áreas de control de la entidad.
Ponchiardi y Coto asistieron como testigos de la defensa del exministro Abel Di Luca. Gran parte de lo que relataron ya era conocido: todo comenzó el 26 de junio del 2022 cuando un beneficiario random de un plan social, Esteban Maenga Mendoza, denunció que su cuenta estaba vacía. Fue el «caso cero». La falla en la Matrix.
El bloqueo de las 198 tarjetas
La investigación del BPN permitió establecer que empleados del Ministerio de Desarrollo Social retiraban dinero de cuentas de beneficiarios de planes sociales con tarjetas de débito. «Se juntó mucha información y pudimos determinar que estábamos ante algo muy distinto a lo que había denunciado Maenga Mendoza. No era un caso aislado», dijo el abogado Coto.
Relató que una de las medidas adoptadas fue bloquear 198 tarjetas de débito sospechadas. Al otro día, siete titulares fueron al Banco a pedir la rehabilitación. «Esa misma noche cuatro de esas tarjetas aparecieron en manos de otras personas realizando operaciones», dijo Coto. Quedaron registradas en las cámaras de vigilancia de los cajeros.
Cuándo se enteró el directorio
Ambos abogados aseguraron que se investigó a los empleados -no mencionaron a otros niveles de la institución- y no encontraron complicidades.
El gobernador Rolando Figueroa ha dicho en varias oportunidades: «Me cuesta creer, al menos a mí, que algún directivo no estaba al tanto de lo que estaba sucediendo. Me cuesta creerlo, me cuesta mucho creerlo».
Ponchiardi dijo que al directorio le informaron de la situación días antes de presentar la denuncia el 5 de agosto del 2022.
El artículo de diario RÍO NEGRO
El defensor Pablo Gutiérrez le preguntó a Coto si tenía información sobre otra maniobra cometida con cheques. El abogado externo respondió que «me enteré después, por un artículo publicado en el diario RÍO NEGRO, que había una investigación del año 2020 de la Gerencia de Prevención de Lavado de Activos».
«Con quien era mi colega de entonces Emanuel Roa Moreno preguntamos y nos contaron que habían hecho esa investigación, que la información periodística era real. Lo que pasa es que los de Lavado tienen obligación de guardar secreto, sólo pueden informar a la UIF» (Unidad de Información Financiera), agregó.
Lo curioso es que «ellos (los de la Gerencia de Prevención de Lavado) también se enteraron por el diario de que nosotros habíamos presentado la denuncia (del 5 de agosto del 2022) en la fiscalía». Una extraña manera de trabajar.
El área Legales del Ministerio
Lo saliente de la jornada del jueves fueron las declaraciones de tres exintegrantes del departamento Legales del ministerio de Desarrollo Social. Tenían a su cargo supervisar los expedientes con los pagos a beneficiarios de planes sociales y elaborar las resoluciones que firmaba el exministro Abel Di Luca.
Como se adelantó, fueron citados por la defensa del exministro el Coordinador de Legal y Técnica, Rodolfo Nicolás de la Fuente; la directora general de Legales, Romina Cornejo, y la directora provincial de Legales, Natalia Bauch.
El defensor Gonzalo Rodríguez basa parte de su estrategia en que Di Luca no veía el expediente completo sino solamente la resolución que le llevaban para la firma los responsables del área de Legales.
Montaña de desprolijidades
Ahora se sabe que el expediente era un cúmulo de desprolijidades: estaba sin foliar, había documentación agregada sin fecha, o sin firma o sin sello, y hasta desafiaba el tiempo: se aprobaban planillas días antes de que se incorporaran.
De la Fuente y Cornejo no supieron explicar por qué habían pasado por alto todas las irregularidades. Acorralados, tiraron la responsabilidad para arriba y dijeron que la última palabra la tenía Di Luca.
Cornejo también apuntó para el costado: declaró, a preguntas de la fiscalía, que las últimas áreas que intervenían en el expediente antes que ella eran Administración y Tesorería, es decir, los imputados Tomás Siegenthaler y Julieta Oviedo (el nombre de Laura Reznik no lo tenía registrado).
Diez días atrás
Después de estos tres testigos cobran otro valor las declaraciones de Griselda Cittadini, quien fue número dos de Siegenthaler en la Administración.
En la decimoséptima audiencia, el 12 de agosto pasado, dijo por ejemplo que «los beneficiarios de planes sociales no están dentro de la nómina de proveedores del estado», de modo que por ley «esos expedientes se podían rendir meses después del pago. Tres meses después, mínimo».
Lo describió así: «Llegaba un colaborador de Soiza llamado Omar, de rulitos, a nuestra tesorería, se sentaba en una computadora que le prestaban, ahí armaba los listados, ensamblaba todo y lo mandaba al área de rendiciones para que se genere el descargo».
Agregó que «por eso en el expediente hay agregadas actuaciones de Soiza que no tienen fecha, las actuaciones del director provincial son previas al inicio del expediente, y el expediente no tiene coherencia ni correlatividad. Se trabajaba mal».
La jefa de Arteaga
La última testigo de la jornada del jueves fue muy especial. Ocupa un altísimo cargo público en el gobierno, tuvo una enorme responsabilidad en la maniobra, uno de sus subordinados está entre los principales responsables, pero ella pidió que no se la nombre ni se le tomen fotos. Es la subcontadora General de la provincia.
Su subordinado era Julio Arteaga, auditor del subsidio por desempleo, el hombre cuya firma hacía posible cerrar el circuito del expediente. No lo juzgan ahora por razones de salud. El año pasado estuvo a punto de cerrar un acuerdo por 4 años de prisión efectiva. Como informó este diario en febrero, cobró cheques de beneficiarios de planes sociales con los cuales el club Pacífico solventó algunos gastos.
«Parecía como que hacía el trabajo»
«Julio chequeaba, parecía como que hacía el trabajo», declaró la subcontadora a la que no se puede nombrar. «Yo tenía puntos de control -se despegó- Veía 40 o 50 cuestiones por día -agregó para dar una idea de lo ocupada que estaba-. Yo firmaba y entendía que Arteaga había hecho las verificaciones. Sus informes eran sin salvedades, sin anomalías».
Cuando estalló el escándalo Arteaga se tomó licencia, la que no se puede nombrar puso a otra auditora a trabajar y en cuestión de días «detectó que no coincidían el número de beneficiarios con la secuencia de registros contables».
Tan difícil no era.
El juicio por la estafa con planes sociales en Neuquén deja en evidencia que el aparato estatal que aparentaba rigor y transparencia era, en realidad, una estructura hueca sostenida por papeles armados y controles simulados. Bastó la denuncia de un particular para derrumbar todo el andamiaje.
Registrate gratis
Disfrutá de nuestros contenidos y entretenimiento
Suscribite por $1500 ¿Ya estás suscripto? Ingresá ahora
Comentarios