Estafa con planes sociales en Neuquén: los pedidos de pena se conocerán el miércoles
Las defensas presentaron testigos que se refirieron al impacto que significaría para las familias de los imputados imponerles penas de prisión efectiva, tal como pretende la fiscalía.
El próximo miércoles 3 de diciembre el fiscal jefe Pablo Vignaroli y el querellante Gustavo Kohon (en representación de la fiscalía de Estado) le pedirán al tribunal condenas de prisión efectiva para las 12 personas responsables de la estafa con planes sociales en el ministerio de Desarrollo Social, durante el gobierno de Omar Gutiérrez. Las defensas intentarán ir por el mínimo, de cumplimiento condicional, en una escala que va de los dos hasta los seis años, por administración fraudulenta agravada.
Una vez que el tribunal de juicio determine las penas, las partes estarán en condiciones de impugnar la sentencia.
El gobernador Rolando Figueroa ya anticipó que la provincia apelará para insistir con la calificación de asociación ilícita, cuyo delito tiene una escala alta. «Queremos presos a quienes le robaron la plata a los más humildes y queremos que devuelvan lo robado», dijo en la apertura de sesiones ordinarias de la Legislatura, al inicio del año.
En paralelo hay una causa abierta en el fuero procesal administrativo para reclamar el dinero de la estafa. En la sentencia que los declaró responsables, este tribunal aseguró que los acusadores no pudieron demostrar las inconsistencias patrimoniales, es decir, que se enriquecieron.
Atenuantes
En las cuatro jornadas que se desarrollaron esta semana las defensas de Luis Gallo, Valeria Honorio, Emanuel Victoria Contreras, Isabel Montoya, Néstor Sánz, Tomás Siegenthaler y Laura Reznik presentaron testigos que hablaron del impacto que traería en sus familias la imposición de penas de prisión efectiva, sobre todo en la crianza de sus hijos e hijas en edad escolar, algunos con discapacidad.
También hicieron hincapié en la afectación económica actual que significó el sumario administrativo, iniciado en 2023, que los privó de seguir cobrando sus salarios como personal de planta permanente, aún cuando no concluyó el proceso penal. Esto los llevó a realizar tareas informales para sostenerse. Por ejemplo, en el caso de Sánz declaró su empleador ya que fue autorizado a realizar salidas laborales.
Además concurrieron compañeras de trabajo de los condenados, ya sea en Desarrollo Social o en otras dependencias, que insistieron en su buen desempeño.
De acuerdo a la sentencia del tribunal, entre el 30 de septiembre del 2020 y el 31 de julio del 2022 este grupo de funcionarios, funcionarias y personal del ministerio se apropió de los fondos destinados al subsidio a la desocupación laboral. A valores históricos fue una estafa de 153 millones de pesos, que actualizados superan los mil millones.
El dinero se acumulaba en una “caja azul” que financiaba las campañas del Movimiento Popular Neuquino, aunque nunca quedó claro a dónde fue ni quiénes se lo llevaron.
Originalmente el juicio para determinar las penas iba a finalizar mañana, pero la cantidad de testigos obligó a extender las audiencias.
Tanto Vignaroli como Kohon solicitarán, además de las penas, el decomiso de bienes o algún tipo de reparación.
El próximo miércoles 3 de diciembre el fiscal jefe Pablo Vignaroli y el querellante Gustavo Kohon (en representación de la fiscalía de Estado) le pedirán al tribunal condenas de prisión efectiva para las 12 personas responsables de la estafa con planes sociales en el ministerio de Desarrollo Social, durante el gobierno de Omar Gutiérrez. Las defensas intentarán ir por el mínimo, de cumplimiento condicional, en una escala que va de los dos hasta los seis años, por administración fraudulenta agravada.
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