Estafa con planes sociales en Neuquén: qué hicieron los 12 condenados, uno por uno
El Tribunal los declaró responsables de defraudación agravada por haber sido cometida en perjuicio de la administración pública. En el veredicto detalló la conducta que desplegó cada uno de los imputados.
Osuna, partícipe primario, y Sánz, coautor del delito de defraudación agravada. (Matías Subat)
El juicio por la estafa con planes sociales en Neuquén terminó con 12 personas condenadas por administración fraudulenta agravada por haber sido cometida en perjuicio de la administración pública. En el veredicto los jueces explicaron qué rol cumplió cada una de ellas, y descartaron que hayan conformado una asociación ilícita. Entre otras razones porque no tenían «planes para cometer múltiples delitos» sino que se dedicaron a una sola actividad.
Los condenados como coautores fueron Orlando Abel Di Luca, Tomás Siegenthaler, Ricardo Nicolás Soiza, Luis María Gallo, Laura Carolina Reznik Mastronardi, Julieta Mariana Oviedo y Néstor Pablo Sánz.
Como partícipes primarios, en tanto, fueron declarados responsables Valeria Noemí Honorio, Isabel Natalia Montoya, Marcos Ariel Osuna, Emanuel Rodolfo Victoria Contreras y Alfredo Cury.
Para todos la pena que podrían imponerles es de 2 a 6 años, aunque los partícipes primarios pueden aspirar a la mínima y quedar en libertad.
Los jueces se dividieron la tarea de dar a conocer el veredicto: Juan Ignacio Guaita abordó los hechos probados; Juan Manuel Kees la calificación legal, y Luciano Hermosilla detalló qué hicieron los imputados, uno por uno.
Soiza, Sánz y Osuna
Empezó por los integrantes del llamado «grupo Rivadavia», donde funcionaba la dirección de Planes Sociales. Señaló que los imputados Soiza, Sánz y Osuna «no desconocían la maniobra» e incluso lo reconocieron cuando declararon, en las últimas audiencias del juicio. Sólo negaron haber integrado una asociación ilícita.
«Soiza dijo ‘algo se pudo haber escapado‘. Creemos que fue más que eso, se trató de una verdadera maniobra pergeñada».
En el mismo sentido citó «contradicciones» del exdirector de Planes Sociales: «desconoció su firma (en algunos documentos), declaró que la perito calígrafa mintió, y segundos después dijo que él firmaba y no sabía por qué» ya que esa tarea le correspondía a su superior, Luciano Palma.
La planilla con beneficiarios
Respecto de Marcos Osuna, «tuvo una participación primaria, su función fue central: enviaba (al Ministerio ubicado en Anaya) los listados de beneficiarios en planillas Excel con los cuales después se hacían los pagos del subsidio a la desocupación, y él mismo estaba incluido«. Por ser empleado, no tenía derecho al beneficio.
De Sánz «numerosos testigos» dijeron que estaba a cargo de la dirección junto con Soiza, o en su reemplazo cuando se ausentaba.
Las pruebas contra Di Luca
Al exministro de Desarrollo Social, Abel Di Luca, lo compromete que el exdirector de Finanzas, Luis Gallo (también condenado) «le enviaba correos, le pedía instrucciones, correcciones, sugerencias».
Además, todos los meses «definía el monto final» de los subsidios a pagar junto con el Coordinador Provincial de Administración, Tomás Siegenthaler. Ambos eran la cabeza del llamado «grupo Anaya», según el fallo.
La defensa argumentó que el exministro confiaba en un dictamen que le acercaba su asesor legal, pero cuando esta persona declaró en el juicio como testigo se desligó: «nos dijo que hacía ‘una plancha’, que no sabía lo que estaba haciendo, que sólo cambiaba los montos, que aplicaba formularios de años anteriores».
Cuando estalló el escándalo, separó del cargo a cuatro empleados «de menor jerarquía», a quienes «les explicó que los tenían que desvincular por un tiempo, que los volverían a incorporar, y que por un tiempo iban a recibir sobres con dinero en efectivo. Más que una actitud de investigar, parece una forma de segmentar la responsabilidad en estas cuatro personas».
La participación del abogado
Al momento de referirse a Alfredo Cury, el juez recordó que el abogado-imputado «reconoció que cobró los diez cheques en concepto de honorarios profesionales, tres de ellos a nombre de otra persona y endosados».
«Cury nos dijo que por una relación de amistad con Claudio Domínguez había ingresado en 2019 como adscripto», añadió Hermosilla.
El Tribunal decidió que «tuvo una participación necesaria, no puede alegar desconocimiento que los cheques eran para personas necesitadas. Tenían impresa la leyenda ‘asignación a la deso’. Cury es abogado, no es razonable que desconozca de qué se trata».
Por otra parte, mencionó que con Osuna «fueron a retirar celulares» de los imputados horas antes de un allanamiento «para borrar evidencia», debido a una grave filtración que nunca fue investigada. Por eso no hay acusados.
«Daba órdenes, tomaba y removía personal»
Sobre Tomás Siegenthaler, ex Coordinador Provincial de Administración, el juez Hermosilla lo describió como «la persona que convocaba gente a trabajar y removía personas» de su puesto. «Daba órdenes, tomaba decisiones, ejercía supervisiones».
«Definía los montos de los subsidios con Di Luca, con quien se juntaba como mínimo una vez al mes», añadió.
También «vimos una planilla de Excel modificada por él, los metadatos lo demuestran. En cuanto a los correos, la defensa dice que no hay constancia de que los abrió. Pero la duda debe ser razonable, no imaginativa, y sostener que esos mail no eran abiertos no parece razonable».
«Había una cadena de comunicación. No tenía sentido que Gallo hubiera enviado tantos mail pidiendo instrucciones», sostuvo el magistrado.
Gallo, Reznik y Oviedo
Respecto de Gallo, el veredicto le atribuyó ser el contacto entre los grupos Rivadavia y Anaya. «Recibía todos los meses un correo de Osuna y lo reenviaba a Di Luca». Contenía un listado de beneficiarios de planes sociales entre los que figuraba el propio Osuna, una evidente irregularidad.
Además les entregaba cheques a empleados de Rivadavia que también figuraban en el listado, por lo que «no puede argüir desconocimiento» de la maniobra.
Laura Reznik reemplazó a Gallo cuando se jubiló y siguió cumpliendo las mismas tareas.
Mientras que Julieta Oviedo, exdirectora de Tesorería, «solicitaba al BPN que se realicen las acreditaciones» para los pagos.
Como expresó el juez Juan Guaita al describir los hechos probados: «bajo un manto de procedimientos administrativos se cometió una maniobra delictiva. Hubo personas que utilizaron su capacidad funcional, su competencia, para participar de la administración fraudulenta«.
Voto seguro
Luego Hermosilla enumeró respecto al imputado Emanuel Victoria Contreras: «realizaba extracciones de los cajeros, tenía tarjetas de débito en su domicilio, una de ellas con el PIN, tenía copia del DNI de una persona (necesaria para habilitarle un subsidio), fue a calle Rivadavia a buscar cheques».
«Era militante político» continuó el magistrado, y «su defensa dijo que condenarlo sería criminalizar la política. Entendemos que el hecho de que haya sido invitado a realizar extracciones (por cajero automático) no lo desliga; tenía conocimiento político, en su poder encontraron planillas de voto seguro, hay bastantes elementos de que sabía que estaba dentro de una maniobra».
Montoya y la cuestión de género
En cuanto a Isabel Montoya, «la defensa nos mencionó que llegó a juicio por el mero hecho de ser pareja de Sánz» y «nos habló de la perspectiva de género, por su dura historia de vida».
Sobre lo primero, el juez señaló que «realizó extracciones por cajero, hay comunicaciones telefónicas» que la comprometen, y «los testigos mencionaron que participaba del reclutamiento de beneficiarios en Centenario».
Respecto de su vulnerabilidad, Hermosilla señaló en nombre de todo el Tribunal que «no quedó acreditado que ella haya tenido anulada la voluntad porque Sánz ejercía violencia de género sobre ella, ni se argumentó».
Por otro lado, explicó que «el delito de administración fraudulenta no requiere que la persona que lo comete se enriquezca». Así y todo mencionó que «el terreno de Montoya (en un barrio privado de Plottier) fue adquirido en dólares, pagado en parte con un Chevrolet Cruze, ella tenía la posibilidad de abrir una estética. Es decir, no tenemos acreditada una situación de vulnerabilidad económica tal para no dejarla en libertad de decidir si cometer o no un delito».
Honorio, también partícipe
Valeria Honorio es un caso similar. Su defensa se quejó porque hizo lo mismo que otras empleadas de Planes Sociales que fueron sobreseídas y Hermosilla le contestó: «esas decisiones de la fiscalía no son vinculantes para el Tribunal. No la tomamos nosotros, ni la conocemos».
Por el contrario, la equiparó con Victoria Contreras ya que «se la vio en un cajero haciendo extracciones, se emitieron cheques a su nombre y los cobró» aunque no reunía los requisitos. «Hay elementos para declararla responsable como partícipe necesario».
El juicio por la estafa con planes sociales en Neuquén terminó con 12 personas condenadas por administración fraudulenta agravada por haber sido cometida en perjuicio de la administración pública. En el veredicto los jueces explicaron qué rol cumplió cada una de ellas, y descartaron que hayan conformado una asociación ilícita. Entre otras razones porque no tenían "planes para cometer múltiples delitos" sino que se dedicaron a una sola actividad.
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