Estafa con planes sociales en Neuquén: uno por uno, qué dijo la fiscalía de los presuntos cabecillas
En el alegato detallaron la conducta que les atribuyen a Di Luca, Siegenthaler, Soiza, Sanz y Osuna. El dinero se destinó a sostener la estructura del Movimiento Popular Neuquino. Qué penas podrían aplicarles si los declaran responsables.
Compleja maniobra. La fiscalía la reseñó en un gráfico, durante los alegatos. (Matías Subat)
El gráfico de la fiscalía que reseña la maniobra: un mail es el vínculo entre Rivadavia y Anaya. (Matías Subat)
La fiscalía de Delitos Económicos consideró probado que en el Ministerio de Desarrollo Social de Neuquén se montó, entre septiembre del 2020 y julio del 2021, una asociación ilícita con jerarquías y distribución de roles en la que mes a mes cada integrante cumplía su tarea. La finalidad principal era beneficiar a la estructura política partidaria del Movimiento Popular Neuquino, que estaba en el gobierno, y de manera secundaria algunos miembros obtuvieron ganancias personales.
Así lo expresaron el fiscal jefe Pablo Vignaroli y el fiscal del caso Juan Narváez en el alegato de cierre, después de 28 audiencias de juicio oral. Le pidieron al Tribunal que declare responsables a 12 de los 14 imputados con diferentes niveles de culpabilidad.
Los señalados como jefes
Como jefes de la asociación ilícita, y coautores de fraude a la administración pública y defraudación especial por la utilización de tarjeta de débito pidieron que se declare responsable a:
• Exdirector de Planes Sociales, Ricardo Soiza;
• Exdirector de Fiscalización, Néstor Pablo Sánz;
• Exjefe de Programas, Marcos Osuna;
• Ex Coordinador Provincial de Administración, Tomás Siegenthaler, y
• Exministro de Desarrollo Social, Abel Di Luca.
Los demás integrantes
Como integrantes de la asociación ilícita, y coautores de fraude a la administración pública y defraudación especial por la utilización de tarjeta de débito pidieron que se declare responsable a:
• Exdirector de Finanzas, Luis Gallo;
• Exdirectora de Finanzas, Laura Reznik;
• Exdirectora de Tesorería, Julieta Oviedo;
• Isabel Montoya.
• Valeria Honorio.
• Emanuel Victoria Contreras.
• Alfredo Cury.
Las posibles penas
En caso de que los declaren responsables habrá un juicio de cesura para fijarles las penas que deberán cumplir, que podrían ser entre 4 y 10 años de prisión.
Ya hay 9 personas condenadas a 3 años de prisión en suspenso por acuerdos que hicieron con la fiscalía.
La fiscalía pidió la absolución de dos de las personas que fueron sometidas a juicio: Ariel Krom (por razones de salud) y Fernando Cardozo Regidor (porque no tenía conocimiento directo de la maniobra). Quedaron desvinculados de inmediato.
En el alegato que se extendió por 3 horas, los fiscales explicaron cuál es el rol que le atribuyen a cada imputado en la maniobra. También dijeron que el monto actualizado asciende a 1.162.570.287,19 pesos.
Decisiones operativas y administrativas
Como viene informando diario RÍO NEGRO, en el Ministerio había dos sectores conocidos por la sede de funciones: el «Grupo Anaya» (la parte administrativa de Desarrollo Social) y el «Grupo Rivadavia» (donde funcionaba Planes Sociales).
En Rivadavia, los imputados Soiza, Sánz y Osuna «tomaban decisiones operativas», pero «la maniobra dependía de que en Anaya tramitaran los expedientes cada mes».
El caso de Abel Di Luca
A Abel Di Luca (Anaya) lo acusaron de ser uno de los jefes de la asociación ilícita «desde que era subsecretario», ya que la teoría del caso es que la jerarquía de la organización no coincidía con la administrativa.
Di Luca «daba el visto bueno a los listados de beneficiarios, controlaba la evolución del pago y daba apariencia de legalidad al trámite. Como dijo su propio jefe de Legales, tenía la última palabra«, señaló el fiscal Narváez.
Vignaroli a su vez preguntó: «¿pudo pergeñarse la maniobra sin que él lo supiera? No». Refutó además el argumento de la defensa respecto de que existía «principio de confianza»: dijo que «la firma era del ministro, la decisión era de él. Di Luca tomaba decisiones».
La situación de Siegenthaler
El otro señalado como cabecilla del «Grupo Anaya» fue Tomás Siegenthaler. «Tenía el servicio administrativo y financiero a cargo» y «permitía que esto ocurriera mes a mes», dijo Narváez.
«Es mentira que no manejaba los listados paralelos» de beneficiarios, lo apuntó por su parte Vignaroli. Utilizó en su contra la declaración de la exdirectora Griselda Cittadini y de dos testigos propuestos por el defensor Pablo Gutiérrez a los que no se puede nombrar por orden del Tribunal.
Sombras chinescas
A propósito, antes de la audiencia distribuyeron a la prensa la lista de testigos cuyos nombres está prohibido difundir. Son 38, más de la mitad de los que declararon en el juicio oral. Incluye desde personas muy vulnerables hasta funcionarios con más de 30 años de carrera en el Estado.
El pedido de no ser mencionados por la prensa comenzó con un argumento atendible: preservar a beneficiarios de planes sociales y a las arrepentidas que declararon contra sus jefes. Al final derivó en proteger la identidad de altísimas funcionarias que quizá, más que como testigos, debieron haber sido citadas a dar explicaciones en otro carácter.
Como sea, el juicio se convirtió en un teatro de sombras chinescas, sin rostros, sin nombres. Poco saludable para un caso en el que se investigó el oscuro destino de más de mil millones de pesos del erario público.
Sánz y Osuna «daban órdenes»
En el «Grupo Rivadavia» Sánz y Osuna declararon en el juicio oral y negaron ser jefes. El fiscal Narváez replicó que la prueba demuestra lo contrario. Según los testigos «daban órdenes» por ejemplo a quienes iban a cobrar cheques o retirar dinero por cajero automático, y recibían el efectivo que guardaban en la caja azul.
Y finalmente sobre Soiza, los fiscales señalaron que «cumplía el rol de jefe» y entre otras maniobras «certificaba el listado de beneficiarios que se agregaba al expediente sin fecha», uno de los pasos clave para consumar la estafa.
«Falta gente»
Algunos defensores cuestionaron que no fue imputado Luciano Palma, jefe de Soiza en la dirección de Planes Sociales. «Las jerarquías de la asociación ilícita no respetaban la administrativa», respondieron los fiscales.
Algo similar señalaron sobre el rol del BPN: «Hemos investigado y hasta el momento no encontramos ninguna evidencia que nos permita sostener que había gente del Banco Provincia de Neuquén involucrada».
Recusaciones rechazadas
Sobre el cierre de la audiencia de este jueves el abogado e imputado Alfredo Cury recusó a todo el tribunal con el argumento de que supuestamente no lo dejaron hablar.
Para resolver la incidencia convocaron al juez Lucas Yancarelli, y Cury también lo recusó. Tras un breve debate, todos los planteos del abogado fueron rechazados.
En el alegato, la fiscalía dio por probado que Cury formó parte de la asociación ilícita, cobró 10 cheques de manera indebida, pasó casa por casa de los imputados horas antes de un allanamiento para retirarles sus celulares y «trajo a este juicio testigos para probar cosas que rayan lo delictivo», por ejemplo, que defendía a personas con causas penales y le pagaban con dinero de la provincia.
Cómo sigue
El lunes será el turno de los alegatos de las defensas. Comenzará Pablo Gutiérrez, quien junto a su colega Manuela Mántaras representa a Tomás Siegenthaler, Laura Reznik y Julieta Oviedo.
El Tribunal no fijó un plazo, aunque solicitó a los abogados que sean «razonables». Gutiérrez es muy meticuloso y además defiende a tres imputados, por lo que se prevé una exposición extensa.
Le seguiría Fabián Flores en defensa de Luis Gallo; Gonzalo Rodríguez por Abel Di Luca y Laura Giuliani por Néstor Pablo Sánz. El martes continuarán el resto.
Recién cuando terminen los alegatos de las defensas el Tribunal integrado por Juan Kees, Juan Guaita y Luciano Hermosilla dará a conocer la fecha del veredicto.
La fiscalía de Delitos Económicos consideró probado que en el Ministerio de Desarrollo Social de Neuquén se montó, entre septiembre del 2020 y julio del 2021, una asociación ilícita con jerarquías y distribución de roles en la que mes a mes cada integrante cumplía su tarea. La finalidad principal era beneficiar a la estructura política partidaria del Movimiento Popular Neuquino, que estaba en el gobierno, y de manera secundaria algunos miembros obtuvieron ganancias personales.
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