Estafa con planes sociales, exfuncionarios y elecciones: claves del juicio que empieza en Neuquén
El próximo lunes comenzará el juicio oral con 14 imputados por asociación ilícita, fraude a la administración pública y defraudación por el uso indebido de tarjetas de débito. Es por los hechos ocurridos entre 2020 y 2022, durante el gobierno de Omar Gutiérrez.
Fiscal Juan Narváez, en primer plano, y exministro Di Luca, dos de los protagonistas que tendrá el juicio oral. (Archivo/Florencia Salto)
El juicio por la estafa con planes sociales que comenzará el lunes 21 en Neuquén pone en tensión dos tiempos: el de los hechos, ocurridos durante el gobierno anterior, y el del presente año electoral, que podría verse interpelado por sus consecuencias.
La fiscalía intentará demostrar que entre el 30 de septiembre del 2020 y el 31 de julio del 2022 funcionó una asociación ilícita integrada por funcionarios y empleados del ministerio de Desarrollo Social de la provincia, y por particulares, que se apropió por lo menos el 18% de los fondos destinados al subsidio a la desocupación laboral. A valores históricos fueron 153.377.900 pesos, una actualización realizada en septiembre de 2024 elevó la suma por encima de los mil millones de pesos.
De los presuntos integrantes de la banda, 14 llegan al juicio imputados de «asociación ilícita, en concurso real con fraude a la administración pública y defraudación especial por la utilización de tarjeta de débito sin la debida autorización de su titular, todo ello en concurso real por tratarse de 9303 hechos».
Los cinco niveles
La fiscalía asegura que la asociación ilícita estaba dividida en cinco niveles. Los jefes eran Ricardo Soiza, exdirector de Planes Sociales; Néstor Pablo Sánz, exdirector de Fiscalización; Marcos Osuna, a cargo del departamento de Gestión de Programas (los únicos tres que estuvieron detenidos con prisión preventiva y que, al día de hoy, cumplen domiciliaria); Abel Di Luca, exministro de Desarrollo Social, y Tomás Siegenthaler, Coordinador Provincial de Administración.
En el nivel II (colaboradores de los jefes) la fiscalía ubica a Luis María Gallo, exdirector general de Finanzas; Laura Reznik, quien ocupó el mismo cargo, y Julieta Oviedo, exdirectora de Tesorería.
En el III (recaudadores) está Isabel Montoya (no era empleada pública); en el IV (extractores) Valeria Honorio (empleada de planta política), Ariel Krom (planta permanente), Emanuel Victoria Contreras (planta política), y en el V (beneficiados) Fernando Cardozo Regidor y el abogado Alfedo Cury.
Remate de bienes
Las penas que podrían recibir, en caso de ser declarados responsables, podrían rondar entre los 6 y los 8 años de prisión efectiva para el caso de los presuntos líderes.
Por otra vía judicial, la fiscalía de Estado les inició una acción para recuperar el dinero sustraído. La mayoría de los bienes de los imputados están embargados y serán rematados cuando la sentencia penal -si es condenatoria- quede firme.
Condenados y arrepentidos
El grupo de imputados es más amplio. Hay 9 que ya fueron condenados porque aceptaron su responsabilidad y cumplen una pena de 3 años de prisión en suspenso. Se trata de Omar Ulises Rodríguez Quezada, Aaron Escobar, Gustavo Roberto Mercado, Carolina Beatriz Hernández, Pamela Alejandra Rivera, Gesel Roxana Tarifeño, Pamela Alejandra Cea, Rodolfo Adrián López y Andrés Meza Lizama.
En cuanto a Julio Arteaga, auditor de la Contaduría General, el juicio se postergó para él por tres meses por razones de salud.
Hay cuatro personas en una situación singular: fueron imputados pero aceptaron colaborar, declararon en contra de sus antiguos jefes y a cambio los sobreseyeron. De acusados se convirtieron en testigos importantes para la fiscalía, que los citó al juicio oral. Son Cristian Vergara, Paola Zeballos, Analía Schrer y Lucía Soto.
Las suspicacias
El juicio se desarrollará rodeado de suspicacias: el período investigado -¿por qué no se rastreó más atrás en el tiempo?-, la calidad de los imputados -funcionarios de segundo nivel-, de los testigos -ninguna figura relevante del mundo político-, sazonado con la pobre imagen que la ciudadanía tiene del Poder Judicial.
Hay que tener en cuenta que en una línea de tiempo simultánea correrá la campaña por las elecciones de senadores y diputados nacionales. Son paralelas que quizá en algún momento tengan roces. El gobernador Rolando Figueroa se refirió varias veces al caso. Dijo «queremos presos» a los responsables de la estafa con planes sociales, y se preguntó por qué entre los acusados no hay ningún directivo del Banco de la Provincia de Neuquén.
Si se cumple el cronograma del juicio, la sentencia se conocerá antes del 26 de octubre. Las partes que no queden conformes podrán apelar al Tribunal de Impugnación, luego al Tribunal Superior de Justicia y a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Ficha técnica
El juicio comenzará el lunes 21 de julio a las 8:30 en la sala 12 de la Ciudad Judicial, en Leloir y Entre Ríos, que fue acondicionada especialmente. Citarán a 211 testigos y habrá audiencias todos los días hábiles hasta el 12 de septiembre.
La acusación estará representada por el fiscal jefe Pablo Vignaroli, el fiscal del caso Juan Manuel Narváez, las asistentes letradas Tanya Cid y Agustina Jara; será querellante por la fiscalía de Estado Gustavo Kohon.
Por la defensa intervendrán los abogados particulares Pablo Gutiérrez (por Siegenthaler, Reznik, Oviedo y Krom); Gonzalo Rodríguez (Di Luca); Fabián Flores (Gallo); Héctor Hernández (Cardozo Regidor); Elio García (Victoria Contreras).
La defensa pública (Laura Giuliani, Carolina Johanssen y Juan Pablo Piombo) lo hará por Sánz, Osuna, Montoya y Honorio. En el caso de Alfredo Cury, es imputado, se defiende a sí mismo y a Ricardo Soiza.
El tribunal de juicio estará integrado por Juan Guaita, Juan Kees y Luciano Hermosilla.
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