Quiénes son los arrepentidos de la estafa con planes sociales: fueron cómplices y ahora acusarán a sus jefes

Tres mujeres y un varón que trabajaron en la dirección de Planes Sociales de Neuquén e integraron niveles inferiores de la asociación ilícita que cometió la estafa millonaria, declararán en el juicio oral contra sus jefes. Fueron ofrecidos por los fiscales y las defensas, sólo falta que la jueza que dirige la audiencia de control de acusación autorice su incorporación junto con el resto de la prueba, lo que ocurrirá en los próximos días.

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Según anticipó el fiscal de Delitos Económicos, Juan Narváez, «van a declarar en qué momento comenzó todo, quiénes impartían las órdenes y van a decir que se sentían amedrentados por Ricardo Soiza, Pablo Sánz y Marcos Osuna», tres de los presuntos cabecillas.

«Al trabajar en Rivadavia 44 -la dirección de Planes Sociales- van a contar las personas que visitaban a Soiza, el rol que cumplían dentro de la estructura partidaria y algunos sabían qué cosas se les entregaban», agregó el fiscal.

Narváez aclaró que «es posible que no mencionen al exministro Abel Di Luca ni a Tomás Siegenthaler -los otros dos presuntos cabecillas- pero pueden ser testigos de cargo contra ellos también».

Cómo surgieron los «arrepentidos»

Los cuatro testigos son Analía Scherer, Paola Ceballos, Lucía Soto y Cristian Vergara. Se los conoce como «los arrepentidos»: aunque esa figura legal no existe en la provincia de Neuquén, el mote ayuda a comprender el rol que cumplieron.

Cuando empezó formalmente la investigación de la estafa, en noviembre del 2022, fueron imputados junto con otras 12 personas.

El 4 de julio del 2023 se produjo un quiebre. Habían pasado dos meses del triunfo de Rolando Figueroa en las elecciones de gobernador y surgieron los cuatro arrepentidos (o los 4A): rompieron su relación con el resto del grupo, designaron nueva defensa y se presentaron a declarar en la fiscalía para revelar detalles de la maniobra.

La ampliación de la acusación

Con esas declaraciones, el equipo de Pablo Vignaroli y Juan Narváez pidió la prisión preventiva de Soiza, Sánz y Osuna -los 4A decían sentirse intimidados con sus antiguos jefes en libertad- y amplió la acusación por asociación ilícita a 14 personas más, entre ellas el abogado Cury.

De acuerdo con la descripción que hizo la fiscalía, los cuatro arrepentidos participaron activamente de la maniobra: cobraron cheques destinados a personas vulnerables y retiraron dinero de los cajeros automáticos con tarjetas de débito que no les pertenecían de cuentas de beneficiarios de planes sociales.

Cuestión de estrategia

Pero después de que prestaran colaboración, en septiembre del 2024 retiró la acusación en su contra. Con tres argumentos: son personas vulnerables que no podían oponerse a las órdenes que recibían; su rol fue poco relevante; y para la estrategia fiscal le conviene tenerlos como testigos y no como imputados.

La diferencia es sustancial: el testigo declara bajo juramento de decir verdad y no debe «ocultar nada de lo que sepa o le sea preguntado». El imputado en cambio puede negarse a hablar porque es su derecho.

Hay más personas en la misma situación: estuvieron acusadas, les retiraron la imputación y serán testigos.

¿Testigos con abogado?

Un punto espinoso puede darse con funcionarios y exfuncionarios que los defensores pretenden que sean citados a declarar como testigos, pero la fiscalía pone reparos.

Por ejemplo, en el juicio una testigo dirá que «Carlos Bizai le llevaba a Ricardo Soiza cosas para firmar a la clínica en la que estuvo internado. La defensa dice que Soiza no firmó determinados listados porque estaba internado, pero esta testigo demostrará lo contrario», anticipó el fiscal Juan Narváez.

Lo cruzó uno de los defensores de Soiza, Esteban Sampayo: «¿Bizai está citado a declarar?». El fiscal le dijo que no, porque está imputado en Planes Sociales II, una secuela de esta investigación cuyos resultados se conocerán alguna vez.

En la misma situación que Bizai se encuentra Luciano Palma, actual síndico de CALF y cercano al intendente -y exministro de Desarrollo Social- Mariano Gaido.

Algunos defensores lo propusieron como testigo pero la fiscalía no lo citó porque está imputado en Planes Sociales II; en consecuencia puede negarse a declarar. «Si quieren que venga, que lo acompañe su abogado defensor», advirtió Narváez.