Expresidente de la CEB devolverá 2.400 dólares para evitar ir a juicio imputado por presunta defraudación

Según el compromiso expuesto por su abogado defensor en una causa por defraudación, el extitular de la CEB, Carlos Aristegui, restituirá a esa empresa antes del próximo miércoles los 2.420 dólares que costó un informe de consultoría que decidió contratar el año pasado, en pleno conflicto por la renovación de autoridades de la cooperativa.

El pago de ese servicio profesional, en su momento, fue afrontado por la CEB, cuando Aristegui ejercía la presidencia y acababa de perder las elecciones. Hoy ese rol está a cargo de Alejandro Pozas, referente de la lista Roja y rival directo de Aristegui. La nueva conducción inició la demanda luego de detectar el pago irregular, en defensa “del dinero de los asociados”.

Aristegui no se presentó a las audiencias preliminares y tampoco a la formulación de cargos, realizada el último miércoles. Su defensor, Martín Govetto, lo excusó porque “se encuentra de viaje fuera del país”. Pero propuso en su nombre el cierre del caso con un acuerdo de pago bajo la figura del “criterio de oportunidad” y dijo que ya contaba con la conformidad de la fiscalía, ejercida por Guillermo Lista.

“Aspiramos a buscar una solución, siempre fuimos en esa dirección” dijo Govetto. Aunque el acuerdo pleno solo quedará cerrado cuando Aristegui se presente en otra audiencia y manifieste su voluntad ante el juez, el dinero sería depositado en los próximos días, según lo anticipado por su defensa. El ex directivo quedaría desligado así de la causa por defraudación.

La causa es un coletazo de la dura confrontación que dominó la vida interna de la CEB en los últimos años y que perdura todavía.

La pelea por el máximo sillón de la CEB

A fines de 2024 Aristegui buscaba mantenerse en la presidencia, que de acuerdo al Estatuto de la CEB se define de modo indirecto, con una votación del Consejo de Administración.

Su lista, la Blanca, perdió las elecciones que renovó el cuerpo de delegados y tres consejerías titulares, y perdió la mayoría. La composición a partir de esos comicios en el órgano de conducción de la Cooperativa quedó empatada cinco a cinco, entre las listas Roja y Blanca.

Aristegui pretendía romper la paridad con su doble voto como presidente, pero los rojos dijeron que no le correspondía porque, de hecho ya no lo era y todos los consejeros estaban en un pie de igualdad.

Aun así, el expresidente buscó un dictamen legal que apuntale su tesis, la encargó a la consultora Auren, y trasladó el costo a la CEB. La impugnación de ese acto terminó por llevarlo a juicio.

El juez Víctor Gangarrosa señaló que también era indispensable contar con la opinión de “la víctima”, es decir la CEB, representada por el abogado Ernesto Saavedra, quien en su intervención se mostró conforme con la compensación económica, pero recordó que antes había existido “una oferta distinta”.

En un primer intento de cerrar el caso, sostuvo Saavedra, el imputado había ofrecido en compensación desistir de un juicio civil contra la CEB. Pero el Consejo de Administración encabezado por Pozas votó por el rechazo de esa opción y continuar con el juicio de defraudación.

Dado el nuevo escenario, Saavedra dijo que no había un ánimo persecutorio y que habría conformidad con el pago de los 2.420 dólares.

El juez Gangarrosa consideró que el acuerdo en esos términos alcanzaba para dar por cerrado el diferendo y fijó una suspensión de plazos procesales por 30 dias, para fijar luego una nueva audiencia.

En una decisión adicional rechazó el pedido del querellante para que se dicte su rebeldía y captura de Aristegui para asegurar su presencia.