La Cooperativa Eléctrica de Bariloche sigue con un conflicto interno que se judicializa
Los exdirectivos encabezados por Carlos Aristegui perdieron la conducción luego de la polémica asamblea de diciembre y acudieron a la Justicia para pedir suspensión y nulidades.
La asamblea de la CEB se realizó de modo presencial y habilitó los cambios en la directiva. Archivo
En un cambio de roles que parece destinado a perpetuarse sin fin, los consejeros de la lista Blanca que perdieron la conducción de la CEB en diciembre pasado -luego de una polémica asamblea de delegados- acudieron a la Justicia para impugnar todo lo actuado por el actual presidente Alejandro Pozas y el resto de las autoridades de la lista Roja.
Los representantes de la Blanca en el Consejo Administrativo y la Comisión Fiscalizadora de la Cooperativa reclamaron ante la Justicia Civil y Comercial que disponga en forma cautelar la suspensión de de las decisiones adoptadas en la “reunión” de delegados del último 12 de diciembre, a la que califican de “pseudoasamblea”.
El expresidente de la CEB Carlos Aristegui y la exvice Cecilia Sandoval encabezan el grupo de firmantes de la demanda, que integran otras once personas, todos con cargos en la cooperativa.
Desde 2019 y hasta hace un par de meses Aristegui ocupaba el despacho principal en el edificio de la calle John O´Connor 56 y los cuestionamientos y denuncias en su contra eran planteados por la lista Roja, que mejoró su posición al ganar las últimas elecciones por una diferencia considerable y conseguir mayoría en el cuerpo de delegados y los principales cargos en la renovación parcial del Consejo.
El litigio en aquel momento estuvo centrado en la modalidad de la asamblea, que Aristegui quería hacer en forma virtual y así logró imponerlo mediante una resolución del Consejo. Los rojos reclamaron la asamblea presencial y fueron con un amparo a la Justicia, que les dio la razón.
La confrontación entre ambas fracciones tuvo otra vertiente relacionada con la designación de las nuevas autoridades, ya que la integración del Consejo de Administración surgido de las elecciones quedó con cinco miembros para cada lista. Aristegui se consideraba con derecho para desempatar, y así continuar en la presidencia.
Esa variante también fue impugnada por sus rivales de la lista Roja, que obtuvieron dictámenes técnicos en favor de su posición.
El centro del conflicto
Mientras escalaba esa disputa, en diciembre se realizó la asamblea anual ordinaria en forma presencial y con quorum estricto conformado por los rojos, sin presencia de delegados blancos.
Acto seguido, los consejeros recién asumidos designaron los nuevos cargos de conducción, con Pozas en la presidencia. Aristegui y los suyos desde entonces participan de las reuniones periódicas del Consejo, pero no de la vida interna de la CEB.
Ahora decidieron pasar a la ofensiva en el terreno judicial y presentaron su petición cautelar, subordinada a una medida principal de “nulidad” de todo lo actuado. Dijeron actuar “con la finalidad primordial de resguardar a la propia Cooperativa del accionar ostensiblemente ilegal y violatorio del estatuto, perpetrado a través de vías de hecho”.
Para los referentes de la lista Blanca, la asamblea presencial fue inválida porque no fue convocada en forma regular y la fijación de un sitio no previsto (la sede la propia CEB), obligaba a suspender su realización para una fecha posterior. Una decisión que le correspondía al anterior Consejo.
Según la presentación judicial, los rojos realizaron una lectura “selectiva” del fallo del juez Roberto Sosa Lukman que acogió el amparo. Pese a los intentos de último momento de Aristegui y la lista Blanca, la asamblea sesionó, rechazó el balance del último ejercicio y viabilizó el recambio de autoridades.
La defensa de la lista Roja
Pozas dijo ayer que no hubo irregularidades que puedan ser objeto de impugnación. Señaló que su acceso a la presidencia y los actos realizados desde entonces son “absolutamente legítimos”, porque la asamblea “es soberana y estuvo avalada por la Justicia”.
Señaló que en la asamblea del 12 de diciembre la subsecretaría de Cooperativas y Mutuales de Río Negro participó con veedores, que luego pidieron informes a la Justicia y terminaron por “avalar y certificar” la conformación del actual Consejo, con las nuevas autoridades. “Tenemos toda la documentación presentada”, aseguró.
El órgano de fiscalización nacional de las cooperativas es el Inaes, que -según Pozas- delega este rol en las provincias y tampoco formuló observaciones. Dijo que ya descontaban que sus rivales políticos “iban a reaccionar como lo hicieron”, y los acusó de desconocer que por encima de toda la discusión “hay una asamblea, que es soberana”.
Dijo que se produjo en cambio de conducción los consejeros de la lista Blanca “no trabajan a diario” en la CEB como lo hacían él y sus compañeros de lista cuando estaban en la oposición. Aun así su remuneración mensual, que rondan los 2,6 millones de pesos.
Pozas dijo que el rol del consejero opositor no es desentenderse de la gestión, sino que debe “documentarse, realizar propuestas y dar soluciones a los asociados”. Este medio intentó dialogar también con algún referente de la lista Blanca, pero no contestaron los llamados.
En un cambio de roles que parece destinado a perpetuarse sin fin, los consejeros de la lista Blanca que perdieron la conducción de la CEB en diciembre pasado -luego de una polémica asamblea de delegados- acudieron a la Justicia para impugnar todo lo actuado por el actual presidente Alejandro Pozas y el resto de las autoridades de la lista Roja.
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