Fuerte resistencia en Neuquén a la baja en la edad de punibilidad que avanza en Diputados

La integrante de la Pastoral Carcelaria del obispado de Neuquén, Fátima Bouza, afirmó que «endurecer las penas nunca bajó el delito» en referencia al proyecto para bajar de 16 a 14 años la edad de punibilidad. Añadió que «somos los adultos los responsables de que niños y niñas tengan las condiciones de vida» para no llegar a conflictos con la ley penal.

Escuchá a Fátima Bouza, de la Pastoral Carcelaria del obispado de Neuquén, en RÍO NEGRO RADIO:

Fátima Bouza dialogó con RÍO NEGRO RADIO y se preguntó: «¿por qué voy a creer que para chicos que no tuvieron acceso al derecho de tener una casa, la escuela como correspondía, por qué voy a pensar que hoy mediante esta ley de golpe se va a atender a los chicos lo que no se les atendió hasta los 14 años?».

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Recordó que «se está haciendo un recorte tremendo de todas las partidas para protección» de la niñez y la infancia.

Se refirió además a la falta de lugares de detención especiales para adolescentes. «Cuando vos visitás a las personas privadas de libertad, por ahí son de un barrio de esta punta de Neuquén y el penal está en la otra. La familia tiene que hacer un gran esfuerzo para moverse y no siempre los pueden visitar. Entonces me imagino ¿qué van a hacer si un chico de Loncopué comete un delito, van a armar una unidad de detención allá en Loncopué? Y además para que esté solo, porque la cantidad de delitos en menores es bajísima, o sea, y de delitos graves».

Reparación a las víctimas

Bouza dijo que «por supuesto que las víctimas o en el caso de homicidio la familia tiene que ser reparada o compensada de alguna manera, tiene que hacerse justicia. La realidad es que muchas veces cuando hay este tipo de delitos las familias te dicen ‘nadie nos contacta, nadie nos atiende, nadie nos acompaña'».

En tanto que el Foro en Defensa de los Derechos de Niñas, Niños, Adolescentes-ley 2302, señaló que el proyecto de baja en la edad de punibilidad «se basa en el enfoque de la protección integral de derechos, en un contexto de desmantelamiento y cierre de las políticas de protección integral de derechos de niñas, niños y adolescentes».

«Un modelo retrógrado»

Además «restablece un modelo retrógrado, que agrava el actual sistema penal juvenil y retrotrae al paradigma tutelar e incurre en la torpeza técnica de confundir competencias penales con las de las políticas públicas o las de la justicia civil y de familia, a las que, además, subordina a la justicia penal».

El presidente del Consejo Provincial de Niñez, Adolescencia y Familia de Neuquén (Copronaf) y su secretaria ejecutiva, Martín Giusti y Claudia Mesplatere, ambos referentes de la subsecretaría de Familia del ministerio de Gobierno, defendieron por su parte la postura del Estado provincial en el tema, enmarcado en la Ley 2302.

Según informaron en sus redes sociales, coordinaron un encuentro virtual «en el cual se escucharon pronunciamientos respecto de la baja de edad de punibilidad» que apuntaron «al rechazo del proyecto presentado por el Ejecutivo nacional, dando cuenta según la mayoría de los espacios y poderes participantes que no va a solucionar temas de inseguridad, sino que solo tendrá consecuencias negativas para niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad».

«Grave retroceso»

Desde el sindicato de Empleados Judiciales (Sejun) expresaron en tanto que «esta medida constituye un grave retroceso en materia de derechos humanos, contradice los tratados internacionales suscriptos por nuestro país, y contribuye a profundizar la criminalización de las infancias y juventudes vulneradas».

«Decir no a la baja de la edad de punibilidad no significa justificar el delito: significa apostar por un futuro más justo, humano y equitativo. Significa entender que la verdadera justicia no se mide por la cantidad de jóvenes encarcelados, sino por la cantidad de vidas que logramos recuperar, acompañar y transformar», añadió el sindicato.