Gobierno y mapuches, tras un consenso sobre la consulta previa en Neuquén

Omar Gutiérrez presentó su propuesta a las comunidades, quienes ahora piden abrir una mesa de trabajo.





Una reunión «excelente» y «muy positiva» sentó ayer en la Ciudad Deportiva a representantes de las comunidades mapuche, al gobierno provincial y las principales operadoras de Vaca Muerta para avanzar en un protocolo de consulta previa, una herramienta para los pueblos indígenas que Neuquén adeuda hace décadas y que podría ser clave para el avance o no del nuevo gasoducto Néstor Kirchner.

Los adjetivos fueron los elegidos por el gobernador Omar Gutiérrez y el werken de la zonal Xawvnko, Gabriel Cherqui, para definir el encuentro, pese a que no hubo un acuerdo total sobre los alcances del texto ni sobre el formato del mismo.

El gobierno se encargó de presentarlo como una propuesta de protocolo, mientras que el referente de los Kaxipayiñ aseguró que solo fue «una idea de trabajo». De obtener consenso, se formalizaría a través de una resolución de la Secretaría de Desarrollo Territorial de Jorge Lara, sin necesidad de trámite en la Legislatura.

La propuesta que llevó el gobierno a la reunión establece que el procedimiento de consulta se aplicará a los órganos de la administración pública provincial centralizada y descentralizada que «dicten medidas administrativas susceptibles de afectar directamente a las comunidades indígenas reconocidas de la provincia del Neuquén».

Esto significa, y está explicitado en el articulado, que se llevará a cabo con las autoridades representativas de las comunidades que cuenten personería jurídica expedida por la provincia. Este nudo es el mismo que viene problematizando el avance del relevamiento territorial de la ley 26.160, ya que hay comunidades con apoyo de la Confederación Mapuche que no cumplen este requisito y reclaman posesión ancestral de tierras. Entre ellas está la Fvta Xayen, justamente la que reside en el paraje por donde pasaría la traza del nuevo gasoducto.

En cuanto a los pasos que determina el protocolo, la propuesta indica que deberá «instarse» a realizar la consulta antes de emprender o autorizar cualquier programa de prospección o explotación de los recursos naturales existentes en tierras de las comunidades indígenas, y siempre que se considere la posibilidad de enajenar sus tierras.

Cherqui y Lara, dos actores centrales en el conflicto. Foto: Matías Subat.

Cherqui dijo ayer a RÍO NEGRO que «la ley es clara cuando dice que debe hacerse con todas las comunidades, con o sin personería», pero evaluó que «el gobierno se va a poner a la altura de las circunstancias» para modificar ese punto.

El Ejecutivo les pidió ayer que hagan una devolución en un plazo de diez días. Según indicó el werken, las comunidades de las seis zonales le pedirán crear una mesa de trabajo «para llegar a un entendimiento» donde también tenga participación el Ministerio Público Fiscal, a modo de «garante».

El paso a paso del procedimiento, que establece la convocatoria a audiencias y la entrega de información, también incorpora una cláusula de «paz social». El penúltimo artículo indica que la apertura del proceso de consulta «implicará la abstención de medidas de acción directa por parte de las comunidades indígenas».

El paso a paso de la consulta previa


El protocolo de consulta previa le da el poder de aplicación a la secretaría de Desarrollo Territorial que encabeza Jorge Lara. Este órgano será el encargado, en primer lugar, de recibir la información y antecedentes sobre la obra o proyecto que envíen los órganos administrativos alcanzados por la consulta.

Luego deberá convocar a una audiencia de apertura con las comunidades posiblemente afectadas, quienes tendrán un plazo para enviar sus «consideraciones, propuestas y conclusiones».

Estas serán trasladadas al órgano administrativo que promueve la medida, que tendrá un plazo de cinco días para informar si insiste en continuar el proyecto tal como estaba previsto o si efectúa modificaciones.

El informe final será puesto a consideración en una audiencia de cierre que tendrá por finalidad «llegar a un acuerdo acerca de las medidas que se pretenden implementar».

De no obtenerse un acuerdo, en el acta deberán asentarse las posturas de cada una de las partes, dando por clausurado el procedimiento de consulta. Al no ser vinculante, el órgano administrativo podrá adoptar la medida «que considere oportuna y conveniente», aún si fuera en contra de lo que habían solicitado las comunidades.

El protocolo exige que el procedimiento se haga con «celeridad, economía, y sencillez» para que en total no supere los 60 días de plazo.

También incorpora una cláusula de «paz social», pues establece que la apertura del proceso de consulta «implicará la abstención de medidas de acción directa por parte de las comunidades indígenas».

Plazo

60
días como máximo establece el protocolo que se extienda la consulta, que debe realizarse con “celeridad y sencillez”.

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